Todos los pilares sobre los que se apoyaba el proceso de diálogo con ETA se han venido abajo por efecto de la acción de la propia banda terrorista, que se ha encargado de dinamitarlos deliberadamente.

El primero de ellos fue el argumento de que llevábamos tres años sin muertos, tantas veces expuesto por el Gobierno. El coche bomba de Barajas echó por tierra esa razón al asesinar a dos personas y los que practican la violencia callejera han añadido otro muerto más a la lista. En total, tres víctimas mortales desde el 30 de diciembre pasado.

La declaración etarra del pasado domingo acaba a su vez con los principios sobre los que se basó la autorización del Congreso de los Diputados para abrir el diálogo con ETA. Se trataba, según la resolución del 17 de mayo del 2005, de ver si la banda estaba dispuesta a abandonar las armas. ETA ha demostrado con palabras y con hechos que no sólo no tiene ese propósito, sino que considera perfectamente válido continuar con el terrorismo. Lo había dicho otras veces durante la tregua, pero entonces se prefirió mirar hacia otro lado, alegando que eran mensajes de consumo interno. Ahora, en cambio, no puede ignorarse un discurso que está respaldado por hechos tan contundentes como el coche bomba de la T4 o todo lo que se ha sabido sobre las actividades del comando Donosti.

Durante los meses iniciales de la tregua, ambas partes, Gobierno y ETA, jugaron a la ambigüedad, dejando que cada uno presentara el proceso según sus intereses y sin tomarse mutuamente la palabra. Pero el paso del tiempo juega siempre contra la organización terrorista - como se demostró en Argel y en la tregua de 1998-, porque necesita éxitos inmediatos con los que justificar su parón. Todo tiempo sin atentados es para el Gobierno un tiempo ganado, mientras que para ETA la violencia forma parte de su propia naturaleza y necesita razones más fuertes para no matar que para lo contrario. Al final considera que sus interlocutores no están a la altura de lo que ellos exigen y vuelve a las armas.

El Gobierno se enfrenta en este momento a una decisión complicada, porque si pone todo lo que está en su mano para evitar que se presente Batasuna a las elecciones, sabiendo que ni esa formación ni ETA se han molestado en tratar de ocultar que las listas representan al partido ilegalizado, la organización terrorista, posiblemente, lo utilizará como excusa para volver a cometer atentados. Pero no será responsabilidad del Gobierno si eso ocurre.

ETA y Batasuna no han querido que el Gobierno tuviese margen para hacer otra cosa que impugnar las listas. Otegi y los suyos han preferido unir su destino al de la banda y ahora tendrán que sufrir las consecuencias de esta decisión.

La posible reanudación del terrorismo en vísperas de las elecciones estaba en la lógica del comunicado que ETA hizo público tras el atentado de diciembre, tal como se señaló en esta misma sección el pasado 17 de enero. Volver a atentar es, posiblemente, una decisión tomada por la banda hace ya meses, y desde entonces sólo han estado haciendo tiempo para tener excusas con las que justificar esa decisión.

Unas excusas se han producido por sí mismas, como la actuación ordinaria de los tribunales o de la fuerzas y cuerpos de seguridad, y otras han sido provocadas deliberadamente por ETA, al plantear una legalización imposible de Batasuna.