¡Todos a tapar como sea el Caso Campelo! Las comisiones ilegales explican el desastre de las grandes superficies en Asturias, de Editorial en El Comentario 07/04/2007
Hace una semana, La Nueva España daba en solitario una noticia que no despertó interés ni pasión alguna: se reactiva por fin en los tribunales, sin fe ni entusiasmo posibles -lo que no tiene credibilidad no puede despertar pasiones-, el juicio con jurado popular relacionado con el escándalo conocido como el Caso Campelo, un caso que salió a la palestra en el mes de abril del año 2001 y que durante algún tiempo fue el motivo para un tremendo debate político, pues por primera vez se veían públicamente las razones de la proliferación de grandes superficies en Asturias: las comisiones ilegales. Las comisionesque se pagan por las licencias que autorizan estas impopulares instalaciones que abusivamente extendidas como están, destruyen el comercio tradicional, tienen una singularidad en el caso asturiano que da cuenta de la putrefacción en la que vivimos: el exceso evidente de estas grandes superficies comerciales en el Principado de Asturias. ¡Ahí está la importancia reveladora del Caso Campelo! ¡Por eso hay que taparlo como sea!
Ahora el asunto da la risa. Finalmente, José Laudelino Campelo, se sentará sólo en el banquillo, pues el ex hombre de confianza de José Ángel Fernández Villa, ex portavoz socialista en el Ayuntamiento de Langreo y ex secretario general de la UGT de la comarca del Nalón, se queda con todo el marrón, como si fuese creible que un político que estaba en la oposición -¡sí, sí en la oposición!-, pudiera garantizar de manera razonable que él iba a conseguir la licencia para una gran superficie, en un procedimiento en el que intervenía el ayuntamiento de Langreo, a la sazón gobernado por el alcalde de IU José María García Gutiérrez, pero también el Principado de Asturias, del que era presidente, como ahora, Vicente Álvarez Areces. ¿Cómo convencía Campelo a todos los demás, suponiendo que fuera a quedarse él sólo con la pasta? ¡Venga ya, a otro perro con ese hueso!
No cabe olvidar, si se quiere analizar este asunto con la distancia que exige un mínimo de objetividad, que el intermediario Pedro Piñera, ex consejero del gobierno de la comunidad autónoma, que en aquel embrollo era el intermediario que representaba a la empresa CODEMA, que a su vez intermediaba con el Grupo Leclerc y con el grupo Eroski, hablaba, a la vez que con Campelo, con el Presidente Vicente -que según Piñera fue quien le recomendó a su vez que hablase con la FSA-PSOE- y con Javier Fernández, del que Piñera dijo que le pidió "pruebas" y que por eso grabó la cinta, para entregársela a él, como efectivamente hizo, y no una, sino dos.
Pedro Piñera actuaba en el asunto como el típico intermediario procedente de la política, que se reunía abiertamente con Javier Fernández, Vicente Álvarez Areces, Javier Álvarez-Amandi -entonces portavoz del PP en Langeo y hoy fuera de Asturias; de leyenda urbana- y todos los protagonistas de aquella película, y su sociedad, Codema, estaba llamada a resultar beneficiaria del margen que obtuviese, por conseguirle al Grupo Leclerc o al Grupo Eroski, la licencia para instalarse en Langreo, que finalmente se fue para San Martín del Rey Aurelio donde se instaló un Alcampo. De la lectura de la grabación (que está en Google Base a disposición de los lectores de El Comentario TV) queda demostrada la disposición del conglomerado empresarial a pagar una comisión ilegal por la obtención de las licencias locales y regionales, algo que se comprueba con sólo leer la transcripción de esta grabación, en la que se ve perfectamente que es una práctica habitual.
Además de este horrible descubrimiento que explica por qué las grandes superficies se implantan de una manera tan rara y retorcida, cuando se lee detenidamente lo que se dice en la página 12 de la transcripción, se concluye de manera indiscutible, que el dinero que Campelo está pidiendo, es el mismo dinero que se pide de manera habitual, y que en principio no es para el intermediario -"correo" en la jerga-, sino para el partido, y el problema no es que se esté incurriendo en un delito de cohecho, sino que ese delito se ve que es una cosa normal, una práctica habitual -y hasta respetable-, al cometerse en beneficio de un partido político, pues lo que se cuestiona en este caso concreto, no es el delito que se pretendía cometer, ya que tras la lectura del párrafo en cuestión, lo que flota es la duda sobre si el dinero va a llegar realmente al partido, o si existía el riesgo de que fuera para el propio Laudelino Campelo.
Y eso es lo más horrible de todo, que parece que sólo si se lo hubiese quedado Campelo, la cosa no estaría bien, porque por lo demás está clarísimo (se ve en el texto) que el partido cobra comisiones por dar autorizaciones administrativas.
¡Véanlo! Vean que la comisión es ¡el correo!:
Campelo: Yo he quedado mal con mucha gente: Yo creo que ahora ya está claro, pero hay gente que pudo haber pensado que yo...
Piñera: Bueno, espérate un momentín...
Campelo: Si tú eres el intermediario, en un momento, bueno, el correo, digamos en un momento determinado dices: bueno, vamos, esa gente puede pensar, o una parte, que la otra no cumplió, que yo les estaba engañando o que me quedé con el correo. ¿O no es así? Pregunto: ¿Es así o no es así?
Piñera: Puede.
Campelo: Claro.
Piñera: También te dije yo, me cago en la puñeta, que tenemos que hablar con algunas personas del proyecto Leclerc, que lo dejaras dormir. Ahora, si tú no recuerdas nada, eran quince millones antes del Pleno, eran hasta cincuenta millones en dos partes más, una con la licencia de obra y otra con la licencia de apertura y los treinta millones últimos con la licencia del Principado. Eso fue lo que hablamos.
Ahora, el presidente del tribunal del jurado debe dictar lo que en estos juicios con jurado se denomina el auto de hechos justificables, que en este procedimiento es el equivalente al auto de procesamiento, en el que se recogen los hechos que serán objeto de prueba en el juicio oral y la calificación jurídica de los supuestos delitos cometidos por el único acusado, José Laudelino Campelo. La causa contra el ex concejal del Ayuntamiento de Langreo está instruida por un supuesto delito de cohecho y tráfico de influencias. Las acusaciones particulares solicitaron una condena de cinco años de cárcel, siete años de inhabilitación para desempeñar cargo público y 1,2 millones de multa, mientras que la defensa de Campelo niega la existencia de cualquier tipo de delito y ha vinculado los hechos con un venganza política. Por su parte, la fiscalía ha pedido año y medio de cárcel para el ex concejal, inhabilitación y una multa de 1,2 millones. Además de la redacción del auto de hechos justificables, está pendiente la elección de los once miembros del jurado (nueve titulares y dos reservas) que decidirán si el acusado es culpable.
Menudo papelón que juegan las acusaciones particulares, en las que están el BIA (partidúnculo hoy controlado por el BA del íntimo colaborador de Francisco Javier García Valledor, Rafael García Palacios), el PAS, el PSOE e IU. Entre los cuatro se las han arreglado para dejar sólo a Campelo en el banquillo, lo que en principio es obviamente la mejor manera de conseguir que se cierre el caso sin condena para nadie, pues qué difícil es pensar que se pueda llegar a nada cuando el único acusado es el que pide la pasta y se queda fuera el que estaba dispuesto a ponerla, el que la llevaba en la maleta y el destinatario final de la misma. O, ¿es creible que Capelo fuese a quedarse con la pasta y que los otros diesen la licencia sin preguntar qué ocurrió con el maletón?
La secuencia judicial por la que se llegó hasta aquí fue como para perderse. Las actuaciones comenzaron con las declaraciones ante el entonces fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Rafael Valero Oltra, y luego, cuando se formalizaron las acusaciones, ante la juez instructora, Covadonga Medina, que durante un tiempo estuvo sustituida por el juez Sergio García; el PSOE presentó demanda contra Campelo; IU frente a Campelo y también contra Amandi, entonces portavoz del PP en Langreo; el PAS, contra Campelo, Álvarez-Amandi, el representante de Eroski -que también andaba detrás de la concesión; finalmente consiguió Mieres-, Juan Pedro Iriazábal y Piñera; el BIA (ahora BA) denunció a Campelo, Álvarez-Amandi, Iriazábal, Piñera y también a un empresario de Carreño, ligado al PP, que ejerció como intermediario: José Manuel Vázquez.
Los pretextos de los partidos para crear esta situación con el Caso Campelo, que ya perdió todo el interés público por el tiempo transcurrido, son de coña. Dicen que un presunto error informático a la hora de imprimir un escrito dejó al BIA (Bloque de Izquierda Asturiana) fuera de la acusación. Conviene recordar que esto sucedió coincidiendo con la negociación abierta entre Izquierda Unida y el BIA, que como decimos, en aquel momento pasó a denominarse Bloque por Asturias (BA), para formar la famosa coalición de gobierno IU-BA a la que ahora se suman Los Verdes, a mayor gloria del Plan del Gas de Asturias. IU nunca había presentado acusación frente a los empresarios y se había limitado disparar sobre Campelo y sobre Álvarez-Amandi. La entrada del BA en el gobierno con el PSOE -con los amigos de Piñera que le recibían de manera pública y notoria- coincidió con ese "error informático" de los socios de los chicos de Progea, que dejaba libres a los intermediarios.
Pero ¡ay amigos y amigas!, también la acusación que ejercía el PAS (Partíu Asturianista) con el abogado Xuan Pertierra, un partido que se presenta a las elecciones en una coalición encabezada por Sergio Marqués -gran amigo del Presidente Vicente que le mantuvo al frente de la comunidad autónoma sin grupo parlamentario- también se cayó. Esto sucedió a finales de diciembre del año 2004. El PAS, que había llegado a pedir penas de varios años de cárcel para los empresarios del centro comercial, anunció que "no había pruebas" para seguir con la acusación que había iniciado casi cuatro años antes. Aquel anuncio se produjo tan sólo unas pocas semanas después de que el PAS de Xuan Xosé Sánchez Vicente -el candidato más querido del PSOE para el ayuntamiento de Gijón- anunciara su acuerdo con la URAS (Unión Renovadora Asturiana) de Marqués para presentar la UA (Unión Asturiana).
Lo más elocuente de todo, es que el gran Sergio Marqués, había ejercido inicialmente de representante legal de Leclerc cuando la firma de origen francés empezó a buscar suelo para abrir una gran superficie comercial en Asturias.
¡Y luego todos son defensores del pequeño comercio, hoy arrasado en nuestra comunidad autónoma, que es la que tiene más metros cuadrados de gran superficie por habitante en España y en Europa! ¿Por qué razón? Por la corrupción que destruye la sociedad asturiana.
