Por una política exterior de derechos humanos, de Bernardino León en La Vanguardia
LA POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO DE ZAPATERO: La relación España-Cuba
Estos días se celebra en Ginebra una nueva reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, órgano con vocación de erigirse en el centro de protección y promoción de los derechos humanos en el mundo.
España no había tenido, hasta fecha reciente, una política exterior orientada a la promoción y protección de los derechos humanos. El Gobierno ha empezado a dar pasos decididos para, en un cambio estratégico esencial, hacer que ello cambie. Aunque hemos mantenido una especial atención a las áreas tradicionales de la acción exterior española, como son Iberoamérica y el Mediterráneo, nuestra actuación muestra resultados también en otras áreas. Hemos introducido por primera vez un capítulo dedicado a los derechos humanos en el acuerdo estratégico España-China y hemos tratado ese tema con Rusia, que mantiene un diálogo bianual con la Unión Europea. Realizamos intensas gestiones con el Gobierno de Filipinas para que aboliese la pena de muerte, objetivo conseguido el pasado año.
Por otra parte, la prioridad que otorga el plan África a los derechos humanos ofrece ya resultados tangibles, en cuestiones migratorias o de género, en regiones que requieren una actuación preferente como Darfur o en el diálogo que España mantiene con Guinea Ecuatorial. En Iberoamérica es donde más logros hemos alcanzado: liberación de presos de conciencia, actuaciones favorables a las poblaciones indígenas o apoyo a defensores de derechos humanos en casos de persecución o acciones judiciales en su contra. Precisamente la protección de los defensores de los derechos humanos es un aspecto central de esta política, como lo es la creciente participación de la sociedad civil en la formulación de actuaciones concretas.
Es en el ámbito multilateral, sin embargo, donde nuestra política de derechos humanos está mostrando una mayor visibilidad. Hasta ahora, nuestro país nunca había abanderado una resolución de derechos humanos en las Naciones Unidas. En el 2006 lo hemos hecho por partida doble: en primer lugar, hemos presentado una resolución sobre el derecho al agua en el nuevo Consejo de Derechos Humanos. La elección de este tema no fue casual, sino sugerido tanto por la importancia que la gestión del agua tiene para nuestro país, con la Expo de Zaragoza en el horizonte próximo, como por nuestro apoyo a que el proceso de codificación internacional de los derechos humanos incluya la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. La otra resolución, promovida en nombre de la Unión Europea, fue la relativa a la eliminación de todas las formas de intolerancia religiosa en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Asimismo, la no discriminación y la participación igualitaria de todos es uno de los vectores de nuestra acción exterior. El pasado mes de diciembre fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas la convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. La delegación española ha tenido un carácter novedoso, pues por primera vez representantes de la sociedad civil formaron parte de ella. El resultado no pudo ser más satisfactorio para todos.
Además del Consejo de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está llamada a ser una instancia fundamental. En los tres últimos años hemos desarrollado una estrecha colaboración con la alta comisionada, Louise Arbour, a cuyo trabajo y dedicación quiero rendir homenaje, hasta convertirnos en el cuarto contribuyente de la oficina.
Fuera ya del ámbito de las Naciones Unidas, no quiero dejar de hacer mención a la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que España preside este año. El tema que hemos elegido para las actividades en el pilar Dimensión Humana de la organización durante nuestra presidencia es "diversidad y participación en sociedades pluralistas".
Quiero destacar que en todos los foros internacionales en los que España participa, insistimos de manera sistemática en la importancia de que la política antiterrorista parta del respeto estricto de los derechos humanos. Existen pocas violaciones de los derechos humanos más graves que las perpetradas por los terroristas, que atentan contra el más básico de todos los derechos, el derecho a la vida. La lucha contra el terrorismo no se debe hacer en ningún caso en detrimento de los derechos de la ciudadanía en general y de las víctimas en particular.
He mencionado más arriba a la sociedad civil. Las organizaciones no gubernamentales están en el centro de la cultura de los derechos humanos, además de ser la conciencia que todos los que tenemos responsabilidades de gobierno debemos escuchar. Por ello, mantenemos un diálogo continuo con las ONG y universidades.
Estamos trabajando, de cara al futuro, sobre ideas y proyectos concretos. En el plano institucional, impulsaremos la consolidación del nuevo Consejo de Derechos Humanos, para el que hemos presentado la candidatura de España para el 2008, y el reforzamiento de todos sus mecanismos y, muy en especial, sus procedimientos especiales y la participación de las organizaciones no gubernamentales en sus trabajos.
En el ámbito europeo, deseamos que la recién establecida Agencia Europea de Derechos Fundamentales comience su labor lo antes posible.
Finalmente, en el ámbito de la alianza de civilizaciones y a la vista de las recomendaciones del grupo de alto nivel, pondremos en marcha un programa de actuaciones para reforzar el intercambio entre culturas.
En el documento final de la cumbre de las Naciones Unidas de septiembre del 2005, los jefes de Estado y de Gobierno se comprometen a cumplir con la obligación de promover el respeto, el goce y la protección universales de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. La política exterior del Gobierno de España asume que el carácter universal de esos derechos y libertades no puede ponerse en tela de juicio y pretende extender las labores de protección y promoción más allá de nuestras fronteras, en coordinación con nuestros socios de la Unión Europea pero también en el marco de nuestras relaciones bilaterales.
BERNARDINO LEÓN, secretario de Estado de Asuntos Exteriores.
