El BNG exige una participación pública del 10% en los parques eólicos

La Xunta de Galicia ha lanzado una ofensiva para que las grandes empresas eléctricas dejen en el territorio gallego parte de los beneficios que obtienen por la generación de energía eléctrica en los embalses y parques eólicos. El presidente de la Xunta, el socialista Emilio Pérez Touriño, ha confirmado que su gobierno prepara un canon que gravará la producción hidroeléctrica, mientras los nacionalistas del Bloque promueven desde la Consejería de Industria un nuevo plan eólico, en que se establece la obligación de las empresas de ceder a la Xunta un 10% del accionariado. "Se trata de conseguir un retorno social" sostiene el consejero de Industria, Fernando Blanco, del BNG.

La caída de Manuel Fraga y la constitución de un gobierno de coalición de socialistas y nacionalistas en la Xunta significó en el ámbito energético que se pusiera en el primer plano la discusión sobre las compensaciones de las compañías eléctricas que operan en Galicia. Se trata de una demanda histórica del nacionalismo gallego rechazada de plano por los gobiernos del PP. Galicia consume anualmente entre el 60% y el 70% de la electricidad que genera, mientras el excedente se destina al resto de España y a Portugal. Este debate suscita una gran sensibilidad social, sobre todo porque ninguna de las principales eléctricas tiene su sede en territorio gallego, después de que Unión Fenosa trasladase su sede social a Madrid en los años 80.

"Por primera vez hacemos una política energética en clave de país", proclamó Pérez Touriño en respuesta a una pregunta parlamentaria del BNG. La Consejería de Economía, que pertenece a la parte socialista de la Xunta, está ultimando el proyecto de ley para que el nuevo canon hidroeléctrico entre en vigor el año próximo. Se trata, según fuentes socialistas, de un impuesto con tipos bajos, que esperan sea aceptado por las empresas afectadas, Fenosa, Endesa e Iberdrola, que ya mostraron el año pasado sus reticencias. El PSOE espera apuntarse así un tanto simbólico, sobre todo de efectos mediáticos, mientras intenta no abrir una guerra con las empresas eléctricas.

En cambio, desde la parte nacionalista del Gobierno gallego se impulsa una política más agresiva en el sector eólico, gestionado por el Bloque desde la Consejería de Industria. Galicia es líder en España con 2.000 megavatios de potencia instalada en funcionamiento y otros tantos en trámite. El objetivo de la Xunta es alcanzar los 6.500 megavatios y asegurarse de que una parte de los beneficios de este pujante sector se queden en Galicia. Sin embargo, la propuesta de la consejería de imponer una participación pública del 10% ha chocado con las reservas de los socialistas y la oposición de las empresas afectadas, mientras el Partido Popular duda de la legalidad de la iniciativa.