Ayer la Radio Televisión del Principado de Asturias, un descarado órgano de agitación y propaganda, cuya dirección suele trabajar muy a menudo sin la menor limitación ni respeto a la verdad desde la más mínima vergüenza torera, era capaz de colocar semejante perla en sus informativos: También aquí, como en el resto de España, luchar contra la delincuencia urbanística se ha convertido en piedra de toque. En nuestra comunidad, sin embargo, policía y guardia civil consiguen esclarecer más el 60 por ciento de esos delitos, por encima del 33 por ciento nacional. La tarea hasta ahora desarrollada por las unidades de seguridad ciudana y por el Seprona, la división de la Guardia Civil encargada de preservar el medio ambiente, ha sido determinante.

Increible pero cierto. Y se llaman periodistas. Y no se ponen en huelga por tener que decir estas cosas. Caen de su peso. Aquí se dice lo que hay que decir, y para eso están las castas de la RTPA: plantillas A y B, contratados del subcontratista, contratados del subcontratista del subcontratista, etcétera. El Gobierno les da unas cifras en sus notas de prensa oficiales que harían sonrojar al mayor sinvergüenza por su absoluto descaro, redactadas en un éxtasis manipulador, y estos "periodistas" nuestros son capaces de repetir esa cifra que habla del 60% de los "delitos urbanísticos" que se cometen, como si efectivamente tal cosa se pudiera decir así sin experimentar un crecimiento inusitado e insospechado de la nariz.

Qué van a hacer si los que se ponen en huelga son los que mejor están, y probablemente tengan toda la razón en lo que pidan: un convenio. Sólo piden eso. Como para pedir profesionalidad y libertad de expresión. Eso sólo se les exige a las televisiones privadas que nos molestan. Como Teleasturias, que según Fernando Lastra no ofrece condiciones razonables a la parte laboral y por eso la cierran.

Y todo esto, a propósito del espectáculo bochornoso que dio el martes el Delegado del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en Asturias, Antonio Trevín Lombán, que se atrevió a comparecer rodeado de símbolos y agentes de la autoridad, anunciando la persecución implacable de los delitos urbanísticos. Trevín fue capaz de hacer esto sin experimentar el menor estremecimiento, lo que nos fuerza a reconocer que el Delegado, tras pasar por episodios tan alucinógenos como la persecución desatada contra el testigo protegido de la Audiencia Nacional, Francisco Javier Lavandera, ya es capaz de todo, sin sentir nada.

El mismo día en que Trevín comparecía en los medios de comunicación asturianos, para vender la moto de que aquí se esclarece el 60% de los delitos urbanísticos, todas las cadenas de prensa españolas y la mayoría de los medios de comunicación de el país -Asturias vive en otro mundo-, se hacían eco en sus redacciones de la desgraciada visita a España del presidente de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Marcin Libicki, y de uno de sus vicepresidentes, Michael Cashman, que firmaron este documento que analizó este mismo martes la comisión parlamentaria, y que da cuenta de las reuniones, explicaciones y conclusiones que sacaron de sus encuentros con autoridades y habitantes de las localidades que visitaron. Según informan Las Noticias de El Comentario TV, Cashman y Libicki "lamentan sinceramente" que finalmente no se celebrase ninguna reunión con representantes del Ministerio de la Vivienda, con quienes les hubiera gustado hablar del proyecto de la nueva ley de suelo. La reunión se canceló por motivos que "no parecieron muy creíbles".

El espectáculo que se vivió en Valencia debió de ser impresionante, pues en una reunión en la que estaban presentes Libicki, Cashman, junto con el Verde David Hammerstein y el comunista Willy Meyer, el eurodiputado Luis Herrero se disculpó por el trato vejatorio que pudieron haber recibido los comisionados por parte de los dirigentes valencianos, que sin duda se sintieron ofendidos ante la repentina llegada, a unos meses de las elecciones autonómicas, de una riada de eurodiputados socialistas, verdes y comunistas, dispuestos a crucificar una comunidad del PP, por un problema en el que si bien Valencia ejerce de punta de lanza, todo el mundo tiene claro que no es una lacra valenciana -como en un momento intentó demostrar el Grupo Prisa en un montaje claramente fracasado-, sino de dimensión nacional y ubicuidad contrastada, que poco tiene que ver con el gobierno de uno u otro signo, sino con unas leyes absurdas y con un sistema político que deja la financiación de los partidos en manos de la delincuencia organizada.

Precisamente buena parte de la información que explica esta visita proviene de la Asociación Valenciana en Defensa de los Derechos Humanos, Medioambientales y en Contra de los Abusos Urbanísticos (Abusos Urbanísticos NO, UN), una de las entidades que protagonizan la lucha contra la desmesurada voracidad de los depredadores de la política, en la que se ve el elevado nivel de organización de los ciudadanos levantinos contra los mecanismos de expropiación utilizados en aquella comunidad, así como los de tasación para esas expropiaciones, en beneficio del llamado "agente urbanizador". Esta asociación denuncia ahora que los criterios que ellos pusieron en solfa para Valencia, son los mismos criterios que el PSOE, apoyado por IU, quiere aplicar en toda España.

Así se lo decimos porque es así de escandaloso. El gobierno de España promueve, en la nueva Ley del Suelo, los mismos criterios que la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de Valencia, según la cual las tasaciones de terrenos se realizarán teniendo en cuenta su valor sin recalificar, es decir, su valor antes de que el partido político de turno haya recibido la comisión que impulsa la recalificación.

Y es que en Valencia, como en tantas otras comunidades españolas, como por ejemplo Asturias, los grupos políticos, en su voluntad depredadora, han creado unas entidades monstruosas a las que denominan "agente urbanizador", que tal y como ocurre en el escandaloso caso de nuestro Principado, reciben la adjudicación directa del suelo para su urbanización primero, y para su promoción-construcción después, y sin justificar el "interés público" de las expropiaciones, arrebatan la propiedad a sus legítimos dueños, a un precio que no tiene nada que ver con el precio real de mercado, para luego entregárselo a empresas sin concurso público, que en el caso terrible de Asturias forman parte del accionariado del propio "agente urbanizador", tal y como viene ocurriendo habitualmente con Sogepsa. Estas circunstancias han sido denunciadas sin éxito, en nuestra comunidad autónoma por muchísimos afectados, que protestan sin parar a lo largo y ancho de la geografía asturiana, con casos tan notorios como el de los afectados de la zona rural de Gijón o el de los propietarios del suelo de la actuación de Sogepsa en La Magdalena, Avilés.

Mañana jueves está convocada una manifestación en Gijón en apoyo a dos sindicalistas que no están afiliados a Batasuna ni mataron a nadie, pero a los que el aparato del estado treviniano envía a las mazmorras, por protestar por el imponente palo que empezó con Progea ante la Playa de Poniente, y que se remata con quien esté detrás de la quiebra de Astilleros Asturianos que gestiona Naval Gijón, y de quien haya comprado Izar, que hasta cierto punto parecen los mismos. Mañana, 29 de marzo, se manifiesta en Gijón el entorno social, político y ciudadano que se solidariza con la Corriente Sindical de Izquierda, contra la represión de los gobiernos PSOE-IU, empeñados en meter la cuchara en lo que queda de los astilleros. ¿Pedirá Trevín a sus hombres que investiguen la venta de Izar en 2.000.000 de euros? No, aquí está todo clarísimo.

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