Hace unos días leí en los periódicos que un ciudadano, don Xurde Blanco, se había dirigido a la administración para pedir un permiso por asuntos personales (debía operarse de una afección cardiovascular), y lo había hecho -la petición escrita- en lengua asturiana. De forma diligente, el funcionario concreto que tramitaba su petición, que iba dirigida a la consejería de la presidencia, un señor apellidado Cabaleiro Ferreiro, le contestó que en la consejería citada no se admitían escritos que no fueran redactados en lengua castellana, porque así lo disponía la norma jurídica por la que se regía la administración del Principado. No estoy muy seguro de que lo que digo responda a la literalidad de la contestación del funcionario Cabaleiro, pero sí estoy seguro de que lo que digo se adapta perfectamente al espíritu de dicha contestación. Parece que hubo una segunda comunicación por parte del señor Xurde Blanco, también en asturiano, que siguió los mismos pasos de la primera, o sea, el cesto de los papeles. Viva el rigor administrativo!

Yo creo que los funcionarios de la administración -local o autonómica- están para resolver los problemas de los ciudadanos y no para crearlos. Y en caso de duda, uno esperaba que un señor que se apellida Cabaleiro Ferreiro, de cuyos orígenes recientes o pasados no cabe dudar mucho con esos apellidos, tuviera un mínimo de solidaridad lingüística con don Xurde Blanco (a su vez funcionario por oposición del cuerpo de asesores jurídicos del Principado), o de solidaridad gremial, al tratarse de dos personas que comparten parecidas funciones en la administración asturiana.

Pero, como es claro, el celo castellanista del funcionario Cabaleiro no deja de ser una mera anécdota que, eso sí, ilustra hasta que punto el gobierno de coalición del Principado está instalado en una situación de incoherencia política, respecto al tema, mil veces debatido, de una de las dos lenguas que se hablan en Asturias: la lengua asturiana, que es, por lo menos, tan lengua de Asturias como la castellana.

Yo pensé siempre que a la hora de negar las evidencias había un grupo político que era consumado especialista en la cuestión (la última negación de la evidencia es la afirmación del desternillante Angel Acebes, de que el diputado Jaime del Burgo no pertenece al Partido Popular, lo que debió crearle a Del Burgo un problema psiquiátrico para el que no existe indicación farmacológica conocida).

Porque se niega la evidencia, cada vez que algún conspicuo representante del partido socialista niega la existencia del asturiano; niega la existencia de los 132 títulos en asturiano editados en el 2005; niega que en Asturias no exista conflicto lingüístico (que se lo pregunten a don Xurde Blanco y al señor Cabaleiro); niega que el asturiano sea una lengua igual que el castellano. Si todo ello fuera cierto no entiendo porque en las consejerías de Vivienda, Justicia, Cultura y Educación, se tramitan papeles en lengua asturiana, se redactan escritos oficiales y públicos de forma bilingüe, y se estimula el uso y conservación de algo que no existe para la consejería de la presidencia.

El aranés es una lengua occitana que se habla en una reducida parte del territorio administrativo catalán, y la Generalitat de Catalunya ha tenido el acierto y la valentía de convertirla en lengua oficial. Los hablantes de esta pequeña comunidad lingüística -unos cinco mil, aproximadamente-, pueden dirigir escritos y papeles a la administración catalana, y también a la española, sin que sus derechos lingüísticos sean atropellados por la administración. Es bastante probable que el aragonés, una lengua hoy reducida a los espacios de montaña de algunos valles de Huesca (Echo, Ansó, Fago, Broto y alguno más), llegue antes que el asturiano a gozar de la cooficialidad, por cuestiones de matemática electoral en las elecciones de la comunidad aragonesa, dado el número de diputados de la Chunta Aragonesista en el parlamento autónomo. Por el contrario, Asturias, con un número de hablantes abrumadoramente superior (un 66% de asturianos asegura utilizarlo, sin por ello dejar de comunicarse en la lengua castellana común a todos), no acaba de definir una situación de una ambigüedad absurda, situándola en el terreno de la realidad cotidiana. Es que cree el gobierno asturiano que la aprobación de la cooficialidad del euskera, del gallego, del catalán del valenciano o del mallorquín, se hizo con el voto unánime de los habitantes de estas comunidades? Desplácense ustedes a Vigo, La Coruña, Bilbao, San Sebastián o Valencia y oigan en qué lengua habla la mayor parte de sus ciudadanos.

A finales del siglo XVIII, en Asturias, en plena época de aquella ilustración tan universal y modernizadora, un grupo abundante de asturianos escribía sus cartas en lengua asturiana (léase la correspondencia de Jovellanos), sin que a ninguno de ellos se les cayeran los anillos. Doscientos años después de aquellas cartas, alguien decide que el asturiano no vale para comunicar un parte de baja. Vamos avanzando.

Álvaro Ruiz de la Peña. Profesor de Literatura en la Universidad de Oviedo.