Todos contra el autor, de José Luis Giménez-Frontin en El Mundo de Cataluña
LOS TRILEROS FILOLOGOS
Asisto al último episodio de la campaña contra la Directiva comunitaria para el pago de derechos de autor por préstamo bibliotecario. Se trata, creo, de una Directiva muy flexible, que no impone a los Estados el sistema ni las cuantías del pago. Pues bien, retrocedo ahora un cuarto de siglo cuando, con otros escritores, fui invitado por la Unión Sueca de Escritores para conocer su funcionamiento. Allí nos enteramos, por ejemplo, de que, en sus bibliotecas, se preveía el pago de derechos por préstamo, para contribuir a la profesionalización de los autores. Ésta había sido, decían, una importante conquista de la política cultural de la socialdemocracia nórdica, frente a la oposición de los partidos conservadores. Algo que algún día, decían, se extendería por toda Europa, potenciándola. Nosotros observábamos que en España era prioritario crear una eficiente red de bibliotecas.«Por supuesto -respondían-, pero acostumbren desde el primer día a sus gestores a presupuestar el derecho de autor, de la misma manera que presupuestan los gastos de personal o de limpieza y de mantenimiento...».
Han pasado 30 años, España se ha convertido en la décima economía del mundo, pero esa conquista de la socialdemocracia nórdica ha despertado entre algunos periodistas (e intelectuales) españoles una reacción furibunda, cuyas causas más profundas no son fáciles de desentrañar. Diré, de entrada, que los autores ya estamos acostumbrados a los palos en materia de derechos, aunque es cierto que la Ley de Propiedad Intelectual que promovió el PSOE en 1987 nos hizo abrigar alguna esperanza de dignificación profesional.Hoy está claro que el número de empresas que se pasan por el forro la ley es creciente, generalmente gracias a la maniobra de convertir al editor también en «autor» de los textos, que fiscalía y judicatura parecen desconocer la LPI, y que la cultura tradicional hispana sigue encastillada a su falta de respeto por el derecho de autor, con los argumentos más dispares y revueltos, no todos ingenuos ni de buena fe. El hecho es que los creadores culturales siguen sin estar socialmente legitimados: en definitiva, piensan los autodenominados «usuarios» de cultura, que los autores se dediquen a la investigación, la escritura o la traducción como hobby, sólo en sus ratos libres
Además, la campaña de prensa en este terreno es grave por su estigmatización ideológica de una cuestión que debería mantenerse al margen de la crispada escisión de las dos Españas y de sus respectivos portavoces mediáticos. Lean, si no la aportación de Soledad García-Díaz en El País del 16 de marzo cuando, además de proponer la creación de listas negras de autores a los que represaliar, define la Directiva europea como «ofensiva neoliberal contra todo lo que es público». ¡De modo que era eso! A mis amigos de la socialdemocracia sueca les va a dar un infarto. Pero es así como retóricamente se plantea aquí y ahora el tema. Tenía razón Fraga: Spain is different.
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