SOBRE LA REPRESIÓN Y EL RECORTE DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS, de Manuel Garcia Fonseca (Pole) en correo en la red

SOBRE LA REPRESIÓN Y EL RECORTE DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS.

From: Manuel Garcia Fonseca

Sent: Wednesday, March 21, 2007 1:06 PM

Subject: SOBRE LOS JUICIOS A TRABAJADORES. BUSCANDO LA VERDAD

Amiga/o espero que esta información te sea de interés. Estoy a tu disposición para dialogar sobre lo que digo en este escrito.

Un cordial saludo

Manuel G. Fonseca (Pole)

From: Tanti

To: Undisclosed-Recipient:;

Sent: Wednesday, March 21, 2007 3:43 PM

Subject: Fw: SOBRE LOS JUICIOS A TRABAJADORES. BUSCANDO LA VERDAD

En Asturias, como en otras partes de la Unión Europea, se están utilizando la legislación antiterrorista, de forma absolutamente retorcida, para reprimir las reivindicaciones de los trabajadores y las libertades ciudadanas. Véase escrito de los sindicatos belgas dirigido al Parlamento de este país, protestando por la aplicación de la ley antiterrorista belga a acciones reivindicativas de los trabajadores, de la misma forma que en Dinamarca han aplicado su ley antiterrorista contra Green Peace, por acciones del mismo tipo de las que en otras épocas nunca fueron motivo de encarcelamiento.

Esta es una de las consecuencias de las políticas neoconservadoras que tiene su epicentro en USA.

Pero me ha llamado insólitamente la atención que en Gijón, en alguno de estos casos, la causa del problema no son las leyes antiterroristas, sino que , para algunos acusadores, está en los intereses especulativos de los grupos que componen el Ayto de Gijón, particularmente en IU, propietaria según los acusadores de una empresa inmobiliaria que apetece de los terrenos de los astilleros para construir pisos de lujo. Movido por intereses tan bastardos (siempre según los acusadores), el Ayuntamiento de Gijón (PSOE e IU, como les gusta subrayar a los acusadores) realiza una denuncia contra dos sindicalista de Naval Gijón, a consecuencia de la cual se condena a estos trabajadores a varios años de cárcel y a una multa.

Acusación semejante contra el Ayto e IU me pareció tan grave como insólita. Así que dediqué unas cuantas horas a la aburrida y desagradable tarea de leer la sentencia y la documentación pertinente que pude lograr.

De la acusación de especulación inmobiliaria hablaremos en su momento. Es tan grotesca esta acusación que no merecería respuesta, sino fuera que está en juego, para gente desinformada y desconocedora de las personas, la honorabilidad de los dirigentes de IU de Gijón (como diría el Che “podrán meter la pata, pero nunca la mano”), y personas como Tony Hevia, trabajador que fue de Progea, al que conozco desde hace muchísimos años, y doy fe que es de una honestidad (y otros muchos valores) difícil de igualar, y menos aún por sus detractores.

¿Qué participación ha tenido el Ayto de Gijón en el proceso a Candido y Morala?.

Hay dos momentos que se aducen como pruebas de la implicación del Ayuntamiento en el proceso penal. Analicemos su contenido.

El primero es la comparecencia del funcionario de la policía municipal en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía el 13-03-05. Para algunos esta es la denuncia con la que se inicia el proceso. Esta es una afirmación falsa. El funcionario municipal se limita a llevar un informe de daños del ingeniero jefe de tráfico y del sargento de servicio, en el que no se hace ninguna denuncia judicial (la comparecencia es ante la policía nacional, no en el juzgado), ni se cita a ninguna persona en particular. (Vease el “Informe-daños” firmado por “El Sargento 2310”). Este es un informe preceptivo . Luego veremos el papel que le atribuye la sentencia.

La acusación la dirige el fiscal de oficio previa notificación de los hechos por la policía nacional.

El segundo momento es al que se atribuye la mayor carga de la prueba de la responsabilidad del Ayuntamiento (Y de IU). El 13-01-06 es la comparecencia en el Juzgado, previa citación del mismo, del funcionario municipal M.A.A.F-P que ratifica la factura de daños anteriormente citada, se muestra parte y reclama.

Esta declaración fue deslegitimada por el Ayuntamiento en varios escritos del letrado director de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, en el segundo de los cuales, del 11-10-06, dice textualmente que las actuaciones de M.A.A.F-P, funcionario con categoría “oficial notificador”, “no incluyen el ejercicio de la referida representación ni incluyen adoptar decisiones para las que no se encuentra autorizado, limitándose aquellas a la mera recepción de documentación y a su traslado y entrega a las dependencias municipales oportunas”. Concluye el escrito dirigiéndose al Juzgado para que “disponga dejar sin efecto ni eficacia procesal, la comparecencia efectuada en autos por el funcionario municipal M.A.A.F-P y sin efecto ni eficacia procesal las ratificaciones, manifestaciones y reclamaciones que de dicha comparecencia se contienen”

El propio funcionario implicado se manifiesta en este mismo sentido.

Atribuir esta declaración a una presión, aparte de calumnioso, es desconocer el funcionamiento real de los juzgados, en parte corregido actualmente, que hace imposible que las declaraciones de daños se realicen efectivamente ante el juez, y responden por tanto a una práctica rutinaria, que en ningún caso tiene nada que ver con una denuncia, sino con la sola certificación obligatoria de los daños. Pregúntese a cualquier abogado con experiencia, antes de hacer afirmaciones falsas y denigratorias para personas u organizaciones de la izquierda real.

Ninguna reclamación, absolutamente ninguna, fue presentada por el Ayto. Esto ha sido dicho y repetido, y se han publicado documentos al respecto. Debiera bastar con la nota informativa de la Junta del Gobierno del Ayto de Gijón del 17-10-2006 que sería importante para los no informados de leer en su integridad. En el primer párrafo dice :”El ayuntamiento de Gijón no ha promovido, ni formalizado, ni respaldado de forma pública, privada, oficial o extraoficial ninguna denuncia contra los señores Martinez Morala y Gonzalez Carnero”.

Los servicios municipales se limitaron, a requerimiento del Juzgado a emitir un informe sobre daños del mobiliario urbano como era su obligación legal.
Continua el Ayto diciendo que “en dos décadas de movilizaciones laborales en la ciudad, algunas de ellas de extrema gravedad, este Ayuntamiento jamás denunció a ningún trabajador o representante sindical”.

Finalmente la nota recuerda que el Código Penal, aprobado en 2003 con los votos del PP y la oposición del PSOE E IU es el que establece este tipo de penas. (5).

Pero vayamos al documento mas importante: la Sentencia 00039/2007 en l que se condena a Carnero y Morala.

En toda la Sentencia el Ayuntamiento solamente aparece, en el folio 6 de mi copia, en el SEGUNDO de los “FUNDAMENTOS JURÍDICOS”, letra e) en donde dice que “el funcionario de la policía municipal del Ayuntamiento de esta ciudad con carné profesional número 2.204 quien manifiesta: “que comparece en representación del Ayuntamiento de Gijón, para hacer entrega de un informe del ingeniero jefe de la sección de tráfico y regulación, en el que se valoran los daños producidos en la cámara de vigilancia de tráfico...Y que igualmente adjunta informe de tres folios del sargento de servicio con carné profesional nº2.310 en la zona, con motivo de las movilizaciones de los trabajadores de Naval Gijón…”.

Esto es todo. Ninguna denuncia por parte del Ayuntamiento, cuya participación se redujo a la información sobre los daños causados, a lo que el Ayuntamiento está obligado.

Por parte de Izquierda Unida ha habido reiteradas declaraciones condenando la política represiva y la aplicación a los trabajadores de las leyes antiterroristas con carácter general y en el proceso contra estos sindicalistas. Cito las resoluciones del Consejo Político de IU de Gijón del 21-09-06. Léase “La Nueva España” del 22-09-06, los dos titulares: “IU tacha de ataque a la clase obrera la petición fiscal contra Morala y Carnero”;
“Atentado contra las libertades públicas”, del artículo del coordinador local de IU en la misma página. Véase la Resolución en el mismo sentido de la Comisión Ejecutiva de IU del 17-10-06.

Hay muchas mas tomas de posición de IU sobre estos casos. Baste citar la resolución de la última Asamblea de IU de Gijón, que termina exigiendo:

El cese del delegado del gobierno en Asturias.

La modificación de la ley Corchera y de los artículos del C. Penal derivados del “Acuerdo para las libertades y contra el terrorismo” para que nunca puedan ser aplicarse a movilizaciones en defensa de derechos reconocidos universalmente, que lo son no solo de quienes se movilizan en defensa de sus intereses sino de toda la sociedad

En cuanto a los intereses especulativos de una empresa de IU merece un escrito específico para hacer evidente algo que todo el mundo puede comprobar yendo a los registros mercantiles y de la propiedad: que IU NO TIENE NI NUNCA HA TENIDO UNA EMPRESA INMOBILIARIA DE NINGÚN TIPO NI DE NINGUNA DE LAS MANERAS.

Volvamos al principio. Si se está dando un recorte de las libertades y una represión generalizada de las movilizaciones sociales de la izquierda (la ultraderecha puede hacerlas impunemente, sin permiso, pegando a ministros, o amenazando de enviar al Presidente de la Nación al hoyo como a su abuelo…y no les pasa nada…), ¿Qué sentido tiene, y a quién beneficia esta reiterada y pueril acusación a Izquierda Unida? . Compañeras y compañeros de izquierdas, por las libertades y la represión, por la lucha común contra la aplicación de leyes, antiterroristas a los trabajadores y ciudadanos , vayamos juntos.

Esta es la cuestión: la aplicación a los trabajadores de las leyes antiterrorista. Es un error, y en algunos casos una infamia, hacer de este problema una lucha cainita en la Izquierda

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