El caso De Juana no tiene mal acomodo mental en la teoría del mal menor. Y lo de Navarra es un simple e interesado proceso a las intenciones de Zapatero sin ningún elemento de prueba. En cambio, es asunto de mayor cuantía la eventual presentación de Batasuna a las elecciones de mayo, con distintos collares. Esto sí tiene calado suficiente como para quemarse en el empeño de impedir que los agentes políticos de una banda terrorista activa vuelvan a sentarse en los ayuntamientos.

Para empezar, sería una burla a la gran operación de Estado que, con implicación sus tres poderes al máximo nivel, además del Tribunal Constitucional, el consenso de los dos partidos centrales del sistema y el asentimiento de la ciudadanía, puso fuera de la ley a dicho partido político en marzo de 2003. Aunque el germen de aquella bien elaborada operación fue el Pacto Antiterrorista PP-PSOE (octubre 2001), la operación misma, ya plasmada en varias normas legales y sentencias de los más altos tribunales, no encaja en el calificativo de "instrumental" que ahora, seis años después, Rodríguez Zapatero suele endosar al Pacto Antiterrorista en sus conversaciones informales.

Aquel saludable concierto del Gobierno, el Parlamento, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, las dos principales fuerzas políticas del sistema y la opinión pública, se inspiró en el rechazo a quienes hacen política con las manos manchadas de sangre. Todo con palabras, nada con violencia. La universalidad de este principio democrático no admite componendas ocasionales: mientras ETA siga activa, sería un sarcasmo que sus representantes políticos volvieran a competir en igualdad de condiciones.

En ese sentido están muy claros la letra y el espíritu de la Ley Electoral (art. 44), la Ley de Partidos Políticos y la sentencia de ilegalización de Batasuna, básicamente. Los amigos de ETA quieren presentarse a las elecciones pero aún no conocemos la fórmula "legal" que utilizarán. Para esa coyuntura la normativa reserva casi exclusivamente al Gobierno (Fiscalía, Abogacía del Estado y Cuerpos Policiales) la iniciativa, los resortes y la capacidad de impedir el empeño de los batasunos.

Digámoslo cuanto antes. Es un problema de voluntad política. En las anteriores elecciones municipales (mayo 2003), el Gobierno, con el apoyo del PSOE, suministró las pruebas suficientes para lograr que el Tribunal Supremo anulase 241 candidaturas por su conexión con la ilegalizada Batasuna. Se dan todas las condiciones para volver a actuar del mismo modo cuatro años después. A saber: una ETA no disuelta, una organización política que no condena la violencia, una Ley de Partidos no derogada y una sentencia del Tribunal Supremo que debe ser ejecutada en todos sus términos.

El ministro de Justicia, Fernández Bermejo, dice que ha ordenado extremar la vigilancia para impedir la participación electoral de grupos sucesores o conniventes respecto a organizaciones ilegales. Correcto. Sin embargo, inquieta la predisposición del Gobierno a ser complaciente si Batasuna condena o rechaza la violencia ¿Si la rechaza o simplemente dice que la rechaza? Además no parece que los dos meses que faltan para las elecciones sea tiempo suficiente para demostrar que se repudia lo que se ha abrazado durante cuarenta años.

Ahí es donde uno ve la trampa. Si en la horma moral de Batasuna encaja un asesinato, ¿cómo no va a encajar una mera condena "instrumental" de la violencia, solo para asegurarse cuatro años de subvenciones y poder municipal? El propio Mariano Rajoy cae en esa trampa al darse por satisfecho si la banda anuncia por escrito su disolución. ¿Y quien garantiza que no echarán el comunicado a la basura tres meses después con cualquier excusa?