LA Organización de Naciones Unidas calcula que 1.300 millones de personas carecen de acceso a agua potable y más del 45% de la población del planeta no dispone de servicios sanitarios básicos. Con cifras como estas, no es extraño que el Día Mundial del Agua 2007, que se celebra el próximo jueves, esté dedicado a afrontar la escasez de este recurso, cuyo valor estratégico no hará más que aumentar en los próximos decenios. Hay quienes auguran que las tensiones por el control de los recursos hídricos se incrementarán a medida que se agrave su escasez. Muestras de ello las podemos encontrar en Oriente Medio, una de las zonas más áridas del planeta, donde el control de los ríos Eúfrates y Tigris es motivo de continuas tensiones. De hecho, el agua allí se ha convertido en una cuestión política y todos los acuerdos de paz de los últimos años hacen referencia expresa a este recurso.

En Asturias debemos considerarnos tremendamente afortunados por el patrimonio hídrico y natural que tenemos, pero disponer de esa riqueza no da derecho a hacer una utilización indiscriminada de la misma, lo que debe primar ante todo es el interés general y criterios de racionalidad, eficiencia y sostenibilidad. Es incongruente que en esta región se hable de garantizar el abastecimiento a la población mientras se están perdiendo cerca de 17 Hm3 de agua al año por fugas en la red de distribución y tampoco parece muy coherente rechazar o poner trabas al uso lúdico y deportivo de algunos embalses aduciendo motivos de preservación de la salubridad de las aguas, cuando esas presas nunca han sido drenadas ni limpiadas en profundidad. De igual modo, resulta ilógico que las aguas de mejores propiedades se destinen a otros usos en vez de al consumo humano. En otras regiones españolas resultaría insólito que agua de óptimas cualidades se emplease en procesos industriales o sirviera de riego en campos de golf. Las nuevas tecnologías han permitido desarrollar procesos de reciclaje y reutilización del agua que podría abastecer a sectores económicos e industriales que necesitan de este recurso para el desarrollo de su propia actividad. Hay que adecuar los usos del agua en función de su calidad y, por supuesto, ser coherentes con los planteamientos.

Los recursos hídricos se han convertido en objeto de análisis y de opinión. No hay más que echar un vistazo a las hemerotecas y ver los espacios que los medios de comunicación dedican al tema desde hace un tiempo. El SOMA-FIA-UGT se siente responsable de haber arrojado luz sobre un debate que permanecía a la sombra en nuestra comunidad. Las jornadas 'El Agua en Asturias' que el sindicato organizó en 2004 marcaron un hito en la región, pues desde entonces no han parado de sucederse nuevas jornadas, cursos y conferencias sobre el tema en diversos ámbitos. El sindicato volvió a tomar la iniciativa e invitó a los organizadores de la Expo 2008 de Zaragoza, que versará sobre 'Agua y Desarrollo Sostenible', a estar presentes en la pasada fiesta de Rodiezmo con un stand que acogió miles de visitas. Esos hechos demuestran el interés que despiertan las cuestiones relacionadas con los recursos hídricos entre la ciudadanía, pero a pesar de ello la información pública sigue siendo escasa y la participación de la sociedad civil limitada.

Nuestra comunidad autónoma se halla en pleno proceso de traspaso de las competencias hídricas y entre las que el Principado asumirá figura la de conducir los órganos de decisión y de participación pública en la planificación hidrológica. Es, por tanto, un buen momento para emprender la apertura a esa participación e iniciar un debate plural, transparente, sosegado y riguroso sobre la política hidráulica en Asturias en su globalidad. Es algo que el SOMA-FIA-UGT viene demandando desde hace tiempo, prácticamente en solitario, y sobre lo que seguirá insistiendo, porque el diálogo social y el consenso son el respaldo de una buena política del agua adaptada a nuestros tiempos. Ese debate sobre los recursos hídricos debería contar con la participación de las distintas administraciones, los gestores, los usuarios, la Universidad, los agentes sociales, las empresas sin exclusiones de nadie ni visiones parciales, para avanzar hacia un Pacto por el Agua en Asturias. Exigir el derecho a la interlocución no es ninguna ocurrencia, sino una demanda legítima amparada por la legislación vigente, y especialmente por la Directiva Marco del Agua (DMA).

La última reunión del Consejo Nacional del Agua, que presidió la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha supuesto un primer paso para cumplir el objetivo de reformar y modernizar las normas y estructuras administrativas que intervienen en la gestión de los recursos hídricos. En nuestra región, esa necesaria democratización podría comenzar por Cadasa, pues son los municipios consumidores los que tienen representación en el Consorcio de Aguas de Asturias, mientras que los que proveen del recurso al resto de la comunidad siguen sin tener voz ni voto en el órgano de gestión. Ha de procurarse la participación de todos los concejos en la toma de decisiones y no sólo de aquellos que se abastecen de agua. En Europa existen modelos avanzados de gestión de aguas derivados de la transposición de la DMA al ámbito legislativo de cada país. Algunos de los más vanguardistas son los que se están desarrollando en Alemania y Austria, a través de estructuras de gestión sostenibles y abiertas a la participación pública. Pero no hace falta salir de España para encontrar experiencias de participación democrática en materia hídrica, muestra de ello es la plataforma de información y participación pública impulsada por el Gobierno de Navarra para constituir un marco de cooperación entre los distintos agentes implicados en la gestión del agua en la comunidad foral.

Nadie niega que el agua es un bien común de uso y disfrute solidario, pero también es indudable que se trata de un factor de localización industrial, de aprovechamiento energético y de desarrollo urbanístico y de ocio, aunque todavía hay sectores que pretenden seguir velando esta realidad, incluso cuando los datos y los hechos son irrefutables: la ejecución de proyectos urbanísticos en diversas partes de la región depende de la disponibilidad de agua; también resulta ilustrativo que más de 500 Hm3 de capacidad del conjunto de embalses asturianos se destine a la generación de energía y que la industria sea la mayor consumidora de agua, acaparando en la cornisa cantábrica el 48% de la demanda total. Los datos expuestos evidencian que el aprovechamiento del agua genera unos rendimientos empresariales, por eso cabe reflexionar sobre quiénes son los beneficiarios del valor económico y del uso de este recurso y qué compromisos se establecen con los territorios que padecen las consecuencias de su aprovechamiento, cuyos efectos no sólo repercuten en las zonas que albergan los embalses, sino en todo el cauce fluvial. Esos compromisos tienen que contemplar el principio de adicionalidad, no pueden considerarse como tales los servicios básicos de saneamiento o alcantarillado, pues éstos son necesidades que ya deberían estar cubiertas en pleno siglo XXI.

Surge la duda de si en Asturias se hablaría del agua si no estuviese presente el asunto de la presa de Caleao. Obviamente, es una cuestión que hay que abordar, pero el debate sobre los recursos hídricos debe ser global, alejado de cualquier planteamiento fragmentado. Resulta chocante cómo en nuestra región pretenden contraponerse distintas formas de aprovechamiento de los recursos hídricos y se justifican unas opciones por encima de otras teniendo en cuenta únicamente el coste económico del recurso. No hay que olvidar que el agua también tiene un valor social, territorial y medioambiental, se trata de un activo 'eco-social' y, por tanto, deben contemplarse todos los costes, no sólo los económicos. Además, el principio de recuperación de costes que establece la DMA obligará, en un horizonte a 2010, a incrementar hasta un 40% el precio del agua para equiparar su coste real con lo que efectivamente pagan los usuarios. Ninguna alternativa es excluyente, las aguas superficiales y las subterráneas pueden ser perfectamente integradas en la gestión, pero es imprescindible analizar todas las posibilidades antes de tomar ninguna decisión política y social. Las visiones disgregadas no contribuyen a nada y pueden ser un elemento que, añadido a las resistencias ya existentes, dificulte el avance de proyectos empresariales de aprovechamiento de este recurso que generarían actividad económica y empleo; y por otra parte, podrían facilitar el desarrollo de proyectos que, cuanto menos, son discutibles y, por tanto, deben someterse a un amplio consenso.

Los estudios que el Grupo Hunosa está llevando a cabo junto a la Universidad de Oviedo y el IGME para analizar el funcionamiento del agua de minas han sido valorados positivamente por el SOMA-FIA-UGT, pero el sindicato también ha manifestado la necesidad de que la compañía pública emprenda paralelamente a ello un estudio de viabilidad empresarial que determine potenciales consumidores, precios y utilidades del recurso. La entrada del Grupo HUNOSA en el mercado del agua le permitiría ahorrar los 6 millones de euros anuales que cuesta bombear el agua que mana de sus pozos, además de avanzar en su política de diversificación, crear nuevos puestos de trabajo y mitigar impactos externos (humedades, regulación de los caudales ecológicos de los ríos ) Asimismo, las prospecciones que la Confederación Hidrográfica del Norte y la Universidad de Oviedo están llevando a cabo para determinar el potencial de los acuíferos subterráneos de la zona central de Asturias deben extenderse al resto de la región y deberán concretar, además de la cantidad y la calidad de esas aguas, sus posibles utilidades, teniendo siempre como premisa el respeto a la sostenibilidad medioambiental.

No cabe duda de que el agua es un recurso y un sector con porvenir. Teniendo en cuenta las peculiaridades hidrológicas y naturales de nuestra comunidad, es previsible que la demanda de expertos en estos campos vaya en aumento. De hecho, la necesidad de profesionales en la materia, sobre todo en gestión de aguas, y la escasez de los mismos en la región, ha obligado a muchas empresas a buscarlos fuera de Asturias. La visión de futuro que caracteriza a la organización a la que represento nos ha llevado a poner en marcha, dentro de nuestras posibilidades, cursos de formación relacionados con el agua, con el fin de ofrecer a los jóvenes nuevas oportunidades de especialización y facilitar así su incorporación a un mercado laboral con gran proyección. No obstante, los esfuerzos del sindicato no serán suficientes sin el compromiso de otras instancias, por eso es fundamental que quienes tengan competencias amplíen la oferta de titulaciones y postgrados del Campus de Mieres, incorporando a la misma la de Hidrología, y den un impulso definitivo a la Fundación o Instituto de Investigación de la Energía, los Recursos Naturales, el Agua y la Tierra, pues existen recursos para ello. Son tareas que deben acometerse sin dilación, porque no podemos permitirnos el lujo de defraudar a las generaciones venideras.

JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ VILLA. SECRETARIO GENERAL DEL SOMA-FIA-UGT