Reggio

Uno de nuestros ocurrentes columnistas de prensa, muy aficionado a vestirse con las plumas liberales –aunque jamás nadie le vio denunciar las actividades de un cártel de empresarios; será que no los hay- dice sistemáticamente, desde hace años, que el modelo político de Asturias es la extinta República Popular de Albania. Pero hay en realidad otro modelo a seguir, que es mucho peor que la república del Camarada Enver Hoxa, que conseguía por extraños caminos el amor de su pueblo, hasta el punto de que en el país no hubiese ni un solo discrepante capaz de no secundar las decisiones del Partido, y de su camarada secretario general, el amado líder carismático. ¿Por qué creen ustedes que nuestros mandatarios –de todos los colores- están todo el día visitando China? ¿Por qué China es el referente –así se dice, ¿no?-, de nuestros más brillantes empresarios?

China es el país más tiránico y falsario del mundo, puesto que es posible combinar en él, el autoritarismo totalitario más sofisticado, con la explotación más brutal de un pueblo al que se mantiene en la más absoluta y mentirosa inopia, dado que mientras se engaña a los ciudadanos contándoles que viven en una república comunista, la acumulación de capital en manos privadas es de tal magnitud, que ahora el Partido Comunista Chino, que aplasta –según sus propias estimaciones- unas veinticinco mil revueltas anuales en el campo, “por tomas de tierras o por corrupción oficial”, se ha visto obligado a aceptar la existencia del derecho a la propiedad privada, cuando año tras año, sus multimillonarios aumentan y crecen sus fortunas, y pasan a engrosar la lista de la revista Forbes, encabezados por el hombre más rico de Hong Kong, Li-Ka-shing, que está preparado para el asalto continental desde la abducida colonia británica.

Todo es posible en política, pues se trata precisamente del arte de engañar al pueblo, hasta límites tan rebuscados como el que alcanzan los chinos que creen vivir en el comunismo –de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades, decía Karl Marx- y viven bajo la atroz bota de un salvaje capitalismo de estado, en el que unos pocos cabalgan hacia la cumbre de la riqueza mundial, mientras muchos miles de millones de sus conciudadanos viven en la miseria y la opresión.

Nuestra pequeña república asturiana, que si no lo remediamos con nuestro esfuerzo y nuestra capacidad crítica, camina hacia el desastre con paso firme en el desconcertado sistema autonómico español –en el que va a llevar la peor parte por sus innumerables debilidades-, buscando un lugar de cabeza -¡que contradicción!- en la cola del crecimiento y el empleo en España. ¿Cómo es posible esto, con la enorme inversión pública por habitante que aquí se ha venido produciendo en los últimos años? La respuesta es evidente, pues la corrupción del sistema engendra ineficacia y pobreza, consumiendo recursos sin cuento de manera inútil para el bienestar colectivo, con fenómenos tan siginificativos como la creación de una loca red de centros comerciales que se tragan las rentas de las prejubilaciones en masa, en una comunidad en la que los fondos extraordinarios se incineran en consumo y no se invierten en la generación de riqueza y empleo.

Cuando la Confederación Asturiana de la Construcción adjudicó entre sus asociados la totalidad de la obra de la Autovía Minera, comiéndose hasta el último céntimo de lo que se había presupuestado, sin concurso público, y la Junta General del Principado cerró de un golpe la comisión de investigación que se abrió para averiguar lo que había pasado con los fondos que tenían que haber financiado los enlaces de esa autovía –que al final se pagaron dos veces-, el Principado de Asturias consolidaba la actual cartelización de su sistema económico-político, que está vertebrado entre los aparatos recaudatorios de los partidos, y unos grupos hegemónicos de empresas que se reparten el pastel amigablemente con los gobiernos, en una maraña de intereses difícilmente delimitables. ¿Dónde terminan los negocios de los partidos y empiezan los de algunos políticos que invierten sus patrimonios por el mundo?

El caso de Sogepsa es paradigmático y puede acabar con un sensacional escándalo en los tribunales, si los abogados de los propietarios del suelo que están siendo expoliados en la promoción de La Magdalena en Avilés, siguen adelante con sus denuncias y llevan a Europa su pleito contra esta sociedad, presidida por el consejero Francisco González Buendía, que no sólo controla la sociedad que expropia, urbaniza y promueve las viviendas en Asturias, sino que también manda en la CUOTA que califica el suelo y en el Jurado de Expropiación que lo tasa. ¿Acaso no estamos hablando de la construcción, la primera industria asturiana? ¿Cuántas promociones tiene en estos momentos SOGEPSA en marcha, en las que se arrebató el suelo a sus legítimos propietarios para entregarlo a los cárteles a fin de generar astronómicas plusvalías privadas a costa de los expoliados, en nombre del progreso, el socialismo y el bienestar colectivos?

Conviene recordar que la promoción-construcción y la obra pública son el motor de nuestra maltrecha economía, que administra rentas y subsidios imponentes procedentes de los fondos habilitados por la administración para paliar las consecuencias del derrumbamiento del carbón y del acero, y que estamos viviendo ejemplos tan atroces –y que no parecen producir ninguna reacción en la justicia- como el de la privatización de Izar, el solar más importante de nuestro inmediato futuro inmobiliario, en una cifra que rondará el 2% de su precio real en el mercado, una vez que se consiga desmantelar el astillero, para lo que el gobierno PSOE-IU no ha dudado a la hora de intentar meter en la cárcel a los dos sindicalistas más simbólicos en la resistencia contra este expolio.

La cartelización del sector de la promoción-construcción, a través de las empresas que están controladas por la política –hemos documentado el escandaloso caso de la empresa Progea e Izquierda Unida-, explica la deriva autoritaria del gobierno PSOE-IU y del agente de la autoridad zapateril, el Delegado del Gobierno Antonio Trevín. Como no podía ser menos, Trevín es el encargado de ir implantando poco a poco un régimen policial basado en el miedo y la represión, que acalle las protestas de los ciudadanos indignados, por los atroces connubios que está descubriendo la población, entre las empresas políticas y las políticas empresariales, para asaltar la caja común. Si un gobierno del PP hubiese acometido la atroz persecución de sindicalistas y ciudadanos discrepantes que están siendo sometidos a la persecución de la Brigada Político Social de Trevín, en Asturias estaríamos al borde de una revolución, pero la máquina represora del gobierno PSOE-IU tiene una mayor eficacia que cualquiera que pudiese montar la derecha, por su enorme control social, a través de sus densas redes clientelares de distribución de dinero público en forma de subvenciones de todo tipo a asociaciones supuestamente cívicas con las que se compran los consensos, en nombre de las santas causas de la izquierda que nos corrompe a golpes de hisopo lAico.

Pero es que por el camino que vamos, se ha llegado a algo nunca visto en la Unión Europea. El gobierno PSOE-IU que sojuzga las libertades en Asturias, ha sido capaz de ordenar a una empresa privada, Abertis Telecom, que suspendiese sus servicios de traslado de señal a la empresa privada Teleasturias, para así poder cerrarla, intentando burlar la ley para no clausurarla abiertamente, tras haberse guardado en el cajón la licencia que correspondía a esta televisión, a la vez que se burla la legislación comunitaria en materia de competencia, se viola el derecho a la libre empresa y los derechos fundamentales de libertad de expresión y a la información.

Quienes eso hacen, combinan la doble financiación –prohibida expresamente por la UE- de una televisión pública, a la que inyectan miles y miles de millones de fondos de la comunidad, mientras recurren a la financiación privada, detrayendo del mercado libre de la publicidad el dinero que necesitan las empresas privadas de comunicación para subsistir. En España se está destruyendo por este camino RTVE, supuestamente para adaptarla a la legalidad europea, mientras se alimentan monstruos autonómicos como el asturiano, que carecen del más mínimo soporte legal.

El gobierno que impulsa el engendro de la RTPA, es el mismo que adjudicó el control de la informática del Principado a la empresa Accenture, que está imponiendo una herramienta propia de programación a todas las aplicaciones informáticas de la comunidad y sus empresas, que administra con cuentagotas a las sociedades cartelizadas –otro cártel- en el llamado “Cluster TIC”, que se queda así con toda la contratación pública, mientras el gobierno PSOE-IU le cuenta a la gente que Asturias implementa programas de “código abierto”. Hablamos del nuevo gran sector de nuestra economía que debería sustituir al peligrosímo líder empresarial que es el sector inmobiliario que nos lleva directamente al estallido de la famosa burbuja. ¿En qué consiste nuestro sector tecnológico? Es otro cártel politizado.

Ahora se prepara un nuevo negocio de enorme dimensión en este sector que debería crecer con libertad, como es el proceso de implantanción de los sistemas TDT de traslado de señal digital para la implementación de todo tipo de servicios en los domicilios de los ciudadanos. El “Cluster TIC”, la multinacional Accenture y la RTPA tienen el control. Las empresas privadas asturianas del sector de la producción audiovisual han sido excluidas de todo, y están siendo destruidas consciente y deliberadamente, mientras que las televisiones privadas han sido eliminadas del escenario de la comunicación, en un proceso de concesión de licencias digitales que prepara el camino para que la tecnología TDT se concentre en las manos que el gobierno determine. Al final, ocurrirá lo de siempre. Perderemos cualquier oportunidad de crecer. Eso sí: unos cuantos más se habrán forrado.

El modelo político asturiano está entrando en una deriva peligrosísima, pues la represión de los discrepantes, los atentados a la libertad de expresión y a la libre iniciativa empresarial, son la cara autoritaria de un régimen de poder en el que no hay una frontera delimitada entre la política de partido y los negocios privados. El Gobierno invade áreas fundamentales de negocio con el modelo cartelizado de SOGEPSA y está formando lobbys, en los que se rehuyen los concursos públicos y los sistemas públicos de contratación, violando las leyes españolas y europeas al servicio de negocios que no son conocidos, pues tanto los medios de comunicación como la sociedad civil, están bajo la bota del poder y la ley del silencio domina los procesos de adjudicación.

Se acercan unas elecciones locales y autonómicas, y tenemos la oportunidad de intentar desmantelar este monstruo que avanza hacia la metástasis. Tal es el nivel de deterioro, después de tantos años de poder absoluto, de complicidades y dedos sobre los labiso, que cualquier solución puede ser buena.

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