LA PERVERSIÓN DE UN INSTRUMENTO LEGAL DE EXCEPCIÓN

Las leyes son instrumentos de que se dota la sociedad para intentar regular la realidad social. En ocasiones, al legislar sobre aspectos duraderos de la estructura social, se mantienen en vigor por largos periodos y, aun así, con el tiempo acaban siendo reformadas. Baste pensar en la reciente incorporación del jurado al sistema procesal español o en las sucesivas reformas del Código Penal. Otras veces, las leyes nacen para responder a situaciones de emergencia o de excepción, momentos críticos en los que se precisan nuevos instrumentos legales para hacer frente a problemas que alteraran gravemente la convivencia. La ley de partidos aprobada en el 2001 por el Gobierno de Aznar, con el acuerdo del PSOE, nació así. Que un partido político como Batasuna pudiera concurrir a las elecciones, mientras los dirigentes y militantes de los demás partidos eran asesinados por el grupo terrorista del que Batasuna es brazo político, resultaba inaceptable y negaba la democracia en el País Vasco.

SON MUCHOS los ejemplos históricos de legislaciones de excepción adoptadas para defender a sociedades que se sentían amenazadas. La creación, en 1938, del Comité de Actividades Antinorteamericanas para perseguir a los activistas nazis en EEUU o los tribunales revolucionarios instaurados por Robespierre, en 1793, para perseguir a traidores y corruptos en el momento en que la guerra estaba a punto de acabar con la Revolución francesa, son algunos ejemplos. Son iniciativas legales que van más allá de la proclamación del estado de excepción, pues responden a situaciones de peligro no puntuales, sino prolongadas a lo largo de cierto tiempo.

Sin embargo, basta repasar la Historia para ver cómo esas legislaciones, independientemente de los buenos propósito que hayan podido alumbrarlas, han pervertido sus objetivos y prolongado su existencia más allá de la duración de las causas que provocaron su nacimiento. Así, el Comité de Actividades Antinorteamericanas, después de derrotado Hitler, se transformó en un comité inquisitorial que perseguía a izquierdistas o liberales, so pretexto de erradicar la influencia comunista en EEUU. Y los tribunales revolucionarios nacidos para defender la Revolución francesa de sus enemigos y de la corrupción acabaron por convertirse en herramienta de corruptos, como Fouché, el temible verdugo de Lyón, y desataron una ola de terror que se llevó por delante también a la mayoría de los líderes revolucionarios, empezando por Robespierre.

El paso de estos seis años ha demostrado que también la ley de partidos está sometida a esa lógica fatal. Quienes defendimos en su día su aprobación y la ilegalización de Batasuna (yo lo hice en artículos tanto en la prensa española como francesa), hemos visto confirmada su principal virtud: aislar a los violentos y debilitarlos, al privarlos de ingresos públicos y de poder político, propiciando así la tregua de ETA y el actualmente interrumpido proceso de paz. Sin embargo, la ley ha empezado a presentar también efectos claramente perversos.

Toda legislación de excepción es susceptible de ser utilizada como arma inquisitorial por los grupos faná- ticos de la sociedad. En este caso, se trata del fanatismo del Foro Ermua, una plataforma surgida para unir a la ciudadanía contra el terror de ETA y que ha pasado a convertirse en una de las principales plataformas de división social tras la llegada del PSOE al Gobierno, para decepción de muchos que la apoyamos en su día. Para ello el Foro ha contado con el oportunismo político del Partido Popular, bajo cuyo paraguas mediático se han amparado también acciones de grupos de extrema derecha. Las iniciativas legales emprendidas o apoyadas por ese conglomerado de fuerzas han llevado ante los tribunales al lendakari
Ibarretxe y a dirigentes del Partido Socialista de Euskadi por haber dialogado con miembros de Batasuna.

Así, una ley concebida para erradicar la violencia e impedir a los violentos el uso fraudulento de las instituciones democráticas se ha convertido en una herramienta para perseguir a los demócratas, considerar delito el diálogo y obstaculizar el ejercicio de la representación política legalmente obtenida. Puede pensarse que, estando aún al inicio de la tramitación dichas denuncias, esos efectos perversos serán atajados en las instancias judiciales superiores, como el Tribunal Supremo o el Constitucional.

SINEMBARGO, la actitud del PP, que ya ha demostrado su intención de controlar ideológicamente a cualquier precio los má- ximos órganos judiciales, hace temer que el día en que este partido llegue de nuevo al Gobierno, la posibilidad de que dichas instancias judiciales superiores terminen por respaldar tan perversa interpretación de la ley de partidos será muy alta. Y ahí está el verdadero problema. Una legislación de excepción debe ser de corta duración, precisamente por sus peligrosas mutaciones utilitarias, y sobre todo debe ser aplicada con un escrupuloso espíritu de respeto a la legalidad y la convivencia democrática.

Desgraciadamente, el PP ha demostrado sobradamente en estos meses, y en particular tras la prisión atenuada de De Juana Chaos, que carece de esos escrúpulos. Si está claro que la ley de partidos debe tener fecha de caducidad, que lleve a su derogación o reforma, lo que parece claro es que esa fecha ha de ser anterior a la llegada al Gobierno del PP. La democracia española no puede permitirse el lujo de dejar un instrumento legal tan peligroso como la actual ley de partidos en las manos de una formación que ha hecho de la mentira y de la exclusión la columna vertebral de su acción política.