Entre los 345.655 manifestantes, ni uno más, ni uno menos, proclamados por la Delegación del Gobierno en Madrid, y los 2.125.000 declarados por el ejecutivo de Esperanza Aguirre, lo cierto es que los manifestantes de Madrid convocados por el PP, se han cargado de una vez por todas la estúpida dinámica de los organizadores de manifestaciones y los gobiernos de turno, consistente en intentar otorgar a una reunión de gente en la plaza pública, respaldando o criticando una determinada política, el rango de un plebiscito, dependiendo del número de asistentes, lo que convierte las guerras de cifras en un juego totalmente carente de credibilidad.

O hay mucha gente o no hay tanta, y aquí hubo muchísima, y sólo algunos patéticos propios, han intentado desvirtuar la realidad con declaraciones que acrecientan el golpe, por la falta de encaje de quienes evidencian en estos momentos una debilidad política terrible. La manifestación de Madrid ha demostrado la actual capacidad del PP de llenar las calles con una enorme masa de ciudadanos respaldando las críticas de Mariano Rajoy contra el gobierno de Zapatero. Ése es el hecho y lo demás son zarandajas.

Aquí lo único que ha quedado claro es que la errática política de José Luis Rodríguez Zapatero, apoyada cerrilmente por el socialcristiano Gaspar Llamazares y por la turba de opciones territoriales de carácter caciquil que llenan el parlamento desde los más recónditos rincones de le geografía española, ha convertido al PP en una fuerza política con una singular capacidad movilizadora de masas, algo que jamás se podría haber imaginado en otros tiempos, en los que este partido y la calle eran agua y aceite, y especialmente cuando Manuel Fraga proclamó su control de la vía pública, a título de posesión personal, con aquello tan célebre de “la calle es mía”.

Ahora, y gracias en exclusiva a los errores del Gobierno, la calle, en buena parte de España, es del PP, que no cuenta con sindicatos movilizadores, lo que hasta ahora era patrimonio de la izquierda, cosa que acrecienta el mérito de una derecha, que ha logrado desbancar a la izquierda en lo que era su campo de juego más tradicional. Y ni así son capaces estos sedicentes izquierdistas de reflexionar sobre sus tremendos errores, y su responsabilidad en la vuelta a una España premoderna, feudal y nostálgica del más rancio carlismo.

Que el PP haya tomado en sus manos el caso de Juana como arma arrojadiza de la política, no es mérito de este partido, sino la consecuencia del cabreo social generalizado por el singular tratamiento dispensado por el Gobierno a este personaje, al que se dio la prisión atenuada como consecuencia de su huelga de hambre.

El hecho de que esta prisión atenuada no le haya sido concedida por sus delitos de sangre, sino por sus delitos de opinión, no exculpa al Gobierno de su falta de olfato político -¿sólo por eso se la concedió?-, y mucho menos todavía por su falta de respeto hacia las víctimas de este criminal, pues no es lo mismo atenuar la prisión por delitos de opinión a quien tiene las manos limpias, que a un asesino convicto y confeso, culpable de la liquidación a sangre fría de muchas personas inocentes, en nombre de una guerra patriótica que la propia política del gobierno ha exasperado hasta límites inimaginables.

Que hablemos sin parar de la manifestación de Madrid, nos impide mirar hacia la masiva manifestación de Bilbao, de la que nada se dice, a pesar de su enorme gravedad, pues en el País Vasco, como en Cataluña, la calle no es ni del PP ni del PSOE, sino del nacionalismo emergente.

A mí me preocupa muchísimo más que la presencia anecdótica de unos aguilones en la manifestación de Madrid -una prueba más del infantil empeño en desvirtuarla a base de anécdotas-, el apoyo social cada vez mayor que el separatismo intolerante está alcanzando, gracias a la política de Zapatero, pues echarle la culpa al PP del crecimiento espectacular de las opciones separatistas en el País Vasco, no deja de ser un ridículo mecanismo autoexculpatorio, por parte de los que están haciendo un daño irreparable a la democracia española, desde el mismo día que iniciaron una legislatura llena de sobresaltos, basada en la apertura extemporánea e innecesaria de un mapa autonómico que estaba muy bien como estaba.

¿Acaso se puede negar la relación que existe entre el exasperante momento político que vivimos y la manera absurda e irracional con la que se puso en cuestión, de golpe y porrazo, la estabilidad del mapa autonómico español? ¿Qué tiene de "progresista" y "solidario" este horrible merengue que se va a llevar por delante las posibilidades económicas de recuperación de comunidades como el Principado de Asturias, víctimas de la crisis industrial de un estado-nación que quiere dejar de serlo, para convertirse en una confederación en la que los ricos serán más ricos, y los pobres más pobres, obviando la carga histórica en las razones de la riqueza y la pobreza, y reservando la historia sólo para alentar los mitos metafísicos de los orígenes.

La culpa de lo que ocurre es siempre del gobierno, y más en el caso de éste, que desde el mismo comienzo de la legislatura consideró un gran acierto dedicarse a aislar a la oposición. ¿Acaso no consideraba Zapatero un gran triunfo el aislamiento parlamentario del PP, para aliarse con las fuerzas reaccionarias del conservadurismo separatista? ¿A quién puede extrañar ahora que este partido pretenda conseguir recuperar la mayoría absoluta, aprovechándose de tales errores, y conquistando para sí el apoyo de los ciudadanos racionales que intuyen la importancia que tiene un estado fuerte para su calidad de vida?

En España no gobierna el PP, sino el PSOE, con el apoyo de sus respaldos parlamentarios. No es por lo tanto la política del PP la que hay que juzgar, tal y como insisten en hacer, de manera legítima, pero muy poco práctica, quienes sin cesar critican su “deslealtad” con el gobierno, obviando que es el propio régimen zapateril el que ha puesto en el primer lugar de las prioridades políticas, las expectativas de limpieza étnica promovida por los defensores de la raza vasca, y la sangrienta huella de las uñas de Wifredo el Velloso sobre la bandera catalana.

¿Acaso es ilegítimo criticar la política del gobierno si se considera que es equivocada? ¿En nombre de qué? Que la política del Gobierno está equivocada es algo que se demuestra con sus resultados, y la gran confrontación entre nacionalistas españoles y nacionalistas vascos y catalanes, no es un fenómeno nacido de la nada, sino una consecuencia evidente de un conjunto de decisiones desafortunadas, adoptadas por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Son muchos los ciudadanos desencantados que se van a ver obligados a votar al PP, sin compartir muchísimos de sus planteamientos políticos, con la racionalidad de quien vota por la Seguridad Social, el Desempleo, la Sanidad Pública, la Educación Universal y Gratuita y otros servicios que sólo se pueden prestar, respetando la igualdad de los ciudadanos ante la Ley, desde el modelo de estado que están destruyendo Zapatero, Llamazares y sus cuates.

Resulta sintomático que el gran debate sea hoy si el Gobierno está negociando o no, tras el atentado de la T4. El hecho incontestable es que mientras El País de hoy, en un editorial, afirma que Batasuna no se podrá presentar a las elecciones sin renunciar a la violencia, el Gara lo da por hecho, en palabras del mismísimo Arnaldo Otegui. Los editoriales del diario de Prisa han demostrado muy poca clarividencia en esta legislatura, mientras que las informacions del Gara, y las opiniones de Otegui en concreto, evidencian una sorprendente infalibilidad.