EN ESPAÑA no existe hoy un verdadero debate político, sino alineación mecánica de posiciones. El simplismo sectario ha sustituido al discurso político, los intereses de partido prevalecen sobre el interés general, la imprescindible confrontación democrática ha sido desplazada por la descalificación política y moral del adversario, se han difuminado todos los límites y de las viejas reglas sólo subsisten las de la selva. Todo ello ha conducido al país a una grave crisis política que contrasta abiertamente con su situación económica y social.

Pero sería injusto atribuir a todos los actores la misma responsabilidad en el proceso que ha conducido a esta situación. Por eso no creo ser víctima de ningún prejuicio ideológico cuando sostengo que el PP es el principal responsable de la degradación que sufre la democracia española.

Incapaz de asimilar su derrota electoral, inhabilitado para concebir la alternancia salvo como usurpación, el partido conservador ha desempolvado la política de destrucción del adversario y se muestra dispuesto a todo, incluido el juego sucio y el deterioro del sistema democrático, con tal de recuperar el poder.

Por eso ha llegado la hora de afirmar solemnemente que en democracia no todo vale, y de recordarle al PP que en política es necesario que exista coherencia entre medios y fines; de lo contrario es legítimo pensar que éstos no son precisamente los que se proclaman.

Pero todo lo dicho no significa que el Gobierno no tenga responsabilidad en lo que está sucediendo. Permitir que sea el PP el que acote el terreno político y marque la agenda es una onerosa carga en el debe del Ejecutivo. Debido en parte a los errores del Gobierno, entre nosotros sólo existe un abstracto debate sobre España y el terrorismo de ETA. Esa es nuestra estrecha e invariable agenda política. En ella no hay cabida para la inseguridad, el paro, la precariedad laboral, la exclusión social, la siniestralidad laboral o el funcionamiento de los servicios públicos.

¿Cómo es posible que los asalariados paguen a Hacienda el doble que los rentistas del capital sin que exista un grave escándalo público? ¿Cómo puede admitirse sin discusión que hayan aumentado, a la vez, los impuestos indirectos, la desigualdad y el diferencial social con Europa, o que ocupemos los últimos lugares de la UE (15) de gasto en sanidad y educación, mientras existe un superávit de cerca de 15.000 millones de euros?

Éstos son los problemas reales que afectan a millones de ciudadanos. Situarlos en el centro del debate político es la obligación del Gobierno, y debería ser también su estrategia en abierta contraposición con la de sus predecesores, cuya insensibilidad les ha impedido aprovechar el ciclo expansivo de nuestra economía para corregir el histórico atraso social de España.

Pronto tendrán que rendir cuentas ante los ciudadanos. Y espero que éstos pasen la correspondiente factura. Parafraseando a los clásicos del marxismo, a cada uno según sus responsabilidades.