Con la que está cayendo, seguro que los estrategas de la Moncloa han estudiado la conveniencia de adelantar las elecciones generales para hacerlas coincidir con las municipales y autonómicas del 27 de mayo. El PP ha hecho alguna referencia con la boca pequeña al adelanto electoral, señal de que no le interesa empezar aún la batalla final, teniendo como tiene una estrategia calculada de acoso y derribo de más larga duración. La máxima ignaciana señala que en tiempos de tribulación no hay que hacer mudanza y, excepto el lince de Jacques Chirac, ningún presidente adelanta las elecciones cuando se encuentra con dificultades. Además, la clausura anticipada de la legislatura siempre tiene una connotación de fracaso, así que, de entrada, es lógico pensar que, de momento, el presidente Zapatero mantenga inalterable el calendario... Ano ser que, con todos los datos sobre la mesa, el presidente y sus asesores lleguen a la conclusión de que las posibilidades de victoria sean el 27 de mayo objetivamente superiores a las que pueda tener en octubre o en marzo de 2008. Y el análisis tiene su miga.

Como se recordará, Zapatero ganó las elecciones hace tres años en un momento de máxima tensión, que movilizó a toda la izquierda para impedir la victoria del PP. Para ganar por segunda vez, el líder socialista necesitará una movilización similar. El PP ya le está haciendo el trabajo, un adelanto electoral galvanizaría aún más al electorado, y las encuestas todavía son favorables al PSOE. La coincidencia con municipales y autonómicas pondría a todas las organizaciones del PSOE y del PP remando en la misma dirección, pero con ventaja para los socialistas, que se convertirían de nuevo en el voto útil de la izquierda, mientras que ahora mismo, electoralmente hablando, la derecha empieza y acaba en el PP. Habría pues un plus de movilización socialista que favorecería además a los candidatos a alcalde y a presidente de comunidad autónoma del PSOE con expectativas más complicadas.

Hay que admitir que sobre las posibilidades de Zapatero pende la amenaza de un atentado de ETA. Si la banda terrorista rompe de nuevo el alto el fuego, no cabe duda que el suceso tendría, desde el punto de vista electoral, efectos devastadores en la candidatura socialista, pero eso no se puede prever. Es incluso plausible que en el seno de ETA exista algún núcleo partidario del cuanto peor mejor y prefiera contribuir a la victoria del PP. Sin embargo, esa amenaza no se desvanecerá con el tiempo. Al contrario, es más probable que ocurra en un periodo de doce meses que en el plazo de sesenta días. Hay otro asunto que, tarde o temprano, Zapatero tendrá que afrontar inevitablemente vinculado al proceso de paz: la legalización o no de Batasuna. Si lo hace en pleno clima de tensión por el adelanto electoral, la controversia será un elemento más del paisaje. Hacerlo de forma aislada siempre resultaría más complicado.

Y lo último pero no lo menos importante. Con elecciones generales en mayo, las sentencias del Tribunal Constitucional sobre los estatutos catalán y andaluz quedarían postergadas para la próxima legislatura, lo que supondría un verdadero alivio para Zapatero, porque no hay que ser Sherlock Holmes para deducir que los magistrados conservadores están bien decididos a tumbar las iniciativas legislativas que han identificado el proyecto político del líder socialista. Es evidente que Zapatero no tendría el mismo resultado si afronta las elecciones con los estatutos todavía vivos que con los estatutos muertos o mutilados y las consiguientes crisis políticas que estallarían precisamente en sus dos principales graneros de votos, Catalunya y Andalucía... El presidente del Gobierno tiene apenas tres semanas para decidir lo que más conviene. A él, pero sobre todo a España, claro.