LOS TRILEROS FILOLOGOS

Andan los medios tan encrespados en pros y contras de la «prisión atenuada» de un etarra en huelga de hambre, que ha pasado un tanto desaperciba la noticia de la autorización emitida por la socialista Junta de Andalucía para que una enferma en pleno uso de sus facultades mentales pueda ordenar a sus médicos que la desenchufen de la máquina que la mantiene viva. Los dos casos inciden sobre terrenos éticos y jurídicos muy próximos, pero desde planteamientos absolutamente dispares. A mí, el caso que más me interesa es el de esa enferma granadina, por la clara razón de que su problemática nos afecta directamente a todos los ciudadanos, en el sentido de que todos y cada uno de nosotros podemos llegar a ser un día enfermos sin calidad de vida o vegetales sin conciencia en manos de la tecnología médica.

El pasado fin de semana, al ABC no le pasó desapercibida esa importante noticia. Bajo el título de Banalización de la muerte, una editorial entraba en materia afirmando: «No existe justificación ética ni jurídica para la decisión de la Junta de Andalucía que autoriza la aplicación de la eutanasia», para concluir que tampoco el poder (¿autonómico?) puede tomar «decisiones más allá de su ámbito de competencia». Ciertamente, el tema no tiene nada de banal, y no puedo imaginar que la decisión de la Junta haya sido tomada con frivolidad ni con alegría. El texto de ABC, sin embargo, es sintomático de cierto caos conceptual sobre el tema que puede dar pie a todo tipo de manipulaciones intelectuales.

Ante todo, eutanasia significa literalmente «buena muerte», que es la que, desde tiempos de Plinio, el hombre decidía, no referida a terceros, sino a sí mismo, por lo que se trataba de una decisión a adoptar en madurez y dominio intelectuales, lo que nos hacía superiores -sigo parafraseando a Plinio- a las bestias, pero también a los dioses, que eran «esclavos de su eternidad». Veinte siglos más tarde, la ética estoica se encarna en los llamados «testamentos vitales» en los que se ordena a los protocolos hospitalarios no alargar mecánicamente y contra toda esperanza la vida del firmante. Y es que nadie duda de que los avances de la medicina podrían mantenernos sine die en estado vegetativo. Eso es lo que honestamente entendemos hoy por eutanasia, y todo en ella se origina en una reflexión ética sobre la dignidad y la libertad humanas. Así, la decisión de la enferma granadina pertenece al ámbito de la eutanasia de los «testamentos vitales», en la que se exige a la clase médica que deje de intervenir, no al ámbito de la eliminación de terceros contra o al margen de su voluntad (la eutanasia nazi de enfermos crónicos y mentales).

Tema distinto es el de la legitimidad del poder para «autorizar» -o «desautorizar»- las decisiones vitales. Autonómica o no (no voy a entrar en este planteamiento), yo coincido con ABC en que la Administración carece de legitimidad para intervenir en el tema; pero por razones y con conclusiones diametralmente opuestas.

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