DEBATE

Va a seguir España vendiendo armas a Marruecos e Israel? ¿Seguiremos los ciudadanos y el Parlamento sin saber si lo que se vende a Colombia son botes de humo o misiles?

La respuesta a estas preguntas está ahora sobre las mesas, y las conciencias, de todos los partidos y, en especial, de aquellos con mayor fuerza en el hemiciclo. El Gobierno aprobó en diciembre pasado un proyecto de ley sobre el comercio de armas que ahora negocian los diputados de la comisión de Defensa. A juicio de Intermón Oxfam, Amnistía Internacional y Greenpeace - organizaciones que llevamos años demandando control sobre un comercio que, sin regulación adecuada, puede ser letal-, este texto sólo puede tener dos calificativos: incoherente y débil.

Incoherente porque contradice el espíritu de la política exterior de paz y desarrollo preconizada por el Gobierno. Y débil porque apenas aporta avances sobre la situación actual del comercio de armas en España, sometido a controles muy laxos y, lo que es igual de grave, a un gran déficit de transparencia. El resultado es que se autorizan ventas de armas a países pobres, en conflicto o en los que se violan los derechos humanos. Cuando España hace esto, no contribuye precisamente a construir un mundo más seguro.

La principal carencia del texto es que no permite saber con exactitud qué vendemos y a quién. Los grupos parlamentarios deberían introducir los cambios necesarios para que la ley exija el detalle mínimo con que debe informar el Gobierno sobre el material que se exporta, su uso y destinatario final.

El ejemplo es insoslayable. El mayor exportador mundial de armas, EE. UU., no tiene reparo alguno en explicar qué vende. Da descripción detallada del producto y comunica las licencias autorizadas, no sólo las ventas ejecutadas. ¿Por qué aquí no se conocen esos detalles? ¿Por qué las actas de las reuniones de la Junta Interministerial de Material de Defensa - que decide sobre las licencias de exportación- son secretas? ¿Van a mantener los grupos parlamentarios ese oscurantismo?

Otra debilidad del texto es la falta de controles claros. El borrador propone denegar las autorizaciones de venta de armas "cuando existan indicios racionales" de que puedan usarse para perturbar la paz y otros supuestos similares. Es un redactado ambiguo que deja al gobierno de turno un margen de maniobra que no debería tener. El texto debe prohibir explícitamente las ventas de armas en los casos que establece el Código de Conducta de la Unión Europea suscrito por España, y fijar con claridad los criterios de autorización de las exportaciones.

Se ha insinuado que para elaborar la norma el Gobierno ha tenido que mantener la equidistancia entre las posiciones de la industria y las ONG. El problema es que en asuntos como éste no hay medias aritméticas, porque lo que nos jugamos es que España venda o no armas a regímenes indeseables o a países gangrenados por la pobreza. ¿O es que se pretende decir que todo vale con tal de contentar a todos? Hay compromisos internacionales a los que España no puede renunciar.

Tenemos muchas preguntas sin respuesta. Les toca contestar a los grupos parlamentarios. En la venta de armas no puede haber complicidades políticas que impidan que se consagre en la ley la necesidad de mayor transparencia y mayor control. Porque con estas mejoras se trata de proteger a miles de personas cuyos rostros no conocemos, pero de las que sabemos que se enfrentan a la muerte y el sufrimiento cada día.

ARIANE ARPA, directora general de Intermón Oxfam.