EL suicidio es un acto de desesperación. Amenazar con morir voluntariamente por etapas, de una forma lenta, es algo más calculado. Sobre todo cuando el protagonista busca objetivos políticos. Gandhi fue el paradigma de la utilización de las huelgas de hambre con fines pacíficos irreprochables. Pero la inmolación no siempre ha tenido las mismas raíces. En 1977, los dirigentes de la Fracción del Ejército Rojo se suicidaron en cárceles alemanas con la pretensión de endosar su muerte al Estado y desatar una reacción en cadena. En 1981 una decena de presos republicanos norirlandeses murieron tras una huelga de hambre que pretendía forzar un estatus carcelario para los reclusos del IRA. Otro tanto sucedió en España, con dos reos de los Grapo, en 1981 y 1990. Eran dos pobres jóvenes fanáticos que ignoraban que algunos de sus cabecillas se alimentaban con nocturnidad y alevosía, porque, sabido es, el hambre jamás debe llevarse por delante a quienes se consideran líderes de revoluciones imposibles. Y ahora, sorpresas da la vida, tenemos al primer etarra que ha intentado seguir el mismo sendero. La noticia no es que un preso político opte por la desnutrición voluntaria para que su demacrada palidez caiga como una losa sobre sus carceleros y el conjunto de la sociedad. La verdadera noticia es que un miembro de ETA opte por esta vía de protesta, inédita en la subcultura radical vasca, máxime cuando el PP hubiera preferido que el terrorista muriera en su celda de una sobredosis de cocochas con chacolí.