LA RECONCILIACIÓN de los partidos políticos con los ciudadanos exige ajustar la oferta pública a las prioridades sociales, fortalecer el rigor de las propuestas y ser transparente. En este sentido, las elecciones municipales son una magnífica oportunidad para todos.

Pues bien, preste atención el lector a estos datos. Si comparamos los tributos per cápita de municipios gallegos y españoles equivalentes en población (exceptuando las ciudades), en el 2004 se registran estas diferencias: a) los municipios gallegos que obtienen ingresos tributarios inferiores al 30% de la cifra media española son 83 (27% del total); b) los municipios con ingresos tributarios inferiores al 50% de la media española son 217 (71% del total); los municipios con ingresos tributarios inferiores al 70% de la media española son 276 (90% del total). La renta disponible por habitante de Galicia era en el 2004 el 86% de la renta media española. Sólo tres municipios (Dozón, Parada de Sil, Toques) contabilizan una renta por habitante inferior al 70% de la cifra española. O sea, la brecha fiscal del municipio gallego muestra todavía una distancia económica excesivamente ignorada. En estas condiciones, prometer rebajas impositivas ofende incluso al descreído. Por eso conciliar promesas y recursos es ecuación imposible. O triunfa la fantasía, quebrando el rigor, o existen subvenciones privilegiadas, quebrando la equidad. Y de eso ya estamos hartos.

Los partidos políticos tienen, pues, la obligación democrática de explicar cómo van a financiar sus promesas, y también cómo se puede avanzar hacia procesos inteligentes de convergencia y normalización tributaria. Sin duda estamos ante un problema complejo que exige tiempo, ayuda y pedagogía política, pero dar una explicación es ya inexcusable. Los municipios siempre reclaman más recursos, pero todos debemos saber quién paga la factura.

¿Por qué se oculta el raquitismo presupuestario municipal y las causas que lo producen? La realidad es verificable y las consecuencias de esa realidad, también. Por eso nacen preguntas incómodas: ¿Se debería graduar la subvención al esfuerzo fiscal que realizan los beneficiarios de la misma?, ¿deben tener límites las subvenciones que reciben los municipios?, ¿hasta cuándo los parques eólicos y la construcción desaforada pueden disimular la menor fiscalidad municipal?, ¿qué costes sociales y ambientales generan estos excesos?, ¿tanto cuesta al municipio publicar una memoria anual que exponga de forma sencilla el coste de los servicios individualizados, así como los ingresos de la tasa correspondiente?

Reconciliar la política con los ciudadanos sería tarea sencilla si no fueran los rubores que el desnudo casi siempre trae consigo.