EL ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tomó ayer, sin duda, la decisión más difícil de su larga trayectoria política. Planteadas las cosas al límite por el preso de ETA De Juana Chaos, con evidente riesgo para su vida tras 115 días de huelga de hambre, y cumpliendo condena de tres años por sendos artículos publicados en Gara, de los que ya ha cumplido más de la mitad de la pena ¿debía dejarlo morir o concederle la prisión atenuada? Aunque su decisión afecta en puridad a esta única pena, la realidad es mucho más compleja y ha presidido buena parte del debate en la opinión pública española: sobre De Juana Chaos recae una sentencia ya cumplida por 25 asesinatos y de los que acabó cumpliendo tan sólo 18 años de prisión en virtud del ya modificado Código Penal. Analizadas todas la posibles variables del caso, cabe concluir que el ministro ha tomado la menos mala de las decisiones. Nadie adopta una resolución como la del ministro del Interior con una íntima satisfacción interior, sino ponderando muchas otras cosas. Confundir esto con una cesión al chantaje de una banda terrorista es un error. La grandeza del Estado de derecho es que los gobernantes no se comportan como los asesinos y se concede un enorme valor a la vida humana. Incluso la de los asesinos en todas y cada una de las circunstancias. Rubalcaba ha decidido y no se ha equivocado.