Caso De Juana: decisión política no ilegal, con sonoro fracaso de crítica y público, de Antonio Casado en El Confidencial
Naturalmente que es política la decisión de decretar la prisión atenuada para De Juana Chaos. Pero no es ilegal. "Se ajusta a derecho", le oigo decir en privado a una alta personalidad de la Judicatura. Véase a esos efectos el auto del juez de vigilancia penitenciaria, que avala la legalidad de la decisión y el respaldo favorable del fiscal y la Junta de Tratamiento de la prisión. Sin embargo, el ruido ambiental sugiere un sonoro fracaso de crítica y público.
La decisión tomada no encaja en ninguno de los regímenes penitenciarios de 'libertad' para un interno con sentencia firme. Consiste en un acercamiento por traslado al País Vasco y la clasificación en 'segundo grado' del etarra De Juana Chaos, con la confesada intención de salvarle la vida, conforme a las previsiones de la normativa legal. Concretamente, el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, en lo referido al llamado riesgo vital en un preso. Y el 86.4, en lo que se refiere a las medidas policiales para mantenerlo vigilado durante la excarcelación.
Además de ser política y de ser legal, es humanitaria. Así la presentó Rubalcaba. El Estado, nosotros, no queremos que muera nadie porque nosotros "no somos como los terroristas", dijo el ministro. Cierto. Sin embargo, el aspecto humanitario sólo es la llave de paso para acreditar la fuerza del transfondo político del caso. El Gobierno quiere evitar la muerte de De Juana, claro, porque su muerte produciría un indeseable subidón en los dos extremos de la pinza.
A eso se refería José Blanco este miércoles cuando decía que "muchos están deseando la muerte de De Juana". La carga de la frase no es humanitaria sino política al 100%. Igual que esta otra: "Si De Juana muere, ETA mata". En boca de un alto responsable de la política antiterrorista, esa ecuación nos acaba de dar las claves del cálculo político elaborado por el estado mayor de Zapatero antes de dar el paso de trasladar a De Juana a un hospital de San Sebastián. Se entenderá ahora mejor, entonces, que alguien tan poco sospechoso de complacencia con los terroristas como Rodríguez Ibarra, pidiera a Rubalcaba que no dejase morir a "este cabrón".
El Gobierno no es partidario de que ETA vuelva a matar. Por tanto, no tiene sentido añadir un mártir al santoral de la banda. Tampoco tiene sentido darle alas a sus otros adversarios políticos: el PP y los pregoneros de la 'política de rendición' del Gobierno.
Es verdad que el Ejecutivo les dio ayer una baza. Se tradujo en un grado inusitado de tensión, fuerte agresividad contra Zapatero y reacciones tan excesivas como la de Mariano Rajoy. Pero esa baza no tiene ni de lejos el alcance que tendría la muerte del etarra, por retroalimentación de los efectos de la misma en el mundo de la llamada izquierda abertzale.
En todo caso, aumento seguro de la tensión, que ya está bastante subidita. El Gobierno ha querido evitar males mayores. Valoró las graves consecuencias de la muerte del etarra y ha hecho lo que ha creído oportuno. No tenía demasiadas alternativas para preservar la vida de De Juana sin ponerlo en libertad.
