Izquierda Unida, que junto con el PSOE pone en pie de guerra el naval y cierra Teleasturias, prepara la inmediata expulsión de los comunistas, del Editorial en El Comentario
Este documento que ofrecemos en exclusiva, que está llegando hoy a los militantes de IU, es el primer paso para la expulsión de los afiliados afines al PCE, para la toma de sus puestos en los ayuntamientos, en los que tienen un peso relevante, como es el caso de Oviedo, por parte de los llamazaristas. La amenaza que se formula a los afiliados fieles a la disciplina de Francisco Frutos, es un error de bulto -al menos en su forma, pues orgánicamente no tiene ni pies ni cabeza-, dado que marca un camino sin retorno hacia la ruptura con los comunistas, por parte de los aventureros socialcristianos, unidos en su coalición con verdes y con asturianistas del BIA, que caben todos ellos en un taxi de amplias dimensiones, por lo que un divorcio con los comunistas, y una ya más que posible competencia electoral entre la marca IU-LV-BIA, contra la marca PCA/PCE, puede destrozar las felices expectativas de los ecorregasificadores, en tanto que un PCA/PCE renovado, sin el lastre inmobiliario del llamazarismo, cubre un espacio político que se ha quedado huérfano.
Hagan un esfuerzo de comprensión, que la cosa es muy importante y las repercusiones para las próximas elecciones, pueden ser decisivas, bajo muchos y muy diversos puntos de vista: IU y PCE no son lo mismo, y por eso parece que finalmente van a romper.
El hecho es que el PCA/PCE, sin IU, partiría al menos sin las enormes deudas acumuladas por IU, y con el patrimonio -el inmobiliario al menos, del PCE-, unas deudas que sin duda explican en gran manera los densos barrizales en los que chapotean los inmaculados chicos de Llamazares, que mean colonia pero luego tienen inmobiliarias que se forran construyendo viviendas de lujo en solares expropiados a particulares. Una coalición que presume de ecológica, cívica y defensora de los humildes, difícilmente puede cumplir con tales fines, si está empufada hasta las cejas con bancos y cajas de ahorro. ¿Cómo se va a oponer a los grandes proyectos que destruyen el medio ambiente del Principado, o a la corrupción inmobiliaria que desertiza la industria y liquida el espíritu cívico, quien debe forzosa sumisión a las entidades que hacen del especular su objeto social?
IU de Asturias tiene sesenta y siete asientos remunerados en el Principado, y para dar cabida a Los Verdes, de los que esperan que se encarguen de embaucar a los simpatizantes ecologistas para que aporten sus votos al Plan del Gas, necesitan más plazas de rancho, pues lógicamente, estos también quieren su cuota en cargos retribuidos para sus propios afiliados. La limiticación de cargos que devengan soldada, a base de consejeros, directores generales, asesores, jefes de gabinete, jefes de comunicación y otras plazas de nombramiento discrecional, situan a toda la organización actual del llamazarismo como un grupo político empleado en la administración en su práctica totalidad -con la inestimable ayuda de las concejalías-, con lo que su capacidad de maniobra frente al gobierno es nula, lo que explica los gravísimos errores que están obligados a cometer.
Todo el mundo sabe que los grandes engaños de IU en sus compromisos, como por ejemplo en los adoptados con Teleasturias (parece confirmarse que el Gobierno cierra esta cadena el próximo viernes), tienen que ver con su incapacidad para romper un gobierno que según ellos condicionan. En realidad todos sabemos que es al revés y que IU depende tanto del Gobierno, que no pueden concebir ni tan siquiera la posibilidad de pasarse un mes sin la nómina que les reparte Areces puntualmente, una nómina que les ha llevado a un ridículo tan flagrante, como el que supone para sus potenciales electores ecosocialistas, enterarse por La Voz de Galicia, que el propio Gaspar Llamazares condicionó su apoyo a los presupuestos del 2005, a la adjudicación a dedo de la planta de Gijón a Enagás, haciéndole así el caldo gordo al mayor anhelo de Vicente Álvarez Areces. Si luego nos enteramos de que José Manuel Agüera Sirgo, consejero independiente en Duro Felguera por Cajastur, se sienta en la entidad a cuenta de la cuota de IU, vamos cerrando círculos. ¿O es que Llamazares y sus cuates apuestan por la regasificadora por razones ambientales, sociales, laborales? ¿Acaso mejora la regasificadora la integración de las mujeres en el mercado laboral? ¿Potencia la regasificadora el uso de lenguas autóctonas? ¿No es más bien un gran negocio para cuatro, que hace mucho mal a muchos, y eso suponiendo que nunca explote ni haya accidente alguno en su entorno?
El caso es que ahora los ecorregasificdores van a por el gran núcleo del PC en Oviedo, y los candidatos de IU en la capital están elegidos ya, por una asamblea, en la que se han proclamado públicamente, en un proceso democrático de base, pues están ratificados por los votos de la militancia, y sin embargo, la dirección regional les impuso primero colocar un "verde" de número tres, y ahora ya les amenaza abiertamente, con la expulsión de sus dirigentes, tal y como se ve en este escrito, en el que rotundamente se les prohibe participar en el desarrollo del congreso de un partido soberano, que es fundador de Izquierda Unida, cuando salta a la vista que tal amenaza carece de cualquier viso de legalidad, con lo que se convierte en un puro chantaje a sus militantes, partidarios de mantener la fidelidad a lo que queda de lo que fue el Partido Comunista de España.
La conciencia de la desmesura del acuerdo adoptado por la dirección regional de IU no impide este salto adelante, que no tiene parangón en ninguna de las atrocidades que suelen cometerse de manera habitual en la partitocracia española. Izquierda Unida no es un partido político, sino una coalición de partidos, y por lo tanto carece de capacidad formal para inmiscuirse en la vida interna de los partidos que la integran. Quienes aprobaron "por unanimidad" este documento estaban claramente sonados. ¿Por qué?
La presencia de Roberto Sánchez Ramos y Celso Miranda, en los actos de la Plataforma Contra la Represión, en respaldo a Cándido González Carnero y a Juan Manuel Martínez Morala, ha motivado grandes insultos hacia sus personas en recientes actos internos de debate, por parte del dirigente gijonés Jesús Montes Estrada, atrapado por sus compromisos en la corporación que puso la denuncia por la que se procesa y encarcela a estos sindicalistas, sin hablar ya del gravísmo problema público que tiene Churruca con su dirigente económico, José Antonio Hevia Braña, que aparece en las escrituras de venta de los pisos de los edificios-barco, como apoderado del Grupo Progea, firmando abiertamente los documentos, sin ningún recato, en el despacho del notario que intervenía en todos los procesos inmobiliarios de suelo público en Asturias, hasta hace pocos meses.
Los documentos que prueban todos estos hechos y circunstancias, se encuentran en los registros públicos y notarías, y en ellos se puede comprobar la absoluta falta de prudencia con la que se actuaba en unos negocios, que sólo pueden explicarse a partir de una incomprensible conciencia de impunidad, que casa mal con el clima que se está creando en España, a partir de la afloración de los entresijos de la trama inmobiliaria que se ocultaba en los sótanos del ayuntamiento de Marbella. Ahora, la pretensión de encarcelar a los sindicalistas que obstaculizaban con su protesta el gran pelotazo de la bahía de Gijón, abrió la Caja de Pandora -no la de ahorros-, que se mantenía cerrada por la tupida red de complicidades establecidas en una comunidad, la nuestra, en la que casi todo el mundo trabaja directa o indirectamente, para la administración.
La historia completa de Progea y los compromisos de IU con Areces, a partir del gran negocio de Poniente, viene siendo comunicada a los ciudadanos de Gijón en octavillas elaboradas por círculos próximos a la Plataforma contra la Represión y por las Libertades. En ellas se detallaban las ganancias de Proseín, empresa del Grupo Progea, el papel que en ella jugaba Hevia Braña -que dejó la empresa en diciembre-, así como la relación de esa operación -era el pórtico-, con la que ahora se va a desarrollar en los solares de Izar y Naval Gijón, impulsada a su vez por Eduardo Donaire, socio de Antonio Trevín en el control de la FSA PSOE, en alianza con Javier Fernández.
Un conflicto en los astilleros como es el que se está larvando, pone a IU de Gijón en la zona de máximo riesgo electoral, y los datos acusadores contra Hevia Braña colocan a su lider local, Jesús Montes Estrada, en el disparadero, pues cada día más voces claman por una explicación sobre los extraños compromisos de IU, allí donde todos los caminos conducen a Progea y a Manuel González, el hombre de confianza de Llamazares, que pagó -a través de su brazo derecho, Rubén Fernández Casar- el desembolso de la señal de la nueva sede que pretendía comprar IU en Oviedo. González, que recientemente ingresó en prisión por estafa y fue indultado gracias a la intercesión personal de Llamazares con José Luis Rodríguez Zapatero, sigue estando a día de hoy en la Comisión de Garantías de IU en Madrid. A través de la brecha de los astilleros, fluye al exterior el entramado de negocios sobre el que se ha venido sosteniendo la financiación de la coalicíón, una brecha respetada por la complicidad del PSOE -el presidente de Progea es afiliado socialista- y el misterioso e inexplicable silencio de Pilar Fernández Pardo, que ha impedido cualquier voluntad investigadora por parte de sus afiliados gijoneses.
Francisco Frutos conoce todos estos datos -tiene a su disposición un informe recientemente elaborado-, así como los relacionados con los acuerdos inmobiliarios alcanzados entre Manuel González, los dirigentes asturianos de IU y el empresario de Teleasturias, para la promoción de viviendas de alquiler, a cambio de conseguirle la licencia que no le han podido proporcionar para su televisión, ahora que esta empresa ya ha sido condenada al cierre, tras una comunicación del Principado a la empresa Auna, instando la retirada de las frecuencias por las que emite, con lo que el cerrojazo puede producirse el próximo vierne, e IU habrá engañado a toda una plantilla con sus falsas promesas a Rodolfo Cachero, selladas con programas promocionales dedicados a sus consejerías. Esos acuerdos se cerraron en reuniones con participación de todos los protagonistas señalados, más algún parlamentario de IU, personas del gabinete de Valledor, y otras que entonces estaban próximas a Teleasturias.
Los incumplimientos de los extraños acuerdos que IU tenía con Teleasturias -ellos son los que quisieron darle cobertura inmobiliaria-, y el inminente cierre de la cadena, precipitarán, casi con total seguridad, el conocmiento de los pormenores de unos tratos inmobiliarios que parecen estar a la orden del día, en un nuevo escándalo para IU, por lo siniestro que resulta embarcar de esta manera a toda una empresa de comunicación en unas promesas sin fundamento.
Salta a la vista que la situación de IU resulta totalmente explosiva, y su presión sobre la gente de Francisco Frutos puede romper los diques de contención informativos sobre el caso Progea y el caso Manuel González, que están intimamente ligados con el clima social explosivo de Gijón y el reventón de Teleasturias. Parodiemos a Mao Ze Dong: ¡Qué se abran cien flores! ¡Qué de las alcantarillas del sistema broten las aguas fecales de quienes se supone que tienen como misión la crítica del sistema!
