El plan de autonomía podría empezar a aplicarse en octubre

Marruecos quiere dejar de tener la pelota en su tejado. Desde principios de febrero una delegación de alto nivel pasea una iniciativa de plan de autonomía para el Sahara Occidental. El destino son los países sensibles a la descolonización definitiva del territorio y miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, y se pretende terminar con el callejón sin salida al que -según muchas voces- Marruecos ha logrado conducir el contencioso.

La delegación está encabezada por Fuad Ali Himma, ministro delegado de Interior; Taieb Fasi Fihri, ministro delegado de Asuntos Exteriores -ambos de la máxima confianza del rey Mohamed VI-; Chakib Benmusa, ministro de Interior, y Yasin Mansura, director de los servicios secretos.

La estrategia del régimen alauí consiste en que si, como parece previsible, Argelia y el Frente Polisario rechazan el plan de autonomía -en el que no se prevé la independencia como una opción que votar en referéndum-, la presión internacional pasará al otro lado y el plan de autonomía empezaría a aplicarse a partir de octubre, como aseguraron esta semana fuentes europeas en Rabat al semanario Tel Quel.

"Importantes cambios constitucionales deberán efectuarse antes del 2008 para permitir al Sahara aplicar su autonomía y para que los socios de Marruecos confíen en la determinación de aplicar un ambicioso plan de autogestión de los asuntos saharauis por la población local", explica el semanario, tras recordar que el Ejecutivo marroquí ya ha ordenado el lanzamiento de una rama regional del Consejo Consultivo de Derechos Humanos para el Sahara, lo que Marruecos considera y califica de "sus provincias del sur", y una delegación local del Diuan al Madhalim (Defensor del Pueblo) que escuche los problemas de los ciudadanos de la región.

Los dirigentes de París, Madrid, Washington y Londres -a los que esta semana se unirán los de Moscú y Pekín- han escuchado el análisis general del plan de autonomía, porque Rabat insiste en que el proyecto permanece abierto a modificaciones y sugerencias, motivo por el que se prefiere no presentar públicamente los detalles hasta que sea valorado en abril, al concluir el actual mandato de la Minurso, la fuerza de la ONU que, desde 1991, vela por la paz e intenta organizar un referéndum en el territorio.

Desde las muestras de apoyo y los elogios expresados por Jacques Chirac hasta la aséptica respuesta del Gobierno español -que una vez más se limitó a una valoración general a una posible solución-, los marroquíes intentan ganar puntos o guiños que más tarde se transformen en acciones concretas a través de esta campaña diplomática sin precedentes, supervisada al detalle desde el palacio real.

Quizás sea más complicado para José Luis Rodríguez Zapatero mantener la misma aparente neutralidad tras la reunión de alto nivel prevista para los días 5 y 6 de marzo en Marruecos. El interés marroquí en que el Gobierno español se defina por fin y exponga sus preferencias ante la solución más justa para este largo conflicto de más de treinta años vuelve a estar en la calle y en la prensa nacional, que se pregunta a quién apoyará España, con la responsabilidad histórica sobre sus espaldas, para lograr una solución definitiva para su antigua colonia.

El momento elegido por Rabat para lanzar su gran ofensiva diplomática no se ha dejado al azar. Tras el último discurso del rey Mohamed VI durante la conmemoración de la marcha verde, en el que se refirió a la posible inestabilidad en la zona por la presencia de grupos armados -presuntos terroristas- que podrían estar entrenándose en la zona del Sahel (Chad, Níger, Mali y Mauritania), la alarma no ha dejado de sonar. "Resolver el conflicto del Sahara crearía las condiciones para reducir la tensión y disminuir los tráficos delictivos, y traería estabilidad y seguridad a toda la región", declaró la semana pasada el ministro Chakib Benmusa al diario El País.

En la misma línea, el Ejecutivo marroquí no ha perdido ocasión para insistir en que la falta de una situación normalizada del territorio impide que las redes de inmigración clandestina sean erradicadas.

El actual plan de autonomía (en el 2003 Rabat ya anunció que trabajaba sobre esta opción, que obligaría a una reforma constitucional y una nueva regionalización del país) ha sido consensuado con partidos políticos tras haber estudiado los modelos de descentralización, regionalización y federalismo que existen en otros países. En cambio, no ha habido un debate popular. La sociedad civil marroquí sigue, como ocurría bajo el reinado de Hasan II, al margen de esta importante cuestión de Estado.