Continúa creciendo la distancia entre los ciudadanos y los políticos. No es nada nuevo, la cosa viene de atrás. La última demostración ha sido estos días con el referéndum de la denominada “realidad nacional”, Andalucía. Una vez más, como en los casos anteriores del Estatut y el de la Constitución Europea, ha triunfado la abstención. Conviene insistir en que, descontado un porcentaje para la inevitable abstención técnica, el resto debe considerarse como una decisión activa y consciente de una parte del electorado que, de ese modo, manifiesta que con él no va la cosa.

Los partidos, los medios y los analistas políticos afines despachan siempre el tema en un par de minutos diciendo que el asunto es preocupante y que hay que corregirlo. Luego, algunos de ellos, cuando comentan los datos, “olvidan” el de la abstención y así, dentro de poco, oiremos decir que el referéndum andaluz lo aprobó el 87 por ciento de los ciudadanos, que no de los votantes, que fueron poco más de un tercio. La verdad es que a todos esos que forman parte del tinglado les preocupa muy poco la abstención. Más bien les interesa que el stock de votantes en los que ellos trabajan no aumente no sea que vayan a suceder cosas que no controlan y su hegemonía compartida peligre. Son actores de un tingladillo en el que no están dispuestos a que aparezcan nuevos caracteres aunque sean secundarios, porque luego pueden querer ser principales. Total, por ejemplo, en Estados Unidos las elecciones legislativas funcionan con un tercio de votantes y las presidenciales con escasamente la mitad. Así que aquí todavía hay margen.

Esa desafección creciente del ciudadano en nuestro país responde a causas ya bien conocidas que van desde la existencia de oligarquías partidistas hasta creación de temas artificiales que a nadie interesan (el caso más clamoroso es el de las reformas estatutarias en marcha) pasando por la corrupción (que en el tema urbanístico alcanza su, hoy por hoy, cenit) y muchos otros que se resumen en la realidad de una democracia plana, de baja calidad, aquejada de profundos vicios y que sigue deteriorándose.

Frente este nuevo despotismo ilustrado que tiene su aliado imprescindible y decisivo en muchos medios de comunicación alineados y alienantes, parece llegada la hora de la ciudadanía, de los ciudadanos frente a los súbditos. No es casualidad sino que responde a factores profundos, el buen resultado electoral de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en las recientes elecciones autonómicas catalanas. Con escaso tiempo, mínima infraestructura, limitados medios y la hostilidad y ninguneo de los medios, obtener un tres por ciento de los votos y tres diputados es un éxito que puede y debe ser el inicio de algo mucho más importante a escala nacional. El primer reto, otra vez en Cataluña con las próximas municipales y ese resultado será decisivo para la ampliación de ese partido al resto de España, donde ya se está implantando.

El que existan posibilidades de crecimiento, no asegura, ni mucho menos, su éxito. Los obstáculos son formidables. Uno de ellos, el ya señalado del rechazo frontal del establishment a nuevos actores. El segundo, la propia ley electoral, que discrimina brutalmente a partidos pequeños (como se ve claramente en el caso de IU) y prima a los partidos nacionalistas, lo que nos ha llevado a la actual situación de práctica emergencia nacional con dos temas gravísimos como son las reformas estatutarias, con el Estatut al frente y el denominado “proceso de paz”.

Si uno fuera leninista recordaría aquello de “cuanto peor, mejor”. Aunque uno no lo es, es cierto que esta creciente desafección de los electores por la partitocracia puede favorecer a nuevas iniciativas como la Ciudadanos que quieren arrojar un aire nuevo tanto en formas como en contenidos. Su presencia ya se ha hecho notar en el Parlament y en la vida catalana. ¿Ha llegado, por fin, la hora de los ciudadanos?