A las tan recientes elecciones autonómicas andaluzas precedieron unas declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero afirmando que dentro de poco ningún otro país europeo tendrá intercomunicación de alta velocidad como España. En efecto, desde el AVE Madrid-Sevilla de 1992 han aumentado los kilómetros sobre suelo hispano. Madrid, kilómetro cero de las carreteras radiales que empezaron a trazarse a finales del XIX, ha sido también centro radial de los vuelos de Iberia, cuando el Estado apostó, como si fuéramos Estados Unidos, por una comunicación aérea y estableció líneas desde Madrid a casi todas las capitales regionales. Algunas se han suprimido por falta de pasaje y para otras se cubre el déficit con el superávit extraordinario del puente aéreo Barcelona-Madrid, hasta ahora la línea más rentable de Europa.

Ya llegados a los ochenta el gobierno decidió salirse de la promoción de carreteras y comunicaciones aéreas para estructurar las más adecuadas comunicaciones ferroviarias y de ahí la pluralidad de los AVE. Ello ha acabado por dar a Madrid un nuevo centralismo, si es que había perdido algo con las autonomías. Hoy Toledo, Guadalajara, Ciudad Real o Zaragoza constituyen un arco mirífico en torno a un Madrid más pujante que nunca. Sin menoscabo de ello, si el AVE, que desde Madrid no llegará a Barcelona hasta finales de año, se hubiese empezado a la inversa -de la frontera a Madrid-, hoy no correría sólo por el interior de la Península, sino que hubiera establecido la tan decisiva conexión con la red europea de los TGV. Con la añadidura de la dimensión y proyección de Barajas, Madrid se ha convertido en la gran referencia de la Europa del sur. Si antes sólo era capital del Estado, ahora es la capital económica que había sido Barcelona. A ello, además, hay que sumar la proyección cultural de gran relieve. Hoy Madrid ejerce una atracción tan múltiple y variada que algunas comunidades autónomas han pensado que no era cuestión de establecerse por su cuenta y razón fuera de la órbita de Madrid. Eso explicaría, en parte -siempre son múltiples las razones- la bajísima participación del 36% del electorado andaluz en un comicio en que justamente -rara avis- recomendaban el voto tanto el PSOE como el PP. El PP, que se había opuesto primero a la reforma del Estatuto andaluz, se sumó después para no perder el paso. Ahora se arrepiente de ello y culpa a Zapatero de la abstención que demuestra, según ellos, el fracaso de la reforma al alza de los estatutos de autonomía españoles. El PP se opuso a ello a partir del Estatut catalán, que durante casi tres años ha tensado la política, en una España en principio desinteresada por un tema que no estaba relacionado con la vida de cada uno. Ahora el PP, que ha presentado un recurso al TC contra unas disposiciones del Estatut catalán y, encambio, las ha aprobado, casi idénticas, en el Estatuto andaluz, ha visto con sorpresa que su reacción antiestatutaria a lo largo de tanto tiempo ha cundido no sólo en la abstención andaluza, sino en el cambio estructural estatutario que prepara el PSOE. En efecto, el mes próximo se conocerá el manifiesto del PSOE recomendando, cara a las elecciones del mes de mayo, una reducción de facultades estatutarias. Es decir, el establecimiento de unas líneas uniformes para los estatutos existentes y que han de regir los venideros. Le llaman a eso armonización para mantener una línea de igualdad y cohesión, reservándose el Estado unas exclusivas blindadas. El presidente Zapatero, que no previó la reacción no sólo del PP sino del propio PSOE cuando ofreció mantener el Estatut tal cual saliera del Parlament catalán, ahora también ha tenido que echarse para atrás en su programa de ampliaciones estatutarias. El PSOE habrá visto que la rotunda reacción del PP produce efectos en la intención de voto y no quiere arriesgar las predicciones que hasta ahora le son levemente favorables.

El TGV viene a ser el AVE fénix. Con su radiación parece interpretar un centralismo que creíamos suavizado o disminuido con los estatutos surgidos tras la aprobación, ya en la Constitución de 1979, de los tres llamados "históricos", porque existían antes de la Guerra Civil. Funcionaban el de Catalunya y el de Euskadi y se estaba tramitando el de Galicia. Los redactores de la actual Constitución decidieron salvaguardar esos tres estatutos, de los cuales uno, el de Catalunya, por obra y gracia de Tarradellas-Suárez, ya se hallaba vigente.

A raíz de la aprobación del Estatut catalán surgió la demanda de otras regiones, a las que no se les había ocurrido pedirlo en tiempo de la República. Entonces todavía el gobierno Suárez decidió crear unas autonomías menos importantes que las tres citadas para hacer posible, según se dijo, el funcionamiento del Estado. No vieron los aspirantes que la autonomía no era ningún negocio, sino que en, todo caso, eso estaba reservado para los que tienen concierto económico, como Navarra y Euskadi, que no en vano son hoy los dos territorios más ricos de España junto con Madrid, capital del capital.

El caso es que en Andalucía se produjo, a la sazón, una oleada de protesta porque no querían ser "Autonomía de segunda". La irritación fue intensamente jaleada por el Partido Andalucista y el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra. Tan grande fue la tormenta que en la nave de la UCD, que entonces navegaba viento en popa, se produjo un resquebrajamiento que en realidad anunciaba su ulterior naufragio.