El secretario general de la Federación del Metal de UGT, Eduardo Donaire, acaba de realizar unas nuevas declaraciones, en exclusiva para el diario El Comercio de Gijón, periódico que por evidentes razones de proximidad, da una atención preferente a las polémicas actuaciones urbanísticas en los astilleros de de la bahía gijonesa, en estos términos, que sorprenden por su llamativa falta de sentido de la oportunidad: el futuro de la construcción naval en la bahía de Gijón pasa por que sus dos astilleros se concentren en una sola factoría en El Musel. Indicó que Juliana, dentro de 10 ó 15 años, estará presionada por el crecimiento urbanístico de la ciudad y «habrá que dar respuesta a este posible escenario».

Ni esta polémica es nueva en El Comercio, ni es la primera, ni la segunda, ni siquiera la trigesimoprimera vez que Donaire coloca en ese periódico su plan para los astilleros, pero sí es la primera ocasión en que lo dice con una sentencia en la mano, emanada de los tribunales de lo penal, con la que se condena a tres años de cárcel a los dirigentes sindicales Juan Manuel Martínez Morala y Cándido González Carnero, dos sindicalistas que han sido procesados a instancias de la Fiscalía, basándose en unos testimonios de la Policía y en una reclamación de daños del Ayuntamiento de Gijón. Dice estas cosas Donaire, cuando en toda España los ciudadanos que se sienten de izquierdas se están desayunando con la noticia de la sentencia contra Carnero y Morala, publicada primero por El Mundo, y después por El País, con amplia repercusión en otros diarios, radios y televisiones.

Las repercusiones de esta sentencia están teniendo una dimensión emotiva, sociológica y costumbrista, pero en ningún medio de comunicación se plasma su dimensión real, material, constatable, algo que tiene que ver, tal y como denuncian los dos sindicalistas, por activa y por pasiva, con estas propuestas del dirigente ugetista, Donaire, que se refiere con toda claridad a eso que él considera que es el futuro, al afirmar que "Juliana, dentro de 10 o 15 años, estará presionada por el crecimiento urbanístico de la ciudad". Hablamos de un espectacular "pelotazo", que a nuestro entender, debe ser aclarado lo antes posible en los tribunales de justicia, para que la tensión que está creando la condena de Carnero y Morala se conduzca por el camino de la verdad y de la justicia, y no por el del atropello y la injusticia más flagrante, que es en lo que estamos ahora.

Aquí es donde conviene dejar claro que el sindicalista Donaire sigue jugando al juego al que todos los políticos quieren jugar con los asturianos, cuando engañan a los ciudadanos, colocando la presión urbanística sobre los astilleros como un futurible, cuando es una realidad palpable y demostrable, e inducida desde el poder -con un "atraco" ya consumado-, y hasta tal punto es así, que el mismo periódico que publica las declaraciones de Donaire, reconocía hace unos días que las maniobras vienen de lejos. Vean lo que contaba al respecto El Comercio del 26 de enero de este mismo año, refiriéndose precisamente a la misma zona de la que habla Donaire, el barrio del Natahoyo, que es el más alejado de la playa de Poniente, donde empezó toda la operación, con la promoción de los Edificios Barco del grupo de empresas Progea, vinculada a Izquierda Unida, con la que Vicente Álvarez Areces dejó atados y bien atados a sus eternos socios de gobierno: Mientras el mercado inmobiliario se mueve, el Plan Especial de Reforma Interior sigue sin concretarse. Hace ya un año y medio, la empresa Gesai empezó a comprar naves y suelo para edificar 250 pisos. Pretendían desarrollar el plan del PGOU que afecta a una superficie de 21.852 metros cuadrados, mayoritariamente ocupada por instalaciones industriales, aunque también hay varias viviendas. Según ha podido saber EL COMERCIO, la compra de terrenos ha continuado e incluso algunas empresas han reubicado ya su actividad industrial. Pero, por el momento, la promotora no ha presentado ninguna documentación oficial en el Ayuntamiento, tal y como confirmó ayer el concejal de Urbanismo, Jesús Morales.

Detrás del Caso Cándido y Morala hay una vergonzosa y descarada operación inmobiliaria, con una posible deriva penal, en lo que es el camino que deberían seguir los ciudadanos que deseen probar que la persecución a la que los gobiernos municipal y asturiano les está sometiendo, tiene unas motivaciones perfectamente definidas. Hablemos claro: los terrenos de los astilleros de Izar-Juliana acaban de ser entregados, libres de cargas -saneados con cargo a los prespuestos-, a una misteriosa empresa de Vigo llamada Talleres Vulcano, por dos millones de euros, a sabiendas de que su valor en el mercado puede alcanzar los cien millones, tal y como se demuestra con información de la prensa, sin ir más lejos, en la que se utilizan parámetros que nada tienen que ver con la realidad, pues dificilmente se puede plantear, como se hace en las especulaciones periodísticas inducidas por la UGT, que las "plusvalías" que se puedan obtener por la venta de los terrenos van a ser empleadas en la construcción de un astillero, dado que esas "plusvalías" ya están realizadas en la contabilidad de las sociedades titulares de los terrenos, y por lo tanto valorarlas sobre el precio de adquisición es embaucar a los inocentes, con lo que queda de manifiesto que "álguienes" se comieron ya con esta venta, cerca de quince mil millones de las antiguas pesetas.

En el diario El Comercio del pasado 8 de junio, se podía leer esta amenaza: El secretario de Política Sindical de la Federación del Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, Carlos Romero, avisó ayer en Gijón a los trabajadores del astillero público que si mantienen su rechazo al preacuerdo alcanzado con la SEPI, la factoría entraría en riesgo de cierre a partir del próximo mes de agosto, cuando finaliza el plazo para cerrar la compra del centro por parte de Vulcano. Finalmente los trabajadores cejaron en su empeño de oponerse a la compra, que mejor se deberíar llamar regalo -o si lo prefieren "atraco", puesto que hablamos de dinero público- del solar más jugoso de la historia contemporánea de Asturias, y esto se hizo, ¡agárrense!, porque tal y como señaló el Gobierno, ni más ni menos que a través de la Vicepresidenta Primera, María Teresa Fernández de la Vega, la venta "garantiza la viabilidad" de los astilleros, ya que las adjudicatarias les otorgarán "estabilidad" en el futuro, tal y como recogió la noticia La Vanguardia, junto con muchos otros medios de comunicación.

¿Vamos a tolerar que se haya vendido el verano pasado en dos millones de euros, lo que costaba cien, porque era imprescindible venderlo así, para asegurar su estabilidad, a sabiendas de que allí había ya inmobiliaras comprando todo lo que está situado alrededor de esos terrenos (la línea poligonal que cierra el entorno de Izar en el plano, es el futuro Plan Especial del Natahoyo), para que a los pocos meses la "estabilidad" prometida, ni más ni menos que por la Vicepresidenta De La Vega, se trueque en urgente necesidad de un traslado a financiar con unas inexistentes plusvalías, que en realidad ya se han merendado los que se las tenían que merendar? ¿Puede alguien que sea honrado y justo, a la vista de este "atraco" perpetrado contra los bienes públicos, insistir en que quienes protestan por este "atraco" son unos delincuentes, y los que lo perpetraron unas "hermanitas de la caridad" que se escandalizan por el enfado de la sociedad ante tanta tropelía?

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