El resultado del referéndum para la ratificación del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía —una participación total de poco más de un tercio del censo electoral (6.185.664 personas)— acredita, por si hiciera falta, el creciente divorcio que separa en la España de hoy los intereses y la actividad ciudadanos de los que, ellos sabrán por qué, centran la atención de quienes dicen ser nuestros representantes.

El chusco sistema electoral sobre el que se edifica la democracia a partir de la Constitución del 78, especialmente la imposición de listas cerradas y bloqueadas, ha degenerado la que debió ser una España representativa y parlamentaria en una apariencia en la que los partidos políticos, sus cúspides, tienen secuestrada la voluntad colectiva.

Cuando, por ejemplo, Manuel Chaves fue, en el 2001, el primer presidente en anunciar una reforma del Estatuto de su Autonomía, puso en marcha un movimiento, de espaldas a la demanda social, que pronto animó a Cataluña y el País Vasco. Ibarretxe y Maragall fueron los primeros en ordeñar la idea del andaluz. ¿En beneficio de quién? De ellos mismos. Sacándose de la manga una “imperiosa necesidad”, según el modelo de los prestidigitadores clásicos, desviaron la atención de los ciudadanos y la centraron en algo inútil que, además, arrastra y seguirá arrastrando un rosario de perniciosos efectos secundarios. De momento, ya tiene la Nación española hecha unos zorros.

Una abrumadora mayoría de los que acudieron a las urnas —algo irrelevante en sus valores absolutos— le han dicho “sí” a una pregunta que nunca había surgido de sus conciencias cívicas, a una cuestión forzada por el interés socialista y torpemente, sólo por no perder el tren electoral, secundada por el PP. El PSOE tiene que vestir el santo que define su “política territorial” entre el soberanismo y el centralismo, y nada mejor que Andalucía para disimular el estrago que han generado en Cataluña, perpetran en el País Vasco y que, camino de la federalización de un Estado secularmente unitario, constituye el ideario de esa fantasmagoría que responde al nombre de José Luis Rodríguez Zapatero y reside en la Moncloa.

Andalucía, como Extremadura, es el gran vivero electoral de los grandes partidos nacionales cuando llega el momento de las comicios legislativos; pero, curiosamente, Andalucía, que no ha conocido más gobiernos estatutarios que los socialistas, continúa entre los furgones de cola de la riqueza nacional. ¿Es un nuevo Estatuto lo que precisa Andalucía o le sería más útil un marco gubernamental que, verdaderamente, fuera capaz de propiciar el desarrollo económico del territorio y el bienestar duradero de sus habitantes?

En Cataluña fue una participación de 48,8 por ciento la que dio vía libre al Estatut. En el caso andaluz estamos sensiblemente por debajo; pero, en lo fundamental, no hay grandes diferencias. En ambos casos la legitimidad del resultado, no su legalidad, queda en entredicho y, sobre todo, pone en evidencia la escasa representatividad de quienes ocupan los escaños del Parlamento de Sevilla con respecto a quienes votaron a un lote con sigla para que defendieran sus intereses. No los de la sigla y, menos aún, los que, con respecto a la sigla, tienen sentido en ámbitos más amplios que el andaluz.

El PSOE se dispone hoy para que su ejecutiva federal apruebe una nueva idea territorial de España, la que viene acunando Zapatero en sus sueños de grandeza. ¿Un camino hacia un nuevo modelo de Estado? Hay que recordar que en una democracia que vaya más allá de sus formalismos litúrgicos, nada es válido sin el respaldo de la voluntad colectiva y que esa voluntad se expresa a través de los representantes populares. ¿Alguien conoce el nombre, no el partido, de su representante?