Cuando unos indicadores poco representativos no reflejan la economía real, de Carlos Sánchez en El Confidencial
El Gobierno está eufórico por el balance macroeconómico del año 2006. Habla, incluso, de que se trata del mejor ejercicio de la Historia económica de España. Y para avalar esta afirmación recuerda que el Producto Interior Bruto creció el año pasado un 3,8%, el superávit presupuestario fue equivalente a un punto y medio del PIB, el Índice de Precios de Consumo se sitúa ya en el entorno del 2,5% y la deuda pública ha caído en picado hasta representar únicamente el 40% del PIB. En definitiva, un cuadro macroeconómico impecable que para sí lo quisieran muchos gobernantes europeos. Y cuya guinda la representa el hecho de que este país fue capaz de crear el año pasado más de 650.000 empleos. Con este bagaje económico es con el que pretende presentarse a las próximas elecciones, tanto a las del 27 de mayo como a las generales de marzo de 2008.
Habrá quien piense -a la luz de los anteriores datos- que vivimos en el mejor de los mundos posibles. El ministro Caldera, incluso, habla ya abiertamente -sin ningún rubor- de que España está cerca del pleno empleo. Aunque tenga una de las tasas de ocupación más bajas del continente europeo. El viejo sueño de cualquier gobernante, por la tanto, está a punto de cumplirse si ese análisis, que peca de simplista, fuera cierto.
En realidad no es oro todo lo reduce. Y no sólo por la existencia de grandes desequilibrios que se esconden tras las grandes cifras -productividad, pérdida continuada de competitividad o un gigantesco déficit exterior-.
La clase política ha acostumbrado a la opinión pública -también a los medios de comunicación- a manejar una serie de indicadores que vienen a ser algo así como la prueba del nueve de la marcha económica de un país. Si una nación cumple esos parámetros, es que las cosas van bien. Si no los cumple, es que las cosas no funcionan. Nada más lejos de la realidad.
El resultado sería cierto si el cuadro de mando de la economía recogiera otros muchos indicadores que, sin embargo, no aparecen por ningún lado. Para conocer la marcha de un país –aunque a estas alturas del siglo parezca antiguo- no basta con saber cuánto crece el PIB, sino también cómo se reparte la renta generada por su aparato productivo. De la misma manera, difícilmente se puede analizar con rigor la marcha de una nación sin evaluar correctamente los costes medioambientales de un determinado patrón de crecimiento. Por ello, lo más sensato sería que los especialistas alcanzaran un consenso sobre la creación de un nuevo cuadro de indicadores que recogiera con más exactitud la realidad económica del país. Incluyendo, por supuesto, una comparación internacional sobre la calidad del sistema educativo, el nivel de prestaciones sanitarias y, por supuesto, el gasto en servicios sociales, incluyendo vivienda o cultura.
Guillem López-Casanovas , consejero del Banco de España, lo acaba de exponer en un reciente artículo publicado en la prensa. Sostiene el profesor López-Casanovas que la utilización de indicadores habituales como renta por ocupado o renta per cápita, frente al más tradicional del PIB y su reparto, no ayuda a conocer de verdad el bienestar de los ciudadanos. Y pone como ejemplo las distorsiones provocadas por la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. El autor, como no podía ser de otra manera, admite que en una familia cuando la pareja trabaja aumenta la renta disponible, pero recuerda que, al mismo tiempo, y aquí está el meollo de su análisis, también crecen los gastos necesarios para su obtención, ya sea por la necesidad de comer fuera de casa, los gastos domésticos derivados del efecto sustitución o incluso por el gasto en guardería para los más pequeños. Es decir, que lo que habría que hacer es tener en cuenta las rentas netas -lo que realmente se queda en casa- y no las brutas, que vienen a ser una especie de ilusión monetaria. La conclusión que saca este profesor de la Pompeu i Fabra es que no sólo hay que fijarse en cuánto crece una economía, sino también en cómo se reparte.
Con el medio ambiente ocurre algo parecido. El PIB sigue sin tener en cuenta el efecto devastador que para nuestras costas tienen una política económica basada en el ladrillo. Y que entre sus consecuencias más evidentes se encuentra la gran cantidad de emisiones tóxicas que este país echa al atmósfera como si el cambio climático fuera un problema de otros países, no de España.
La pasada semana, nada menos que 28 organizaciones pidieron a la Comisión Europea que no dé su aprobación al Plan Nacional de Asignación de Emisiones presentado por el Gobierno español hace unos meses. La noticia es relevante teniendo en cuenta que España se encuentra entre los tres países firmantes del Tratado de Kioto que más incumplen sus compromisos. No es un asunto menor. Y por eso sorprendente que el análisis económico siga haciéndose en términos estrictamente cuantitativos –más fáciles de medir-.
La calidad del aire que respiramos, el reparto de la renta, la remuneración real de los salarios, el poder adquisitivo de las pensiones y, por supuesto, la cualificación profesional de los trabajadores son asuntos tan importantes que deberían aparecer en el cuadro de mando de la economía española. Aunque el resultado no guste al Gobierno.
