EL PARLAMENTO Europeo ha confirmado que los aeropuertos de numerosos países del Viejo Continente, incluido el nuestro, han sido utilizados por la CIA para trasladar a ciudadanos detenidos ilegalmente (secuestrados) a los innumerables campos de tortura que EE.UU. tiene diseminados por todo el mundo, incluida, claro está, la base de Guantánamo.

Al considerar probados tales hechos, la Eurocámara plantea, justamente, un enorme desafío moral y político al conjunto de las sociedades europeas. Porque es evidente que las prácticas denunciadas no sólo desacreditan a los Gobiernos que las permiten y amparan, sino que impugnan abiertamente el sistema de valores sobre el que se asienta nuestra civilización.

En cuanto a su significado jurídico y moral, estos hechos subrayan una necesidad: la de depurar, de forma ejemplar, todas las responsabilidades a las que hubiere lugar. Es así como se defiende y sostiene la democracia: mediante la condena de quienes la quebrantan con graves violaciones de los derechos humanos, y no escondiendo bajo la alfombra los gérmenes de podredumbre moral que pueden incubarse en las alcantarillas del Estado.

Porque los hechos denunciados y probados por el Parlamento Europeo entran de lleno en la categoría de actuaciones que denigran moralmente a las personas que las ordenan, a las que las permiten y también a las que las ejecutan. Representan además un inmenso regalo a los psicópatas que envían a los niños a inmolarse en medio de la multitud y que necesitan demostrar que el apocalipsis es el único modo de acción política posible.

El mundo musulmán está soliviantado y humillado, y estos hechos no pueden sino alimentar el odio y allanar el camino a los fanáticos. Ahora bien, el regalo a los integristas no se lo han proporcionado quienes han denunciado y difundido estos excesos, sino aquéllos que los han perpetrado. En todo caso, su investigación y denuncia ha permitido someterlos a escrutinio, superar el oscurantismo y evitar la más absoluta impunidad.

Corresponde ahora a las sociedades democráticas y a sus Gobiernos demostrar que no toleramos esas repugnantes prácticas, que nuestro sistema de valores las condene enérgicamente, y que somos capaces de castigar estas vergonzosas actuaciones con el debido rigor.

Por eso el Gobierno no puede esconderse, como hace José María Aznar. Ni limitarse a echar balones fuera balbuceando tonterías, como Mariano Rajoy. Está obligado a dar una cumplida explicación. De lo contrario dará la impresión de que, como el anterior, confunde amistad con sumisión y vasallaje.

En esta encrucijada histórica, las democracias que constituimos la Unión Europea tenemos la obligación moral de alzar nuestra voz para que ésta se escuche con nitidez en Washington y en todo el mundo.

De lo contrario, cuando en el futuro tengamos que rendir cuentas, serán muchos los que señalándonos con el dedo repetirán la sentencia de Tácito: «Extendieron la desolación y la llamaron paz».