La crisis del Tribunal Constitucional arde en las llamas de Fahrenheit 451, de Carlos Sánchez en El Confidencial
Corría el año 2003, poco antes del 14-M, cuando la Fundación Alternativas -un think tank vinculado intelectualmente al mundo de la izquierda, y en particular al PSOE- publicaba un trabajo sobre las relaciones, siempre tormentosas, entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. El artículo decía lo siguiente: “Con las naturales excepciones, parece claro que la ‘calidad’ de los magistrados [del TC] ha disminuido, tanto en términos estrictamente técnicos como de sensibilidad constitucional”. El articulista no ponía nombres y apellidos en su opúsculo, pero daba algunos detalles sobre la identidad de los destinatarios de tan claro mensaje. “Es fácil apreciar una cierta tendencia de las mayorías y gobiernos del Partido Popular a designar personas de marcado carácter conservador que no parecen muy identificados con los valores constitucionales, no faltando ejemplo -añadía el autor del trabajo- de personas vinculadas políticamente con el régimen franquista”.
El artículo, como suele ocurrir en este tipo de estudios, no aportaba datos precisos sobre la identidad de los aludidos, pero parece razonable pensar que uno de los magistrados a los que se refería el autor del texto es el leonés Roberto García-Calvo, miembro del Tribunal Constitucional desde 2001 -nombrado a propuesta del Partido Popular-, y durante algún tiempo gobernador civil de Almería en las postrimerías del franquismo.
El texto no pasaría de un exabrupto más -nada extraordinario en un país acostumbrado a los excesos- si no fuera porque el autor del artículo responde al nombre de Pablo Pérez Tremps, un profesor de derecho constitucional que se ha hecho célebre en los últimos días al calor de su polémica recusación como magistrado para intervenir en el procedimiento que estudia el Estatut catalán. García-Calvo, por si alguien no lo recuerda, fue unos de los seis magistrados que votaron a favor de la recusación de Pérez Tremps, que por entonces no debía haber calibrado que poco tiempo después iba a compartir mesa y mantel con el aludido magistrado del Constitucional. Lo más curioso del asunto es que el profesor Tremps deslegitima a sus compañeros de pupitre, lo que no parece un ejercicio de sensatez para alguien que ahora reivindica la independencia y hasta la decencia del alto tribunal.
El ángel exterminador
El artículo de Pérez Tremps no pasará a los anales del constitucionalismo -tampoco lo pretendía-, pero pone de manifiesto los excesos a los que está sometida la opinión pública española por culpa de una clase dirigente -aquí habría que incluir a los magistrados del TC y otros pretendidos juristas- que habla y habla sin parar, como si las palabras se las llevara el viento. Como si el ángel exterminador que se describía en Fahrenheit 451 quemando libros y hemerotecas hubiera triunfado. Para un jurista que se precie de ello, y Pérez Tremps escribía como tal, que se sepa no lo hacía como político profesional, el hecho de que alguien fuera gobernador civil en 1976 -y, por lo tanto, secretario general del Movimiento- debería ser irrelevante. A no ser que algún texto legal impida ser funcionario a quien hubiera ocupado cargo público o jurado los Principios Fundamentales del Movimiento durante el franquismo.
Pocas cosas hay más despreciables en este país que todo lo que huela a una Dictadura que sembró el terror y arruinó a la nación durante décadas, pero a estas alturas del siglo venir con la cantinela del franquismo es, simplemente, contribuir a hacer irrespirable este país (al menos en términos del principio de legalidad); entra otras cosas por el hecho de que es muy probable que el propio Pérez Tremps haya tenido que jurar los Principios Fundamentales del Movimiento para acceder a su condición de funcionario público, tal y como por entonces establecía la normativa vigente.
Ese clima irrespirable al que la opinión público española se ve sometida es el que, igualmente, puede explicar que algunos miembros del Consejo General del Poder Judicial hablen con naturalidad de asuntos públicos que ellos mismos deben analizar a la hora de elaborar sus dictámenes. Casos como los de Enrique López, el portavoz del CGPJ, o José Luis Requero son evidentes. Ambos se han acostumbrados a ir de medio en medio dando su opinión sobre lo divino y lo humano, utilizando para ello todo tipo de improperios incompatibles con su pertenencia a un órgano que debe regirse por los principios de la ecuanimidad. Aunque el CGPJ no es un órgano jurisdiccional, sí debe dar su opinión de forma motivada sobre textos legales que le llegan del Ejecutivo, por lo que manda la imparcialidad, a no ser que -como muchos piensan- el Poder Judicial no sea más que un mero apéndice del Parlamento. No les falta razón.
El patio de monipodio en el que se ha convertido la política española permite este tipo de plétoras. Hasta el extremo de que a los dirigentes políticos no se les juzga por su valía profesional -como pone de manifiesto el nombramiento de Mariano Fernández Bermejo-, sino por su capacidad para hacer ruido.
Habrá quien piense que la democracia tiene estas cosas. Que los gobernantes, con el aval de las urnas, pueden hacer de su capa un sayo y nombrar a quien les plazca para ocupar los cargos públicos. Craso error. No hay democracia sin demócratas, y si los poderes públicos se empeñan en ello acabarán por emponzoñarlo todo.
