Hace unas pocas semanas que la justicia chilena ha sobreseído las causas pendientes contra seis miembros de la familia Pinochet, cuyas cuentas corrientes atesoran unos millones de dólares de imposible justificación. Solamente se mantienen acusaciones contra el albacea Óscar Aitken, y contra el hijo menor del general por una irregularidad individualizada de éste. ¿Qué nuevo calificativo podemos aplicar a la justicia de aquel país, aparte de penosa, calamitosa,y tantos otros que ya ha recibido con reiteración? El nuevo pronunciamiento judicial nos sitúa en los mismos parámetros y en la misma dualidad, demostrando la ya conocida división de aquella sociedad: mientras amplísimos sectores sociales rechazan rotundamente la figura del viejo tirano -ya lo han demostrado otorgando electoralmente la presidencia a una candidata socialista-, otros poderosos elementos, como los incrustados en la judicatura, siguen garantizando la impunidad de una familia sin escrúpulos, cuya corrupción económica abusó de su desvergonzada prepotencia, al amparo de un intocable poder dictatorial.

Se trata de la misma división social que volvió a manifestarse en el propio funeral del dictador. Recordemos que, en el transcurso del acto, uno de sus nietos, capitán del ejército, dio lectura a un discurso no previsto en el protocolo oficial. Sus conceptos básicos fueron concienzudamente repugnantes: apología del golpe de su abuelo en 1973, crítica despiadada a la clase política, absoluto desprecio al poder civil emanado de las urnas, olímpica ignorancia del dolor y de la dignidad de las víctimas, etcétera. Toda la peor morralla militarista, toda la bazofia moral del golpismo, del intervencionismo castrense, de la plena autonomía militar por encima de la sociedad civil, todo el descaro del más cerrado corporativismo habituado a la impunidad pura y dura, fueron los ingredientes de aquel patético discurso. Producto lógico de unas convicciones retrógradas, engendradas por una pésima formación militar, desconocedora de todos los requisitos que deben caracterizar a un ejército democrático de nuestro tiempo.

Todo ello, naturalmente, en medio de los aplausos de aquel puñado de pinochetistas acérrimos que, puestos a negar, niegan los excesos criminales del general, como si éste no los hubiera cometido ni ordenado, como si todos sus procesamientos judiciales por los asesinatos y torturas perpetrados fueran fruto de las calumnias de la malvada conspiración izquierdista internacional, y como si todas sus apropiaciones delictivas, fugas de capitales, evasiones fiscales, falsificaciones documentales y demás delitos económicos fueran igualmente inventados por la calenturienta imaginación de sus supuestos calumniadores. O, peor aún, sabiendo que sus asesinatos y torturas fueron muy ciertos, pero asumiendo miserablemente que los inmensos sufrimientos infligidos estuvieron muy bien empleados, puesto que eran patrióticamente aplicados contra los perversos socialistas que ocupaban el poder.

El resultado del intolerable discurso no se hizo esperar: pocas horas después, el capitán era expulsado del ejército. La autoridad civil -la presidenta Bachelet, ausente de la ceremonia, y la ministra de Defensa, presente en ella- tomaron la correspondiente decisión.

El suceso de signo opuesto se produjo en la parte final del propio funeral, cuando el público fue autorizado a pasar ante el féretro. Algunos de los fieles admiradores, cuadrándose ante el cadáver, saludaban brazo en alto, dentro de la más rigurosa ortodoxia nazifascista. Pero, de pronto, ocurrió lo inesperado: otro de los ciudadanos de la fila, inclinándose sobre el féretro, escupió sobre la parte de cristal que permitía ver el rostro del cadáver. Sólo la lámina de vidrio se interpuso, impidiendo que la saliva alcanzase su objetivo natural. Pero el acto simbólico ya estaba consumado.

Y también humanamente explicado. El joven que escupió no era un cualquiera, uno de tantos chilenos que odian al viejo criminal. Era otro nieto. Nieto nada menos que del general Carlos Prats, el militar que precedió a Pinochet en la jefatura de aquel ejército. El general Prats, militar constitucionalista y antigolpista, que -paradójicamente- fue quien propuso al presidente Allende el nombre de Pinochet como su sucesor al frente del ejército, fue asesinado por orden de éste en su exilio de Buenos Aires, junto con su esposa, en septiembre de 1974, por un atentado de la siniestra DINA, obedeciendo las órdenes directas del dictador. Aquel rotundo "La DINA soy yo" prevaleció una vez más.

La historia se expresa a su manera -esta vez a través de los nietos- marcando la misma división 30 años después.