Es discutible pero se entiende, y por supuesto se acata, la recusación del profesor Pérez Tremps como magistrado del Tribunal Constitucional, a la luz de lo dispuesto en la Ley del Poder Judicial. Pero nadie profundiza en las causas de su incompatibilidad al inspirar artículos del Estatut alusivos a las relaciones exteriores de Cataluña, aunque su informe fuese muy anterior a su designación para el alto tribunal.

En cambio, todos los análisis de lo ocurrido y de lo que puede ocurrir vienen predeterminados por el recuento de afinidades políticas. El origen de los doce nombramientos pesa más que el episodio de contaminación individual que afecta a Pérez Tremps. Y ahí está, a mi juicio, la verdadera contaminación, la del sistema, la corporativa, la que afecta a la institución, y no tanto la que afecta a un magistrado. Al menos ésta es más controlable y menos peligrosa que aquella.

Es fácil comprobarlo. Todas las referencias editoriales o informativas sobre el asunto pasan por el significado del 6 a 5, absolutamente previsible en el alineamiento de voluntades cuando llegue la hora de pronunciarse sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña. Esa es la perversión: la afinidad política a las tesis del PSOE o a las del PP como único método para anticipar la suerte del Estatut en su paso por el Tribunal Constitucional.

Nadie está pendiente de un fallo razonado, razonable, corporativo, alumbrado por el alto magisterio del Tribunal Constitucional. Nada de eso. Por un lado, el del PP, se celebra de antemano una derrota de las tesis del Gobierno, y por otro, el del PSOE, se ponen velas a todos los santos para que Pérez Tremps opte por la dimisión y se designe a un sustituto que restablezca el equilibrio de 6 a 6 con voto de calidad de la presidenta, afín al Gobierno. Es lo que va ocurrir con un altísimo grado de lógica.

Sería una chapuza, dicen en el PP. Sí, pero no mayor que decidir sobre la constitucionalidad del Estatut según el consabido juego de afinidades políticas, cuya aritmética se rompe sobre la marcha por un caso de recusación decidido, asimismo, en función de esas mismas afinidades. Sustituir a Pérez Tremps por alguien igual de próximo a las tesis del Gobierno sería simplemente coherente y continuista respecto a la chapuza que consiste en descifrar la voluntad de un alto tribunal según un compromiso adquirido por sus miembros al ser nombrados.

Quienes se rasgan las vestiduras ante la previsible dimisión de Pérez Tremps también hablan de indignidad. No se entendería que la incompatibilidad fuese una buena causa de recusación pero no de dimisión. En todo caso, es algo subjetivo. Lo que no se puede decir desde fuera es cómo ha de actuar este magistrado o imponerle la medida de los desperfectos causados en su dignidad. ¿Bastante para abstenerse de intervenir en el caso del Estatut pero insuficiente para dimitir como magistrado?

Hombre, esto debería decidirlo él y sólo él. A quienes ya están calificando su conducta, incluso antes de haber dimitido, se les nota demasiado que solo les importa la posibilidad de que cambie ese 6 a 5 a favor de las tesis del PP. ¿Y en la otra parte no sueñan con volver al 6 a 6? Pues claro, exactamente igual. Es lo que trataba de decir, que lo malo es el sistema y que ni el PSOE ni el PP son inocentes respecto a la importancia que le dan a la decisión del profesor Pérez Tremps.