El poder judicial está politizado? La controversia entre los que responden afirmativamente o negativamente a esta pregunta va subiendo de tono. Pero lo más curioso es que muchos de los que ahora denuncian una pretendida politización de la justicia son los que más han hecho para que eso sea posible. Porque una conclusión es evidente: si la justicia está politizada, esto es, fundamentalmente, responsabilidad de los políticos. Nadie ha instrumentalizado más la justicia que los responsables de la acción política que, a lo largo de estos últimos veinticinco años - como mínimo-, han trasladado a la justicia la solución de problemas de naturaleza estrictamente política.

Que nadie se sorprenda ahora, desde la política, por el hecho de que la justicia se diga politizada. En este país, para ganar elecciones se ha acudido a la justicia; se han formulado denuncias y querellas que no tenían ningún otro fundamento que no fuera el de la ambición política; se ha acudido al fiscal para trasladarle hechos, actos y conductas que sólo merecían valoración política. Y las resoluciones favorables han sido presentadas como aval de un comportamiento político y las desfavorables como expresión de la politización de la justicia.

¡Muy pocos son los que en este campo pueden tirar la primera piedra!

Esta situación es absolutamente negativa, pero muchos de los que denuncian ahora la pretendida politización de la justicia lo que en verdad están acusando es que esta politización no les es favorable en este momento. No se denuncia el concepto ni el problema, se pone de manifiesto que el resultado de esta situación no les es favorable en la coyuntura presente.

La justicia constituye un valor fundamental de un Estado de derecho. En la práctica, es la expresión de la garantía más solemne de los derechos y libertades que la Constitución reconoce. Por tanto, la sospecha de su politización causa graves perjuicios a la salud democrática del país. Y levantar la bandera de la politización al servicio de intereses partidistas es un acto de grave irresponsabilidad.

En un régimen totalitario, esto no debería sorprender. Y por ello, el franquismo no sólo instrumentalizó el poder judicial, sino que lo ocupó.Pero desde la consolidación del Estado democrático y de derecho que España es hoy, la independencia de la justicia descansa, entre otras cosas, en que jueces y magistrados lo entiendan así y los políticos la respeten.