Para controlar la velocidad de los vehículos hay quien sugiere que éstos tengan de fábrica un límite en el motor. Por más que se quiera correr, el pedal no responde. Algo parecido ocurre con la universidad en España: el sistema vigente no la deja avanzar. Tiene un tope, o una piedra, en el pedal. Es la dependencia, aún, del modelo europeo más anticuado de universidad, con una organización piramidal y clientelar adentro, y una sujeción feudal afuera, se entiende al poder político. Éste fija títulos, planes de estudio, presupuestos, y toda clase de movimientos del personal, desde el rectorado hasta los alumnos aspirantes a estudiar.

Pero a pesar de las reiteradas y a veces retóricas quejas sobre los defectos de enfoque y de gestión, casi nunca se denuncia el modelo mismo de nuestra universidad, porque va en ello el reparto organizativo actual (cuidado, la Academia es más antigua que la Iglesia) y el miedo a provocar acusaciones de elitismo. Por eso las universidades españolas se van quedando atrás en prestigio internacional, competitividad en el mundo global y retorno de activos económicos y científicos a la sociedad que la financia, en contraste con otros países, que incluso dedican menos capital público a la universidad como tal. Ésta todavía funciona aquí con el lastre del burocratismo, la centralización y la dependencia del Gobierno central o autónomo. Así no se avanza. Se malgasta dinero de los contribuyentes y se frustran las expectativas de profesores y estudiantes.

La autonomía universitaria es todavía la universidad de las autonomías. Falta la autonomía real de las universidades para que crezcan según recursos proporcionales a su esfuerzo y aportación a la formación superior. No basta con un sistema descentralizado; hace falta cambiar a un modelo en red, todo lo conectado que se quiera, pero liberado de la idea de troncalidad y sistema, que no encontramos en los países con las mejores universidades. Los títulos y planes se deben adaptar o convalidar, es decir, coordinar sobre verdaderos mínimos, no hacerlos depender de un catálogo y unos planes homologados. Eso es una rémora, un lastre que perjudica a la universidad pública. Y es dudosamente nacional o solidario,porque se prefiere la medianía centralizada a la excelencia descentralizada.

El proyecto de ley de reforma de la actual ley orgánica de Universidades es un paso adelante, sensato y necesario, como puesta al día de la maquinaria académica, pero la mantiene a ésta agarrada, con sus comisiones centrales de evaluación y acreditación de profesores, y con el riesgo de las simpatías personales, si no del partidismo, a la hora de rellenar sus actas. No se ve aún una fórmula para evitar la endogamia, o por lo menos aquella en favor de los malos candidatos locales. Ni tampoco se facilita la movilidad del profesorado entre centros. Los estudiantes, por su parte, no son urgidos a desarrollar una carrera de excelencia, sin que, como hoy, abandonen la universidad ni permanezcan tanto tiempo en ella. Esto es gravoso, es dinero que debería servir, en cambio, para que los alumnos trabajaran en grupos reducidos y personalizados.

Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? No es que haya intereses creados;el universitario de hoy es profesional y responsable. Existe un modelo anquilosado de universidad que afecta a mucho más que su gestión y dirección: limita la libertad de trabajo que requiere la calidad universitaria. La nueva ley es mejor que la actual, pero habrá que abrir pronto un proceso constituyente de los centros universitarios de calidad.

N. BILBENY, catedrático de Ética de la Universitat de Barcelona.