Más de un millar de personas apoyan a Morala y Carnero de Chema Fernández en El Comercio
La fiscal mantiene la petición de cuatro años de prisión y la defensa pide la libre absolución ante unas pruebas «endebles» Los acusados dicen que son «víctimas de un montaje político que persigue especular con el terreno de los astilleros»
Más de un millar de personas, a los gritos de «¿Todos somos Cándido y Morala!, arroparon en la mañana de ayer, ante las puertas de los Juzgados de Poniente, en Gijón, a los dos dirigentes de la Corriente Sindical de Izquierda encausados por los destrozos originados con explosivos en una videocámara durante una de las movilizaciones de los trabajadores de Naval Gijón, concretamente el 10 de marzo de 2005. Para Juan Manuel Martínez Morala y Cándido González Carnero la Fiscalía pidió, en sus conclusiones, una condena de cuatro años de cárcel, multa de 12 euros mensuales durante 30 meses y una indemnización de 5.600 euros por los daños causados.
La vista duró dos horas y en el transcurso de la misma declararon cuatro policías nacionales, por parte de la Fiscalía; dos peritos de los Tedax, que determinaron la composición de los explosivos -pólvora de voladores y petardos-, también a petición del Ministerio Público, y dos trabajadores de Naval Gijón y dos redactores gráficos, llamados por la defensa.
La defensa de los sindicalistas corrió a cargo del letrado Juan Mariano Prieto Santos, que consideró inconsistentes las argumentaciones y las pruebas testificales presentadas por la Fiscalía y aseguró que el testimonio de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía fue «contradictorio» y que sus declaraciones tenían como objetivo final buscar una condena, con independencia de la verdad de los hechos. Dentro de esta argumentación consideró «endeble» la prueba testifical de la acusación.
El letrado pidió la libre absolución de sus patrocinados al considerar que no participaron en los hechos que se les imputan.
Frente a los testimonios de los policías, que aseguraron que Carnero participó en la colocación de explosivos y Morala tuvo el papel de inductor de los destrozos, se contrapusieron las declaraciones de José Enrique Navarro, jefe de taller de Naval Gijón, y del por entonces presidente del comité de empresa del astillero, Pablo Piñera, quienes aseguraron que los dos sindicalistas no participaron en la acción que se les acusa.
Tras el examen de las pruebas testificales y periciales, el magistrado, Lino Rubio Mayo, pronunció el «visto para sentencia». La resolución se dará a conocer en los próximos quince días, según estimación de la defensa.
Montaje político
«Este proceso es un montaje político que tiene como único fin cerrar Naval Gijón, el Tallerón y Juliana para hacer pisos de lujo». Con estas palabras se dirigió Morala a los congregados ante los Juzgados al finalizar el juicio. El sindicalista acusó a la Policía de estar del lado de los empresarios, a quienes, según el sindicalista, «no detienen cuando echan gente a la calle o cierran sus negocios». «La Policía sabe que no fuimos, como lo saben todos los trabajadores del astillero», concluyó.
El Sindicato Unificado de Policía salió ayer al paso de estas manifestaciones y pidió «respeto» y «consideración» para su colectivo. A través de un comunicado, asegura que existe una «gran impunidad» de estos sindicatos en sus movilizaciones, que culminan con «graves daños y lesiones», evidenciándose un «doble rasero» en el trato con respecto a otros colectivos de trabajadores.
Carnero agradeció las muestras de ánimo y señaló que espera contar con los mismos apoyos en el próximo juicio, el 12 de febrero, por otros disturbios callejeros.
