Discutíamos hace unos días en la reunión vespertina de la redacción de El Confidencial a propósito del nada edificante y casi diario espectáculo que ofrece la Justicia española en sus tratos con el poderoso, ya saben, los grandes apellidos ligados a grandes fortunas, acostumbrados a manejar legiones de carísimos abogados y a tener bien cogida a la clase política por el ronzal de las prebendas, y en esto que Carlos Sánchez, que además de un gran periodista es un tipo ejemplar, quiso aliviar la desazón de algunos asegurando que todo se debía a las características de un sistema judicial como el español, “excesivamente garantista, tanto que todo aquel que pueda permitirse un buen abogado acaba dando esquinazo al banquillo”.

La explicación no convenció a la mayoría, porque, de ser cierta la tesis, la habilidad de los letrados en el manejo de los vericuetos legales haría innecesario el más claro de los síntomas que definen la enfermedad de nuestra Justicia: su utilización política por parte de quienes tienen agarraderas. Los últimos en dar la vuelta al ruedo, tras cortar orejas y rabo a las puertas de la Audiencia Nacional, han sido los hermanos Benjumea, Felipe y Javier, miembros de la aristocracia sevillana propietaria del Grupo Abengoa, que se han ido de rositas de un posible delito de administración desleal y falseamiento de cuentas, por el cual Anticorrupción había solicitado tres años de prisión.

El asunto está relacionado con el caso Xfera, ya saben, una de las licencias de telefonía móvil de tercera generación que el Gobierno Aznar adjudicó a un consorcio liderado por Florentino Pérez, uno de los listos oficiales del Régimen, dispuesto a repetir con Xfera el milagro de los panes y los peces que fue Airtel en su día, se acuerdan ¿no?, con plusvalías del orden de 400.000 millones de pesetas para la familia Entrecanales, y otras cifras igualmente asombrosas para gente como Abelló, March, etc.

Pero sea que Xfera llegó tarde a la mesa del Señor, sea que el gran Florentino, que una vez más ha puesto de relieve sus credenciales como excelso gestor al frente del Real Madrid, no sacó a relucir sus habilidades, el caso es que el invento se tornó en fiasco, no terminó de arrancar, con las consecuencias que son de prever para quienes, siguiendo fervorosamente la senda marcada por los Entrecas, pensaban forrarse con el negocio. Entre ellos, claro está, los rumbosos Benjumea.

Pero ya se sabe que quien anda tarde, ni oye misa ni come carne, o eso dicen en mi pueblo palentino. El gozo de los hermanos en un pozo. Y ¿qué hicieron entonces tamañas lumbreras? Pues traspasar a Abengoa, una sociedad cotizada en Bolsa, el muy devaluado paquete de Xfera que habían adquirido a través de una sociedad familiar. Por decirlo por derecho: endosar las pérdidas sufridas en Xfera a los accionistas de Abengoa. A esto se reduce, en esencia, la operación, bastante más compleja en la letra pequeña, como ayer contaba con detalle Carlos Hernanz en este diario (ver noticia).

La Audiencia Nacional, atendiendo los argumentos de la defensa, decidió el lunes el archivo de la causa, por entender que la Fiscalía Anticorrupción no puede ser la única parte acusadora, es decir, que debe mediar denuncia de algún agraviado, mayormente algún accionista minoritario o inversor, para la formulación de esos delitos. Explicación que provoca cierta perplejidad si se confronta con lo que dice el artículo 296.2 del Código Penal, según el cual no hace falta denuncia de persona agraviada cuando los afectados son los intereses generales o los de una pluralidad de personas, condición aplicable, o a mi me lo parece, a los accionistas de Abengoa, en tanto que personas y plurales.

Curioso o no tanto: si en el caso de los Benjumea no ha sido suficiente la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción para sentar a los dueños de Abengoa en el banquillo, en el caso reciente de las cesiones de crédito, el argumento falaz utilizado por los jueces para poner a Botín en su casa fue la ausencia de legitimación de la acusación popular para instar la apertura de juicio oral contra el banquero. Archivo de la causa al canto. Pero lo que en realidad hizo el miércoles 21 de diciembre el tribunal presidido por el juez Gómez Bermúdez, fue acabar de un plumazo con la acusación popular, un derecho expresamente reconocido por la Constitución Española en su artículo 125, haciendo tabla rasa con la copiosa jurisprudencia del Tribunal Supremo existente al efecto.

Y naturalmente ahora se nos viene encima lo de los Albertos, a punto de saltar al ruedo del escándalo público. La justicia del poderoso. Bien mirado, no les falta razón a los primos cuando intentan evitar a toda costa su ingreso en prisión en cumplimiento de la condena que les fue impuesta por el Supremo. Si en la España de la corrupción institucionalizada las cosas de la Justicia caminan por la senda del dinero y los padrinos, también a ellos les asiste el derecho para intentar dar esquinazo a la cárcel, exactamente con las mismas armas, los mismos argumentos que Polanco en Sogecable, Botín en las cesiones de crédito, los Benjumea en Xfera y lo que te rondaré, morena. Todo se reduce a dinero e influencias suficientes para torcer el frágil pulso de doña Justicia. Por duro y desasosegante que pueda resultar, no hay más remedio que aceptar que en España los grandes señores de guante blanco quedan inmunes e impunes. Esta es la calidad de la democracia que tenemos.