Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala son dos tribunos de la plebe -utilizando un símil histórico de nuestro contertulio Eratóstenes-, perseguidos por el poder político, por su carácter incorruptible y por su dedicación al sindicalismo obrero.
Mi opinión es que este caso no se está explicando a la sociedad asturiana, en su verdadera dimensión, y su conocimiento profundo queda reducido a un círculo compuesto por los lectores de El Comentario TV y los seguidores de la Corriente Sindical de Izquierdas, una mezcla de públicos que dista mucho de representar a una mayoría de la sociedad, que está deliberadamente desinformada por unos medios de comunicación que ni son ni pueden ser neutrales, dado que tienen demasiadas servidumbres en un caso como éste, en el que hay demasiado dinero en juego.
Si la ciudadanía asturiana supiese en qué consiste realmente el problema, estallaría de indignación, pero realmente no lo conoce.
Si la gente supiese, por ejemplo, que el solar mayor y más caro de la historia urbanística de Asturias -el de Izar-Juliana-, se ha privatizado hace cuatro días por el Gobierno, a precio simbólico, junto con otros cuatro impresionantes solares de Bilbao, Valencia, Sevilla y Cádiz, con las deudas de la compañía enjugadas con dinero público, y que los políticos que gobiernan en Gijón y en Asturias, ya están preparando su cierre con una campaña de opinión en el periódico gijonés, comprenderían mucho mejor lo que está ocurriendo en realidad.
Comprenderían por ejemplo que no es que se esté haciendo una gestión urbanística para adecentar una costa, sino que con ese pretexto se están generando unas astronómicas plusvalías para algún gran grupo de capital, de dimensión nacional, que sin duda está detrás de la empresa Vulcano, que a su vez tiene unos astilleros en Vigo que ya están preparados para su urbanización en la ciudad gallega con el visto bueno de aquel ayuntamiento.
Para que todo esto se entendiese sería necesario demostrar cuánto dinero ganaron algunas empresas vinculadas a la política, con las primeras operaciones que se desarrollaron en Poniente, como es el caso de la empresa Progea, que tiene la ventaja, frente a otras que también se lucraron, de que en su caso podemos establecer perfectamente la pista que nos lleva hasta Izquierda Unida, por el hecho de que al frente de ella estaba trabajando hasta hace un mes, en la más absoluta impunidad, el responsable económico de esa coalición en la ciudad: José Antonio Hevia Braña.
Publicar el coste en el mercado del solar de Izar una vez recalificado, junto con un análisis razonable de los beneficios que obtuvo Progea por sus dos edificios colindantes con Naval Gijón, para encontrar así, por pura analogía, la cantidad que se obtendría de la puesta en el mercado de las viviedas de lujo que se podrían sacar a la venta en la franja edificable de Naval Gijón, el tallerón de Duro Felguera e Izar, nos da una idea aproximada de las poderosísimas razones que han conducido a Carnero y a Morala al banquillo de los acusados.
Ahí es donde conviene añadir que es el aparato del Estado, y no los meros agentes de ese aparato, lo que procesa a Carnero y a Morala. Creo que es un error cargar esa responsabilidad en el haber de los funcionarios de la policía, puesto que con ello no se hace otra cosa que matar al mensajero, y eso siempre es un error.
Detrás de la Fiscalía, de la Administración, está el Gobierno, y el Gobierno es el que entrega Izar al mercado en condiciones más que sospechosas (el mero cálculo al que me refería impresiona al más pintado), a la vez que impulsa el procesamiento de estos dos ciudadanos.
Morala tiene razón cuando dice que intentan meterle a él y a Carnero en la cárcel, por oponerse al negocio que se pretende hacer con este solar. No la tiene, cuando culpa de ello a la policía.
Es como si culpamos al recaudador del ayuntamiento por ejecutarnos un embargo de una exacción injustamente decidida por el gobierno.
Ese error, a mi juicio, hace más difícil de entender su justa causa.
Entiendo que de informarse a la ciudadanía en masa, de todos estos extremos a los que me refiero, a gran escala, con unas hojas en las que se explique el caso con sus implicaciones, en una redacción sucinta y clara, la marea de solidaridad convertiría la exoneración de estos sindicalistas de sus cargos, en una reivindicación compartida por una gran masa de ciudadanos, que en estos momentos son víctimas de la propaganda, y creen que sí, que son dos buenas personas que luchan por los demás, pero un poco violentos. ¡Qué se pasaron, vamos, y que por eso se les procesa!
Habría que conseguir que los ciudadanos vean a Carnero y a Morala, como lo que realmente son: dos víctimas de un régimen corrupto de partidos políticos que expolian el bien común mediante procedimientos turbios, para el lucro particular, utilizando de manera perversa los instrumentos de la administración, mediante la compra de voluntades y silencios con el reparto ilegítimo de parte de los bienes públicos expoliados, entre los cooperadores necesarios de este gran delito contra el interés general.
Creo que todas estas cosas se pueden probar, y que para ello habría que buscar el mayor consenso y entendimiento entre todas las personas de bien, independientemente de sus ideologías.

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