Cultura pública e iniciativa privada, de Xavier Marcé en El Mundo de Cataluña
PRISMA
Los escenarios en los que debe moverse una política cultural moderna son de una gran complejidad. Afectan al desarrollo de estructuras estables de formación artística, a la construcción de infraestructuras que produzcan y difundan bienes culturales ejemplificadores, a la conservación y divulgación del patrimonio, entre muchas otras cuestiones básicas.
Lo que las justifica en última instancia es asegurar que la relación entre la capacidad creativa de los artistas, productores y agentes culturales establezca una relación de eficacia social con los ciudadanos, para que, al final, el conjunto de los activos que surgen del universo cultural de un país se convierta en un factor objetivo de progreso para la sociedad que en ella se desarrolla.
Ese conglomerado de sinergias surge de las iniciativas públicas y privadas, hasta el punto de que uno de los elementos que explican el modelo cultural europeo es la complicidad entre las dinámicas políticas y las iniciativas sociales. Ese factor diferencial que surge del espíritu de la mítica ley francesa de asociaciones de 1901, supone que la legitimidad de un proyecto cultural no depende de quien posee su titularidad sino de la función social que desarrolla. Conviene retener esa idea, porque sin ella la evolución cultural europea no sería la misma y probablemente el modelo americano, con independencia de sus virtudes, se habría impuesto sin oposición.
En Cataluña la aportación de la sociedad civil a nuestra realidad cultural es notable, pero entre sus múltiples manifestaciones cabe diferenciar dos realidades de naturaleza distinta. Aquellas que, con independencia de su importancia y trascendencia, pertenecen al mundo asociativo privado, y aquellas que realizan una suplencia objetiva y hegemónica de políticas públicas inexistentes.
Algunas de esas realidades, surgidas del impulso de un liderato individual o de la tozudez, a veces visionaria, de un entorno social concreto, han avanzado hasta llegar a ejercer el papel predominante que se le supone a las instituciones públicas. Afortunadamente todas ellas tienen una razonable complicidad pública que se manifiesta en convenios plurianuales o significativas ayudas económicas.
El Taller de Músics, l'Escac, la Fundació Romea, la sala Becket, la OSV, entre otras realidades nos ayudan a explicar la vida cultural del país y cubren con su actividad un catálogo de servicios inexcusable en una sociedad culturalmente moderna y efectivamente dotada. Sin embargo, el futuro de estas propuestas no está asegurado definitivamente, tanto en su conceptualización jurídica como en su evolución económica.
Convendría definir un entorno legal que conceptualizara esas realidades en la medida que aseguran la solvencia cultural del país, creando estructuras jurídicas mixtas que facilitaran el mantenimiento de su carácter social eliminando las incertidumbres sobre su futuro. No deberíamos tener dudas sobre esas instituciones privadas porque han sido y son esenciales para mantener nuestra competencia cultural y porque han demostrado de sobras que no las mueve el negocio ni el ocio.
A veces el Gobierno es reacio a desarrollar marcos jurídicos mixtos. El problema es hacerlo indiscriminadamente, pero cuando ayudan a prestar servicios bajo criterios de mayor eficacia y complicidad social ese miedo debería desaparecer. Ese es el objetivo final de los que defendemos la independencia de la cultura respecto de la política.
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