Hace exactamente tres décadas, en la semana trágica de la transición española, acababa de llegar a Madrid para estudiar en la Universidad, arrastrando una pesada maleta y toda la ingenuidad de los 17 años. Andaba por la calle cuando un guerrillero de Cristo Rey asesinó de un disparo, a sangre fría y por la espalda, a un estudiante llamado Arturo Ruiz. Al día siguiente, el lunes 24 de enero de 1977, los Grapo secuestraron al teniente general Emilio Villaescusa, que más tarde sería liberado, y horas después la Policía provocaba la muerte de Mari Luz Nájera, estudiante de Sociología, al dispararle a quemarropa un bote de humo. Esa noche tres pistoleros de extrema derecha irrumpieron en un despacho de abogados laboralistas del PCE, que aún no estaba legalizado, y asesinaron a cuatro de ellos (Javier Sauquillo, Javier Benavides, Serafín Holgado y Enrique Valdevira) y a un empleado, Ángel Rodríguez. Otras cuatro personas resultaron gravemente heridas.

El entierro, dos días después, con una inmensa marea humana silenciosa inundando puño en alto las calles de Madrid, es una escena imborrable para quienes la presenciaron y aún emociona en las imágenes de «Siete días de enero», la película que dirigió Juan Antonio Bardem, con la colaboración de Gregorio Morán en el guión. Yo no fui, paralizado por el miedo. No hay nada de lo que me arrepienta tanto.

Al año siguiente, en el País Vasco, donde pasé un verano trabajando en un periódico, el temor había dado paso a la audacia y ya tenía la experiencia, en manifestaciones, saltos y carreras delante de la Policía, que se le supone a cualquier universitario de la época. Cuando la Policía irrumpió en la plaza de toros de Pamplona en los sanfermines de 1978, el 8 de julio, estaba fuera esperando la salida de las peñas y de los 20.000 espectadores que llenaban el coso, pero no oí tracas, sino disparos de metralleta, y lo que vi fue el inicio de una batalla campal que se prolongó hasta la madrugada. La intervención policial, para retirar una pancarta que ponía «Amnistía total, presoak kalera, San Fermín sin presos», se saldó con la muerte del joven Germán Rodríguez, un parte de guerra con decenas de heridos y un reguero de odio que aún no ha secado del todo. Pasé la noche huyendo de las cargas policiales en calles asfixiantes inundadas de humo, me escondí en un banco medio en llamas en el que todo parecía arrasado, menos el dinero sin duda, y sólo pude dormir un rato en un sombrío portal. Por la mañana, la ciudad destrozada, con hileras de coches calcinados, era la viva estampa de la desolación. Aquella tragedia contribuiría ostensiblemente a relanzar a la izquierda aberzale, entonces bajo las siglas de Herri Batasuna.

Dormía plácidamente al día siguiente en San Sebastián, aprovechando la huelga general en protesta por los sanfermines sangrientos, que se suspendieron por vez primera desde la guerra civil, cuando me sumé a un orfeón de manifestantes que entonaban el «Euzko Gudariak». Aquellas protestas culminaron el 11 de julio con la muerte del joven Joseba Barandiarán, por una bala disparada por la Policía para dispersar a los manifestantes que se encontraban en la donostiarra cuesta de Aldapeta.

Dos días después, la Policía, con una compañía de la reserva de Miranda de Ebro, irrumpió sin motivo alguno en Rentería golpeando a los viandantes, robando en tiendas y haciendo sus necesidades en los portales. Una foto de un chaval que hacía prácticas, como yo en un periódico donostiarra, en la que se veía a unos agentes extrayendo unos relojes del escaparate forzado de una joyería, salió en la portada del «New York Times». Explicando los hechos en el Congreso, el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, dijo ser «consciente del tremendo error, la enorme torpeza, más grave que la indisciplina, de Rentería». Desde entonces, tras graves episodios de guerrilla urbana protagonizados por jóvenes batasunos, Rentería tiene fama de ser uno de los lugares más violentos de Europa.

En total, desde la muerte de Franco hasta la victoria electoral del PSOE en 1982, hubo casi 500 muertos en atentados terroristas, de distinto signo, la mayoría de ETA, y 76 por la actuación de las fuerzas de seguridad.

La transición política no fue tan modélica y tan pacífica como se nos cuenta, sino simplemente inevitable. La guerra civil acabó con la mejor generación de la historia de España, condenó a la muerte o al exilio a decenas de miles de sus hijos y dio paso a una larga posguerra dominada por el miedo, primero, y más tarde por el conformismo. El dictador murió en la cama, no por un levantamiento popular, y la propuesta de la débil oposición a favor de la ruptura no tenía opción alguna ante un pueblo timorato y despolitizado, que fue franquista por pasividad. Aquella «Libertad sin ira» de «Jarcha», la canción más emblemática de la transición, lo expresaba con claridad:

«Dicen los viejos que este país necesita / palo largo y mano dura / para evitar lo peor / pero yo sólo he visto gente muy obediente / hasta en la cama».

La transición política española fue una operación por las alturas, tutelada por lo que entonces llamábamos «poderes fácticos», para evitar sobre todo referirse a un Ejército declaradamente franquista, y por los Estados Unidos. El pueblo fue comparsa, por mucho que se alabe su serenidad, que no era más que una mezcla de la tradicional sumisión española ante el Estado y el pánico a los demonios de la guerra civil nunca olvidada, porque aún hoy no se puede hablar de reconciliación nacional, aunque el PCE ya la reclamaba en los años sesenta.

Del Rey se alaba mucho su papel en el proceso, pero no tenía otro que apostar por la democracia parlamentaria si quería asegurar la restauración monárquica. Y conspirar con los golpistas del 23-F de 1981, como hizo en Grecia su cuñado Constantino, le hubiera deparado el mismo destino, otra lección histórica que sin duda no desconocían Juan Carlos I y sus asesores.

Por lo demás, la transición sirvió para devolver a España las libertades formales, para afianzar el bipartidismo mediante una ley electoral antidemocrática y para que los escasos compañeros de clase despolitizados de entonces, los que no se metían en líos ni pasaban los apuntes, fueran luego encumbrados a altas misiones con elevados puestos y emolumentos. Vale, muy bien, no soy tan cándido como entonces, pero que no me vengan ellos o sus medios aludiendo a «luchadores por la libertad y la democracia», porque los que se hicieron merecedores a ese título no salen generalmente en los periódicos.

Franco murió diciendo que dejaba todo «atado y bien atado» y en algunas cuestiones no se equivocó. Sus colaboradores quedaron impunes y se incorporaron sin problemas al nuevo sistema. Los odiados comunistas, los únicos que mantuvieron una oposición seria y organizada a su régimen, fueron borrados del mapa electoral desde junio de 1977, en la primera cita con las urnas desde 1936. Buena parte de aquella gran mayoría silenciosa, que permitió sus 40 años de férrea dictadura, es desde entonces fiel electorado socialista y sus modos autoritarios parecen algo más que un fantasma en la vida pública española.

Ejemplar fue la revolución portuguesa de los claveles, que derribó al otro fascismo ibérico del siglo XX con un levantamiento festivo y popular incruento, liderado por un Ejército democrático. Pero no creo que lo reconozcamos nunca. Somos tan soberbios y altaneros con los vecinos como indulgentes con nuestra historia reciente.