El pasado 1 de enero Bulgaria y Rumanía ingresaron en la UE y Eslovenia pasó a formar parte de la zona euro, cinco años después de la puesta en circulación de la moneda europea. La entrada de Bulgaria y Rumanía amplía la UE a 27 países, mientras que con Eslovenia la eurozona pasa a 13 países. Esta ampliación ha provocado que las diferencias en la producción (PIB) por habitante entre los países miembros hayan aumentado. Así, si se considera que el PIB por habitante de la UE-27 expresado en paridad de poder de compra -la producción por habitante una vez corregida por el nivel de precios de cada país- correspondiente al 2005 es igual a 100, Bulgaria se sitúa en 34 y Rumania en 35; es decir, alrededor de una tercera parte de la riqueza creada por toda la Unión. Las diferencias son incluso más abismales cuando se comparan estos dos países con la UE-15, puesto que en este caso su PIB por habitante es un 70% inferior a la media. Por otra parte, estos dos países son en la actualidad los más pobres de la UE-27, aunque a corta distancia se sitúan Letonia, Polonia, Lituania y Eslovaquia.

En este contexto de ampliación de la UE, al pasar primero de 15 a 25 integrantes y posteriormente a 27, el PIB por habitante de España expresado en paridad de poder de compra alcanza un valor de 102 cuando se considera la UE-27 igual a 100, aunque sigue situándose un 2% por debajo de la UE-25 y es un 9% inferior al de la UE-15. Por tanto, la incorporación a la UE de nuevos países con un nivel de producción per cápita relativamente reducido ha permitido a España situarse por encima de la producción por habitante de la UE, aunque siga lejos de países como Alemania, Bélgica, Dinamarca, Irlanda o Reino Unido.

Más allá de estas cifras, lo que debe preocuparnos es que en los últimos años España ha sido uno de los principales beneficiarios de los flujos presupuestarios de la UE y esta situación cambiará en los próximos años. Sin duda, la economía española se ha beneficiado de las ayudas estructurales y de cohesión que, de manera sustantiva, viene recibiendo desde 1989. En este sentido, según las estimaciones de los profesores Sosvilla-Rivero y Herce, en el periodo 1989-2006 la aportación de las ayudas europeas ha significado una media anual del 1% del PIB español, lo que ha permitido generar un gran número de puestos de trabajo y acentuar el crecimiento de la renta por habitante, lo que ha posibilitado a España aproximarse a la media de los estados más desarrollados de la Unión.

Como consecuencia de las sucesivas ampliaciones de la UE, sin embargo, está previsto en el periodo 2007-2013 una reducción significativa de los fondos estructurales que recibirá España, circunstancia que se puede agravar a partir del año 2014. En cuanto a Catalunya, la pérdida de fondos estructurales podría situarse en unos 800 millones de euros, aunque éste no es el principal problema que deberá afrontar la economía catalana. Es posible que, para compensar a otras comunidades autónomas españolas que perderán más recursos que Catalunya, el Estado aumente considerablemente en el futuro las inversiones en infraestructuras en las regiones más perjudicadas por la pérdida de ayudas europeas, incrementando de modo considerable el Fondo de Compensación Interterritorial, en detrimento de comunidades que, como Catalunya, tienen un nivel de riqueza superior y mayores necesidades de inversión en infraestructuras para evitar un debilitamiento de su tejido productivo.