La polémica de los pisos vacíos y por qué el Estado no está para hacer de niñera de nadie, de Jesús Cacho en El Confidencial
No sé si habrá llegado a su conocimiento la epopeya personal que el ciudadano Carlos Veiret, propietario de una vivienda en el número 72 de la calle Urgell de Barcelona, está viviendo desde hace meses. Resulta que Veiret está realquilado, a la fuerza ahorcan, en casa de un amigo, porque su piso está ocupado por cuatro chilenos que, aseguran, lo alquilaron a un estafador. Veiret, que el lunes interpuso una nueva denuncia, ha explicado por tierra, mar y aire la sensación de impotencia que le embarga y le amarga la vida tras haber denunciado el caso ante los Mossos d'Esquadra, que el pasado 4 de enero identificaron e imputaron a los cuatro mangantes por un delito de ocupación ilegal, pero que no pueden ser desalojados hasta que lo diga un juez.
El caso de Veiret es ilustrativo del embrollo montado con las viviendas desocupadas y la decisión de algunas administraciones, de momento la catalana y la vasca, de meter mano a los propietarios con medidas disciplinarias de diverso tipo, que van desde obligar a alquilar todo piso que lleve vacío más de dos años, a la imposición de un canon de 9 euros por mes a las viviendas desocupadas. Agárrense, que viene curva. De acuerdo con la futura Ley del Derecho a la Vivienda catalana, todo propietario que mantenga desocupado un piso durante más de dos años, será llamado al orden y reconvenido para que lo ponga en alquiler. Y en caso de que al aludido se le ocurriera invocar el sagrado derecho de propiedad, costumbre decadente donde las haya, le sería “expropiado” durante un periodo máximo de seis años para alquilarlo a necesitados.
Ya sé que eso no es legal, puesto que nuestra Constitución –como prácticamente todas las Constituciones del mundo libre, desde la desaparición de la Unión Soviética- así lo establece taxativamente, pero esas son minucias que a los miembros del Tripartito no parecen importarles mucho. Y bien, dejemos de lado las cuestiones legales, abandonemos los principios, tan picajosos para según qué cosas, y vayámonos a las ventajas de orden práctico que la medida promete. Porque, se me ocurre pensar que para poner en marcha la medida –lo mismo que para gravar con los 9 euros/mes las viviendas vacías, de acuerdo con la genial idea que en el País Vasco ha tenido ese estadista llamado Madrazo- hará falta crear un cuerpo de funcionarios que ríanse ustedes de la suma de las Administraciones central y autonómica.
Con lo cual tendremos resuelto de un plumazo el problema del paro, una sinergia en la que seguramente los promotores de ambas iniciativas no habían pensado. Porque, a ver, ¿cuánta gente, cuántos inspectores, cuántos vigilantes de cuadra, cuántos porteros a la antigua y madrileña usanza hacen falta para fiscalizar si los 6 millones de viviendas desparramadas por la geografía española que dicen que están vacías lo están de verdad y desde cuándo? Una inmensa máquina burocrática, con su correlato de ineficacia y corrupción, se pondrá en marcha para gozo y contento de los nostálgicos de la izquierda marxista, siempre tan decididos defensores del Estado como único y exclusivo empleador.
Y, ¿quién fijará el precio del alquiler, el propietario del inmueble o la Generalitat? ¿Quién se hará cargo de los desperfectos que ocurran en el piso alquilado de grado o por fuerza, el inquilino o la Generalitat? Son algunas de las infinitas preguntas que podrían formularse ante una medida delirante, ejemplo del más puro intervencionismo en pleno siglo XXI. Cualquier ciudadano tiene derecho a comprar un piso para vivir en él, adquirirlo como inversión o para lo que le dé la gana, y nadie tiene legitimidad, tampoco las Administraciones públicas, para exigirle que le dé un destino distinto al deseado. No se pueden violar derechos de una persona para beneficiar a otra. El gobierno Montilla recurre así a un procedimiento propio de regímenes totalitarios, actuando como si fuese el dueño efectivo de las viviendas y causando con ello un daño gravísimo a los principios sobre los que se asienta una sociedad abierta y una economía de mercado.
En contra de lo que cree ese pensamiento débil imperante en muchas capas de nuestra sociedad, el Estado no está para hacer de niñera de nadie. Tampoco de Rey Mago. La obligación del Estado empieza y termina sentando las bases legales para que oferta y demanda puedan desarrollarse en plena libertad. ¿Por qué se alquilan tan pocos pisos en España? Porque el potencial coste de hacerlo es superior a su potencial beneficio. La vigente Ley de Arrendamientos Urbanos permite al arrendatario quedarse cinco años en el inmueble arrendado; limita la subida anual del arrendamiento a la del IPC y, en caso de impago, el plazo medio para hacer efectivo el desahucio oscila entre los 14 y los 18 meses.
Ante este panorama, los propietarios carecen de incentivos para arrendar sus casas y los que se arriesgan a hacerlo demandan rentas y garantías muy altas. Por eso también hay tan pocas promociones de pisos en alquiler en España. El resultado es una oferta escasa y, en consecuencia, cara, cuyos principales damnificados son los individuos y las familias con menores ingresos. De modo que la culpa de que existan tantas viviendas vacías no es de los dueños de pisos, sino de una legislación que no deja operar al mercado con libertad.
