España se encuentra atascada en los tribunales. Los juzgados tienen que dilucidar sobre todos los grandes asuntos que suscitan el debate nacional, mientras que el Gobierno, el poder Ejecutivo, no remonta desde el atentado del 30-D y las Cortes Generales, el Legislativo, continúan de vacaciones hasta la segunda semana de febrero. La masacre del 11-M; el destino del etarra Juan Ignacio De Juana Chaos, en huelga de hambre desde octubre; la entrevista entre el lehendakari vasco, Juan José Ibarretxe, y los líderes de la ilegal Batasuna; las OPAs sobre Endesa; la corrupción urbanística materializada en los juzgados con cruces de denuncias entre PP y PSOE …

Todos los debates de importancia están en los juzgados. Mientras tanto, José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente, sigue empecinado con el Proceso que abrió para el fin de ETA, objetivo sobre el que aparenta haberse jugado su futuro político a una carta. Y sus ministros vagan por La Moncloa porque su gestión no luce, aunque se dediquen a ello o viajen por España y aprueben asuntos de gran calado.

Como ejemplo está la Ley de Dependencia. Hace un tiempo la cuantía de los fondos destinados al llamado cuarto pilar del Estado de Bienestar hubieran suscitado un debate en toda España; en cambio, el lunes se aprobó la creación del Consejo Nacional de la Dependencia, con bronca del PP incluida, y el asunto no pasó de fugaz cometa que voló ante el ojo público. Fue un visto y no visto, cuando los Presupuestos Generales del Estado sólo han destinado para este año 400 millones de euros con el fin de paliar los casos más graves de personas dependientes.

En el PSOE reconocen que el terrorismo es la cruz de su legislatura, y ven normal la preponderancia de la Justicia, ya que es un asunto que está a caballo entre los juzgados y la política. De ahí que fuentes internas entiendan que no se ha producido una judicialización de la política. Asumen que el 30-D y sus consecuencias eclipsan la gestión del Gobierno, pero confían en que se levante la losa de ETA tarde o temprano.

Las mismas fuentes acusan al PP de haber utilizado al ala conservadora del poder Judicial para “aumentar la crispación y atacar al Gobierno”. Como ejemplo explican la resolución del Supremo sobre las Herriko Tabernas de Batasuna, en la que ordenó el registro de esas sedes de la ilegal Batasuna para inventariarlas, cuando aún estaba vigente la tregua etarra. En su visión, el próximo juicio oral del 11-M perjudicará al PP: se trata de un asunto no cerrado del anterior Ejecutivo y la reaparición de este debate provocará una mayor cohesión entre los electores –la mayoría, según el PSOE- que no se han creído las teorías conspirativas.

Por su parte, el PP ha dado por terminada la legislatura y sus portavoces difunden estos días que su líder Mariano Rajoy ha encargado la elaboración del programa de gobierno para las próximas elecciones generales. En realidad, los populares se prepararon para este escenario a la vuelta del verano. Fue entonces cuando pusieron en marcha toda la maquinaria electoral bajo la hipótesis de que Zapatero adelantaría los comicios, algo que ha descartado el presidente.

Tres etarras serán testigos del 11-M

La masacre del 11 de marzo de 2004, y sus incógnitas, regresa con fuerza. La Audiencia Nacional fijó ayer para el próximo 15 de febrero la fecha de inicio de la vista del caso. El tribunal está encabezado por Javier Gómez Bermúdez, de tendencia conservadora. Este magistrado ha sido nombrado otra vez presidente de la Sala de lo Penal después de que fuera revocado del puesto tras un recurso contencioso de su colega Baltasar Garzón, el juez estrella por antonomasia (con permiso de Fernando Grande-Marlaska, que ayer fue nombrado titular del juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional). Ambos aparecen en la fotografía que ilustra el artículo, tomada durante una reciente conferencia de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

Tres años de teorías conspirativas y de dudas sobre la autoría del 11-M, si está o no la banda ETA detrás, desembocaron ayer en una decisión drástica de Gómez Bermúdez que busca zanjar la polémica y aportar seguridad jurídica a los procesados. Se acabaron las negativas a practicar más pruebas: tres etarras serán testigos del juicio, con el fin de dilucidar si la banda está detrás. Y se volverán a hacer los estudios necesarios para determinar los componentes de los explosivos utilizados en los atentados.

Así lo pedían medios de comunicación como El Mundo o Cope, que llevan tres años haciendo preguntas sobre el 11-M, lo que desembocó en una guerra de medios frente a publicaciones como El País o ABC. Entre filtración y filtración de informes, cada una de estas guerras bóricas dilucida además una pugna por el mercado entre grupos de comunicación, lucha que surgió en la década pasada.

Los nacionalistas, en guerra con los jueces

La politización de la Justicia alcanza tales grados que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Fernando Ruiz Piñeiro, ha pedido el amparo del Consejo General del Poder Judicial. Denuncia que sufre una campaña “de acoso y deslegitimación”. La razón: no ha archivado la querella contra Ibarretxe por haberse reunido con Batasuna. La situación es tal que el Parlamento vasco ha pretendido que comparezca ante él Ruiz Piñeiro, y el PNV ha montado una manifestación de apoyo al lehendakari que se celebrará el día 29, la víspera de su declaración judicial.

Las sucesivas reuniones de políticos y sindicatos con Arnaldo Otegi y los suyos desembocaron en el camino de la legalización de hecho de Batasuna, si no fuera porque se cruzó la bomba de Barajas. Y el órgano que declaró ilegal a este partido, el Tribunal Supremo, decidió recientemente archivar una querella contra el PSE por reunirse con este.

Tampoco se ha librado de la tentación judicial las OPAs sobre la eléctrica Endesa. Y eso que se trata de empresas de la Unión Europea, de un mercado único. Al espectáculo del pulso entre el Gobierno de Zapatero y la Comisión, se sumaron los cruces de denuncias en juzgados de Nueva York, Barcelona y Madrid. Año y tres meses de culebrón judicial culminaron ayer con una resolución del Tribunal Supremo que levanta las cautelas de la OPA de Gas Natural sobre Endesa. Ahora es el mercado, y los accionistas, los que deciden.

Mientras tanto, Zapatero reaparece hoy en Madrid ante el foco público con motivo de la inauguración de un ciclo sobre los derechos humanos y la seguridad jurídica en Iberoamérica. El broche final del acto será una charla-coloquio entre el presidente del Gobierno y el juez Garzón.