LA LUCHA ANTITERRORISTA: Las estrategias políticas

El PNV acaba de convocar manifestaciones y concentraciones callejeras contra los jueces porque éstos han acordado citar al lehendakari, Juan José Ibarretxe, para tomarle declaración por reunirse con Arnaldo Otegi. La iniciativa del PNV no es nueva. Supone una repetición de lo que se hizo cuando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco llamó a declarar a Juan María Atutxa por no obedecer la orden del Supremo de disolver al grupo de los parlamentarios de Batasuna. Ahora es el PNV de Imaz el que organiza este choque de poderes y el que pretende presionar a los jueces desde la calle, igual que hizo en su día el PNV de Arzalluz, demostrando que no hay diferencias a la hora de enfrentarse a la justicia cada vez que ésta llama a alguien de la nomenclatura nacionalista. Cuando estalló el caso Atutxa, el PNV calificó al TSJPV de "institución vicaria y dependiente del Gobierno español"; con el caso Ibarretxe, lo acusa de "criminalizar" al lehendakari y el diálogo.

La escena de los seguidores nacionalistas concentrados en las puertas del Palacio de Justicia el día que declare Ibarretxe será una repetición de la que vimos cuando declaró Atutxa. Entonces era Arzalluz quien, paraguas en mano, dirigía el coro de los que, con pretensiones heroicas, cantaban el Himno del soldado vasco mientras el presidente del Parlamento se bajaba del coche oficial protegido por la escolta pública y entraba en la sede judicial. Un revival de aquel espectáculo va a ayudar bien poco a la imagen moderada de Imaz.

El nacionalismo vasco en su conjunto lleva mucho tiempo atacando a los jueces, con gestos y palabras que provocan la deslegitimación social de este poder del Estado que escapa a su control. Más de una vez han tenido los jueces que pedir amparo al Consejo del Poder Judicial por las críticas procedentes de los gobernantes vascos. Es un viejo pulso que se arrastra desde hace años y que conoce altibajos. Pero pocas veces las palabras contra los jueces han estado tan cargadas de descalificaciones, juicios de intenciones y hasta de amenazas veladas. Tachar a los jueces de ultraderechistas, de ser enemigos de la paz, de ser nostálgicos del franquismo o de ser instrumentos del PP, entre otros calificativos, nada tiene que ver con el derecho a la crítica de las decisiones judiciales y a la discrepancia con sus resoluciones. Hasta el sacerdote irlandés Alec Reid, ave de paso en el proceso vasco, se ha permitido acusar a los jueces de provocar interferencias "para destruir el proceso de paz" y de sostener planteamientos que "se remontan a la época de Franco".

El PNV, como el resto del nacionalismo, como cualquier ciudadano, puede discrepar legítimamente de las resoluciones judiciales, cuestionarlas y mostrar su desacuerdo con ellas, pero ese desacuerdo tiene unos límites que no puede sobrepasar, y uno de esos límites está en el respeto y la lealtad institucional que se debe a ese poder del Estado que tiene entre sus funciones la de ser el controlador de la legalidad, incluso de los miembros de los otros poderes, el legislativo y el ejecutivo.

Nadie, ni el lehendakari, puede considerarse al margen, aunque crea que está siendo tratado de modo injusto. Si es así, el propio procedimiento judicial le ofrece los mecanismos suficientes para ejercer su defensa, como ocurrió con Juan María Atutxa. En situaciones como ésta, cabe recordar una afirmación del desaparecido Mario Onaindia: "La democracia no es sólo un procedimiento, sino sobre todo una forma de convivencia basada en unos valores. El principal de todos la isonomía: la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley".