EL LENDAKARI Ibarretxe se lió la manta a la cabeza y se reunió con Arnaldo Otegi y otro dirigente de la ilegal Batasuna. Lo hizo por segunda vez desde el atentado de Barajas. Como dentro de una semana el mismo lendakari va a declarar como imputado por haber mantenido otra entrevista con el mismo Otegi, la lectura inicial es contundente: Ibarretxe desafía a los jueces. O algo peor: como político vasco, se parece a los presos etarras que se sientan en el banquillo y no aceptan la autoridad del tribunal que los va a juzgar. En consecuencia, pasa de la Justicia, la menosprecia y sigue haciendo lo que cree que tiene que hacer, entre el pulso y el menosprecio.

Al margen de las pasiones políticas, se impone alguna reflexión. La mayoría de los ciudadanos seguimos sin entender, por mucho que nos lo expliquen, que el Tribunal Supremo no vea delito en la reunión de Patxi López con el mismo Otegi, y el Tribunal Superior vasco siga viendo indicios de delito en el caso de Ibarretxe. Este tipo de tratos desiguales, aunque sean justificados, quizá estén al fondo de algunos problemas del País Vasco y en esa tendencia a calificar como «políticas» algunas decisiones judiciales. Desde luego, para el PNV resulta facilísimo convocar una manifestación: le basta decir, con eficacia demagógica, que hay una conjura judicial contra su partido.

Al margen de eso, es posible que sea delito que un gobernante le dé tratamiento de legalidad fáctica a un partido ilegal. Es posible. Pero aquí hay una obligación política de analizar el momento en que está el proceso con ETA. Y, para tener todos los datos, hay que hablar con el enemigo. Incluso en las guerras se producen conversaciones entre los generales enfrentados para tratar de encontrar una salida o continuar los combates. Cada día es más dudoso que Otegi sea un personaje con capacidad decisoria; pero es un interlocutor necesario, y creo que Ibarretxe lo llamó para demostrar a los jueces que hablar con él es una de sus obligaciones.

Y, por último, todo este odioso episodio demuestra una vez más cuan difícil es moverse por el territorio del diálogo sin tropezar constantemente con la ley. Cualquier acción, cualquier contacto, cualquier aproximación, puede ser un delito. Y no digamos cualquier cesión. Lo sorprendente, como alguna vez dijo el propio Otegi, es que representantes del Gobierno de la nación se puedan reunir con miembros de ETA -alguno de ellos con orden internacional de busca y captura- y, en cambio, pueda ser delito hablar con sus agentes políticos, que viven en libertad. O los contactos son clandestinos, o te puede esperar un juez a la salida. Son las extrañas cosas que ocurren en el extraño momento que vive este país.