LA APROBACIÓN, después de casi un año de discusión, de la llamada Ley de Dependencia ha levantado una lógica y esperada oleada de expectativas. Mari Carmen, una mujer de 59 años que tiene a su madre con alzhéimer, y sus dos hermanas están felices con la noticia. Piensan que Melchor, Gaspar y Baltasar les han traído los regalos navideños destinados a garantizar un tratamiento integral de las necesidades de su madre, apoyándoles con servicios y prestaciones económicas. Sin embargo, conviene aclarar que la realidad, de momento, será otra.

La nueva legislación introducirá grandes cambios en la forma de gestionar una parte importante de los servicios sociales. Pero no podemos olvidarnos de que son las comunidades autónomas las que tienen reconocidas las competencias y, por ello, la responsabilidad en esta materia. Esta circunstancia ha motivado que la ley únicamente fije las bases de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Aunque este hecho suponga un gran avance en la construcción del nuevo modelo, no es suficiente para que la ley pueda ser aplicada de manera inmediata.

¿De quién dependerá la puesta en práctica de esta nueva norma? Del Consejo Territorial, del Gobierno y de las comunidades autónomas. El gran protagonista será el primero, órgano creado por la ley y en el que las comunidades autónomas dispondrán de la mayoría de los representantes. Entre sus funciones se encuentran aspectos tan fundamentales como fijar las condiciones y cuantías de las prestaciones económicas, los criterios para determinar la intensidad de los servicios o la participación de los beneficiarios en su coste, y el baremo para la valoración de la dependencia, etcétera. En cuanto al Gobierno, no sólo participará en el propio Consejo Territorial, sino que, además, deberá concretar cuestiones tan relevantes como el nivel mínimo de protección garantizado para los beneficiarios del SAAD.

Los objetivos del programa requerirán del establecimiento de convenios entre el Gobierno y las diferentes comunidades. Éstas deberán desarrollar modelos de gestión que respondan adecuadamente a los retos y compromisos planteados. Todo ello considerando además que diputaciones y ayuntamientos disponen, igualmente, de competencias en materia de servicios sociales. La norma prevé que el Consejo Territorial deberá constituirse en el plazo máximo de tres meses desde su entrada en vigor, esto es, antes de marzo. ¿Cuánto tiempo necesitará el Consejo Territorial para sentar las bases del SAAD? La ley establece un plazo máximo de tres meses desde su constitución para alcanzar acuerdos en algunas materias: marco de cooperación interadministrativa, intensidad de protección de los servicios y el baremo para la valoración del grado y nivel de la dependencia.

El proceso será largo. Por eso, es deseable que se mantenga el consenso con el que la ley ha sido aprobada. La ley establece una puesta en práctica gradual, lo que significa que en el 2007 únicamente podrán hacer efectivo el derecho a las prestaciones aquellas personas que hayan sido reconocidas como gran dependiente . El calendario legal se extiende hasta los años 2013 y 2014, período en el que podrán hacer efectivos sus derechos las personas que hayan sido reconocidas como dependientes moderados de nivel 1.

Es necesario aclarar estas cuestiones para evitar que se generen falsas expectativas entre los potenciales beneficiarios y su entorno familiar. En este sentido, es deseable que Gobierno y comunidades autónomas pongan en marcha planes de comunicación que contribuyan a clarificar la situación y faciliten la enorme labor que aún está por hacer.