El nuevo reglamento notarial desata el enfrentamiento con Justicia, de Manuel Llamas en Expansión
La nueva norma notarial que pretende aprobar el Ministerio de Justicia ha levantado las críticas de los registradores de la propiedad y mercantiles. Las relaciones que mantienen estos cuerpos, ambos dependientes del gabinete que dirige Juan Fernando López Aguilar, nunca han sido óptimas.
Sin embargo, el proyecto que regula la organización y régimen de los fedatarios públicos ha originado un enfrentamiento directo entre estos profesionales.
El motivo es la redacción de dos artículos del citado reglamento –143 y 145–, que otorgan presunción de legalidad a la función notarial –algo que también reconoce el Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria–. De este modo, el juicio del notario –un profesional elegido entre las partes– expresado en las escrituras se presumiría veraz, íntegro y conforme a la legalidad frente a terceros, incluidos los registradores.
Según estos últimos, la actual redacción limitaría la función registral e invadiría las competencias de los registradores que, al no ser elegidos por las partes interesadas, son los encargados de controlar la legalidad de los actos y negocios jurídicos celebrados entre particulares. Este cuerpo amenaza con recurrir la actual redacción, en caso de ser aprobada por el Gobierno.
Pero no es el único sector que se ha mostrado en contra. Según ha podido saber este periódico, Justicia intentó enviar el texto al Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes. Sin embargo, el sector de la abogacía, junto a otras entidades, mostraron sus críticas en relación al artículo 64, que atribuía a los notarios funciones de asesoramiento legal a sus clientes, propias de los letrados, en régimen de libre competencia, pudiendo ser retribuidos por ello. La versión no prosperó, pero Justicia lo ha vuelto a intentar esta semana.
El Consejo de Estado ha criticado la celeridad y urgencia de la tramitación. Justicia, a través de la Dirección General de Registros y de Notariado, apoya con firmeza el proyecto, en contra, incluso, de ciertas reticencias mostradas por otros departamentos gubernamentales. Además, el texto podría entrar en colisión con competencias propias de la Generalitat de Cataluña sobre el cuerpo de notarios, reconocidas en el nuevo Estatut, según fuentes consultadas por EXPANSIÓN. Hoy se sabrá si, finalmente, el Consejo de Ministros aprueba o no el documento de la discordia. Los notarios, de momento, evitan pronunciarse.
