Reggio

Joaquín Leguina, socialista, ex presidente de la Comunidad de Madrid, se muestra en este artículo profundamente crítico con los nacionalismos y el Estatuto catalán. El texto es un extracto del prólogo que escribió para el libro «El Estado fragmentado», del que son autores el catedrático y doctor en Derecho Francisco Sosa Wagner y su hijo, Igor Sosa, doctor en Filosofía.

«El camino de la nueva humanidad va hacia la bestialidad pasando por la nacionalidad».

Franz Grillparzer

El proceso en marcha, el de la reforma masiva de los estatutos de autonomía en España o, por mejor decir, su redacción ex novo, ha puesto de manifiesto, entre otras muchas cosas, el divorcio, que amenaza con ser definitivo, entre los actores políticos («la clase política», dirían algunos) y los intelectuales. Un divorcio del que no pueden esperarse sino desgracias.

A este respecto, resulta sorprendente la sordera absoluta y la mudez sobrevenida a los políticos españoles (nacionalistas o sedicentes socialistas) acerca de la multitud de argumentos contrarios y de críticas razonables en contra de ese disparate jurídico-político que ha constituido la elaboración del nuevo Estatuto de Cataluña.

Una nueva generación de políticos ha tomado el relevo a los «agentes de la transición» y lo ha hecho con criterios adánicos, como si la Historia se iniciara precisamente con su llegada al poder, adscribiéndose, también, a la fe del carbonero. Una fe mostrenca que se resume en una frase anunciadora de inmediatos desastres: «Eso lo arreglo yo en dos patadas».

El desprecio por el pensamiento y por la academia, la endogamia política y unos currícula poco presentables, donde brillan por su ausencia las experiencias laborales ajenas a la política, ésas que exigen cotizar a la Seguridad Social por cuenta propia o ajena, forman un entramado que no anuncia, a mi juicio, sino males. Por todo eso y porque los tiempos amenazan no sólo con tensiones, sino con la desaparición del Estado tal como se concibió, mal que bien, durante la transición democrática, son necesarias reflexiones como las que contiene este trabajo (...).

La Constitución española de 1978, aparte de un texto jurídico-político, es también el resultado de un acuerdo entre derecha e izquierda, entre nacionalistas y no nacionalistas, entre laicistas y religiosos, etcétera. Es, pues, un pacto entre distintos y distantes en beneficio de la convivencia. También representa un conjunto de reglas del juego. El pacto constitucional creaba también nacionalidades y regiones con derecho a sus respectivas autonomías políticas. Pero como pacto entre partes diversas, el de la Constitución sólo puede ser sustituido por otro pacto. En cualquier caso, todo cambio en las reglas del juego debe ir precedido de un acuerdo, lo cual suele implicar un toma y daca.

La Constitución representó, por lo tanto, muchas renuncias políticas. Por ejemplo, la izquierda abandonó el maximalismo revolucionario a cambio de que la derecha desmantelara la dictadura. Pero no parece haber ocurrido lo mismo en el campo del nacionalismo, en el de sus aspiraciones de «autodeterminación» e «independencia»... y no estoy pensando ni sólo ni principalmente en los de ETA. De hecho, han sido los nacionalistas los únicos que no han renunciado a sus pretensiones, a sus programas máximos, desde el inicio de la transición hasta hoy. Y no sólo eso, parece que han conseguido infiltrar sus ideas en otros, al menos en Cataluña, como demuestra el amplio apoyo conseguido por el proyecto de nuevo Estatuto el 30 de septiembre de 2005 en el Parlamento catalán. Un texto, aquél, cuyos 227 artículos (223 en el texto definitivo) giraban en torno a tres ejes: a) reducir al mínimo la presencia del Estatuto en Cataluña; b) bilateralidad entre el Estado y la Generalidad y c) preocupación por la presencia «nacional» de Cataluña en el Estado y en el ámbito internacional. Un Estatuto, el aprobado el 30 de septiembre de 2005, desleal hasta las cachas con la Constitución vigente y que se puede resumir en una frase castiza: «Lo mío, mío, y lo tuyo, a pachas».

Todo este embrollo, esta sensación de engaño o de traición que tantos hemos sentido ha sido el resultado de un gran malentendido: aquel que nos hizo pensar que la izquierda catalana era una izquierda homologable con la del resto de España... y estábamos equivocados o engañados, o, con más precisión, autoengañados. Cuando personas tan respetables como la pedagoga Marta Mata recomendaban la inmersión lingüística de los niños castellano-parlantes y lo hacía en contra de todas las recomendaciones de la UNESCO, algo debimos haber sospechado. Y lo mismo ocurría con otros muchos ejemplos en el campo de la cultura, de los cuales era fácil deducir que para una buena parte de la izquierda catalana y catalanista el castellano era una lengua impuesta en Cataluña... por Franco.

Que el sectarismo identitario era fácil de detectar lo muestran unas tempranas declaraciones: en el número de julio y agosto de 1977 -inmediatamente después de las primeras elecciones democráticas y en vísperas del debate constitucional- la revista Taula del Canvi, catalanista de izquierdas, planteaba una pregunta a una serie de intelectuales antifranquistas de indudable valía literaria (Salvador Espriú, Manuel de Pedrolo, Joaquín Molas, Antoni Comas...).

El asunto se las traía desde la propia formulación de la pregunta, que era ésta: ¿a los catalanes (de origen o radicación) que se expresen literariamente en lengua castellana hay que considerarlos como un fenómeno de conjunto que hay que liquidar a medida que Cataluña asuma sus propios órganos de gestión política y cultural? (los subrayados son míos).

Antes de considerar las respuestas, ha de tenerse en cuenta que a ese «fenómeno de conjunto» pertenecían -y pertenecen- los hermanos Juan, José Agustín y Luis Goytisolo, Vázquez Montalbán, Carlos Barral, Juan Marsé, Eduardo Mendoza y un largo etcétera, amigos y compadres de quienes respondían así: Salvador Espriú: «Espero y deseo que sí».

Manuel de Pedrolo: «No hemos de discutir a nadie el derecho a escribir en la lengua que quiera, pero nadie tiene derecho a convertir una lengua forastera en un arma de destrucción de la identidad del pueblo al cual pertenece o en el cual se inserta».

Antoni Comas: «Como hecho colectivo, como fenómeno de conjunto, hay que liquidarlo a medida que Cataluña recupere su autonomía».

Joaquín Molas: «Si las soluciones son las que deberían ser, los que utilizan la lengua castellana tenderían a desaparecer».

Entre tanto ardor guerrero y exterminador destacaba, por extraña, una propuesta razonable: Francesc Vallverdú: «La cultura catalana se puede manifestar y de hecho se manifiesta en diversas lenguas». Tan tempranas y amenazadoras manifestaciones de catalanismo identitario y arrasador deberían haber puesto en guardia, al menos, a dos entes sociales y políticos: 1) a los inmigrantes llegados a Cataluña y, en general, a los castellano-hablantes y a sus representantes políticos y 2) a los partidos de ámbito nacional. Pero todos prefirieron mirar para otro lado, pensando, quizá, que la sangre no llegaría al río, que tales posiciones radicales, como otras muchas de entonces, se atemperarían en el marco constitucional que ya se estaba elaborando.

Si alguien desea comprobar hasta qué punto las reivindicaciones nacionalistas no han hecho sino dispararse hasta cotas que antaño eran inimaginables, le bastaría con leerse el Estatuto de Cataluña de 1932 y compararlo con el aprobado ahora, 74 años después: «Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado español», decía el artículo 1 de aquel Estatuto. Si, por otra parte, se repasan las competencias exclusivas de aquel Estatuto de 1932 con el aprobado en referéndum el 18 de junio de 2006, se llegará fácilmente a la conclusión de que el tiempo, en efecto, no ha pasado en balde. ¿Y qué decir del sistema fiscal y financiero? Y todo ello sin que la fortísima inmigración castellano-hablante que Cataluña tuvo durante por lo menos veinte años (1) haya atemperado esas demandas nacionalistas.

Políticamente estamos ante un proceso iniciado y regido por los distintos partidos (nacionalistas o no) y las correspondientes burocracias, entre las cuales es preciso señalar un nuevo actor: los liderazgos o, si se quiere, las burocracias intrapartidarias nacidas al socaire de la propia descentralización política. En otras palabras: en el seno de los partidos de ámbito nacional han surgido relevantes y actuantes «poderes locales» dispuestos a defender sus intereses presentes y futuros. Poderes que están dispuestos a emular en el plano autonómico cualquier reivindicación competencial o presupuestaria, ilustrando con gran precisión la ley de oro de toda burocracia: reclamar las mayores competencias para ejercerlas con las mínimas exigencias de responsabilidad.

Personas e intereses, «barones o baronías» que, a menudo, determinan con sus votos sindicados el destino de los líderes nacionales, cuya supervivencia política depende de ellos, de esas voluntades en los congresos nacionales de los partidos. Son éstos quienes dirigen y manejan el proceso de emulación, que se puede resumir en una frase que hizo fortuna: «Café para todos».

En efecto, el proceso de «afirmación nacionalista» se une, en paralelo o inmediatamente después, a otro no menos significativo: el de emulación, cuyo paradigma queda bien descrito con la «fórmula Camps» (propuesta por el presidente de la Comunidad Valenciana para el nuevo Estatuto valenciano), consistente en acogerse a todo lo que consiguiera en su Estatuto Cataluña. También el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía lo expresó muy gráficamente cuando le tocó defender la nueva definición de Andalucía («realidad nacional»): «Andalucía no va a ser menos que nadie», eso dijo. El «café para todos», también en el ámbito de las definiciones autonómicas (nación, nacionalidad, región, etcétera), conduce a una carrera, a una emulación más bien ridícula. Por ejemplo, en Asturias se ha hablado a este propósito de «nación originaria» (?).

Estamos, pues, ante un proceso iterativo cuyo impulso es la emulación y donde después de cada ronda de «café para todos» se abre una nueva reivindicación por parte del «hecho diferencial». Un hecho diferencial que nadie quiere definir, pero que para cualquier ciudadano normal está más claro que el agua y puede expresarse así: existe un hecho diferencial en aquellas partes de España donde suelen ganar las elecciones los nacionalistas... y punto.

Resulta obvio que el «hecho diferencial» es incompatible con el «café para todos». O dicho más finamente: si se atiende al «hecho diferencial» se ha de renunciar a cualquier tipo de Estado federal o federalizante, incluido el Estado autonómico tal y como se ha ido construyendo en España a partir de 1978.

Prueba evidente del carácter inestable del proceso actual son las palabras pronunciadas nada más concluir la campaña del Estatuto de Cataluña (junio 2006) por el líder de CiU, Artur Mas: «Éste (del Estatuto) es un paso más, pero queda mucho camino por recorrer en el proceso de autogobierno. Eso sí -añadió-, a partir de ahora podremos hablar a España de tú a tú». Estas declaraciones podrán ser calificadas de muy diversas formas, pero no podrán ser tachadas de ambiguas u oscuras, pues son claras como el agua clara.

Hablemos claro también nosotros: estados federales existen, por ejemplo: los Estados Unidos o Alemania, y, sin entrar en si allí, en los estados norteamericanos o en los Länder alemanes, caben regiones del tamaño de La Rioja, podemos asegurar que entre los Estados Unidos y Alemania, por un lado, y España, por el otro, existe una diferencia sustancial, determinante, que es la siguiente: nadie en los Estados Unidos pretende la independencia de Carolina del Norte, de California o de Florida y lo mismo ocurre con Renania o con Baviera dentro de Alemania. Pero aquí, en España, el nacionalismo vasco, el catalán, el gallego... quieren separarse de España, niegan su existencia como nación (ellos nunca pronuncian la palabra España, sino que hablan del «Estado español») y no pierden ocasión para afirmar no la diferencia, sino su escaso aprecio por el conjunto y por su expresión jurídico-política, es decir, por la Constitución.

Los políticos actuales tienden a pensar como Humpty-Dumpty, el personaje de Alicia en el País de las Maravillas, para quien lo único relevante en el lenguaje es quién tiene el poder, pero se equivocan: la palabra, el razonamiento, la teoría acaban por imponer su ley. Por eso en la historia de la Humanidad, Kant es más importante que Napoleón.

(1) En el área metropolitana de Barcelona el 60 por ciento de sus habitantes es en la actualidad castellano-parlante.