En la primera parte de este trabajo planteaba la cuestión de hasta qué punto es conveniente una intromisión de los poderes públicos en la búsqueda de la felicidad de la gente. Recordemos Un mundo feliz de Huxley (1932) o la distopía alternativa de Orwell, 1984, escrita en 1948.

Desde prismas distintos (el poder es tolerante en la de Huxley y totalitario en la de Orwell), en ambas hay un poder público que abarca todas las facetas de la vida de la gente y suplanta cualquier búsqueda de la felicidad individual. Ambas son respuestas anticipatorias a lo que entonces era un temor razonable por el auge de los totalitarismos.

Hoy estamos en una situación muy distinta. El totalitarismo es una reliquia histórica. El problema se ve ahora más bien en términos de hasta qué punto se pueden disciplinar voluntades excluyentes de felicidad –a nivel individual, microsocial o macrosocial– que entorpecen las condiciones de búsqueda de aquélla por los demás.

Y en ese contexto, el papel del Estado, o el de las organizaciones supranacionales que se enfrentan a los problemas de gobernanza global, se confronta con la necesidad de casar las condiciones que permitan que la medida colectiva de felicidad no sea un juego de suma cero. En última instancia, se trataría de no ir más allá ni quedarse más acá del marco en que los proyectos individuales pueden desarrollarse con estrategias win-win, es decir, que el incremento de la felicidad de uno no merme necesariamente la posibilidad de incrementar la de otro.

¿Cómo determinar entonces cuáles son los bienes públicos que deben proveerse universalmente en cuanto facilitadores necesarios (enablers) de la felicidad y cuáles los que deben dejarse a la voluntad de cada uno de buscarlos? El Estado de Bienestar ha marcado un territorio, en general, pacífico en bienes públicos atribuibles como la educación, la sanidad, las pensiones, e incluso la cobertura básica de otras necesidades vitales, aunque es menos pacífico el grado hasta el cual esa cobertura debe llegar. Del mismo modo existen bienes públicos no atribuibles (la seguridad pública, el cuidado del medio ambiente, la ordenación del territorio) que tampoco se prestan a discusión razonable.

Riesgos políticos y morales

Ir más allá supone adentrarse en un territorio lleno de riesgos. No sólo los obvios de naturaleza económica y fiscal, sino los de carácter político y moral. Pensemos en el tema de la vivienda. No se trata sólo del coste que supone que el Estado asuma el papel de casero subsidiario universal, sino también del incentivo negativo que sobre el conjunto de la sociedad supone una intervención de este corte.

En buena parte de los países desarrollados el proceso de adquisición de una vivienda es una expresión capital del proyecto de vida personal y familiar. La vivienda, por ejemplo, representa en España el 80% de la riqueza total de las familias, es el elemento material sobre el que se asienta fundamentalmente aquel proyecto.

Para la gran mayoría de las familias, la adquisición de la vivienda supone un sacrificio económico con sentido, una decisión que disciplina el ahorro y el consumo, un organizador de la economía doméstica de la mayor importancia. Además, cumple un papel simbólico importante: es un indicador de éxito y de cumplimiento de metas.

Ahora, imaginemos que prevalece el proyecto de convertir en jurídicamente exigible el derecho constitucional a la vivienda digna, que debe, por tanto, ser proporcionada por el Estado a quienes carezcan de ella. Por supuesto, si uno toma el proyecto francés como referencia, su objetivo son en primer término las personas sin hogar y, en segundo término, las que ocupan infraviviendas. Habría, por tanto, razones para pensar que la iniciativa tiene un alcance social limitado y no tiene por qué alterar las bases de comportamiento del conjunto de la sociedad.

Pero es evidente que una vez que el hecho de carecer de hogar habilita el derecho a reclamar uno del Estado, el incentivo para embarcarse en el sacrificio que supone adquirir una vivienda se ve afectado de forma sustancial. ¿Para qué sacrificarse y ahorrar si se puede conseguir gratis lo mismo? Y lo que al principio sería un remedio social extremo tendería a convertirse en una demanda social extensa. Algo de eso empieza a suceder en nuestro país con el llamado movimiento okupa, que la ministra del ramo ha considerado como un fenómeno cultural.

Provisión pública

Esto es sólo un ejemplo de los riesgos que rodean cualquier proyecto de ensanchar el ámbito de la provisión pública de felicidad por la vía del reconocimiento de nuevos derechos sociales de contenido económico. De una forma más general, lo que sucede es que, cuanto mayor es el ámbito sobre el que se proyecta el poder público como erogador de bienes, más estrechas resultan las posibilidades de que el individuo o la familia defina y articule sus propias prioridades, sus metas y sus objetivos de logro (achievement), que son, muy a menudo, la clave más importante de la felicidad.

En cambio, si vamos al otro ejemplo que nos servía de percha para esta reflexión, la propuesta de David Cameron de buscar métricas económicas más cualitativas que el crecimiento para establecer objetivos de gobierno y medir sus resultados resulta más sugerente, aunque tampoco exenta de riesgos.

Desde un punto de vista científico, de las diversas ciencias humanas y sociales que juegan en este campo (la economía, la psicología individual y la psicología social, la sociología), la felicidad continúa, pese a todo, siendo un asunto elusivo. Sus métricas son borrosas. El psicólogo Daniel Kahnemann piensa que la felicidad o lo que llama los “estados hedonísticos” son objetos perfectamente medibles, y que cualquier sujeto puede escalar su grado de felicidad de forma clara.

Pero eso no agota el problema de métrica: una cosa es que cada uno pueda establecer su grado de felicidad, y otra que los elementos que la determinan puedan ser objeto de formalización y operacionalización homogénea. Hay reglas y dimensiones que funcionan, hay relaciones que muestran un aceptable grado de consistencia y robustez, pero queda fuera un territorio bastante inasible, precisamente el que hace que la búsqueda de la felicidad de cada persona siga un trayecto distinto en cada caso.

Así que una métrica consistente del bienestar general sería un asunto sujeto a una cierta manipulabilidad (lo que sería lo de menos: indicadores estadísticos de apariencia más objetiva son también manipulables) y sobre todo a una cierta dificultad de homogeneización: la contribución de un medio ambiente de calidad o de un entorno urbano bello a la felicidad de la gente puede arrojar valores muy variables. Pero, ello no obstante, la idea de enriquecer y abrir a una sensibilidad más cualitativa los objetivos del Gobierno me parece explorar un camino interesante.

La agenda política de la felicidad está abierta. Ahora se trata de rellenarla con un poco de fundamento, desechando las tentaciones de crecimiento del que Octavio Paz denominara como el ogro filantrópico, el Estado, y, tal vez, en cambio abriéndose a la contemplación de cómo sin hacer más puede hacerlo mejor, es decir, dejarnos ser un poco más felices. Porque no hay que olvidar la cautela que ya hace años apuntaran dos influyentes pensadores, John Lennon y Paul McCartney: “La felicidad es una pistola cargada”. Y, en manos del Estado, probablemente más.

José Ignacio Wert. Presidente de Inspire Consultores.