Probablemente esta cuestión centre buena parte del debate de las elecciones de 2007, a pesar de ser una cuestión que reside en mayor grado en el ámbito del Estado, por cuanto corresponde al Gobierno de la Nación poner las propuestas encima de la mesa y discutirlas con las CCAA.

En este sentido, conviene tener en cuenta que el actual modelo de financiación, que fue aprobado por unanimidad, ha venido funcionando razonablemente bien. Implícitamente, el Gobierno nacional se encuentra confortable con el modelo de financiación autonómica, lo que ha llevado a plantear el aplazamiento de su revisión a la próxima legislatura, según se desprende de recientes declaraciones de altos funcionarios de la Administración.

Sin embargo, en el momento actual, existen problemas que están pensionando financieramente el modelo. Entre ellos, la inmigración es posiblemente uno de los elementos nuevos y fundamentales a tener en cuenta en una posible reforma, aunque no debemos olvidar otros para evitar crear situaciones de desigualdad, como los gastos sanitarios con una importante dispersión entre CCAA.

En el caso de que finalmente se abra el debate sobre la modificación del modelo de financiación autonómica en su totalidad (parece que se va a iniciar la negociación de los elementos financieros bilaterales recogidos en el Estatuto de Cataluña) podríamos destacar una serie de principios que deberían ser irrenunciables como fundamento del proceso:

En primer lugar, un aumento de la capacidad normativa de las CCAA. No hay mayor expresión de la autonomía política que la capacidad de los parlamentos autonómicos de decidir sobre la ordenación de sus estrategias de gasto, la definición de los elementos básicos de sus tributos y el nivel de carga fiscal a soportar por sus ciudadanos.

Esta autonomía debe ser utilizada por los gobiernos autonómicos para rebajar la carga tributaria de los ciudadanos y empresas de forma inteligente y sin poner en riesgo excesivo los niveles de recaudación. En consecuencia, no debe aumentar la presión fiscal, es decir, los impuestos que pagan los ciudadanos y si, por alguna circunstancia, se producen deslizamientos al alza, deben aprovecharse para profundizar en los recortes.

Se ha de garantizar la igualdad de todos los españoles con un catálogo básico de prestaciones en educación, sanidad y servicios sociales. En este sentido, para la financiación incondicionada deben tenerse en cuenta la dispersión geográfica, la densidad de población, el envejecimiento de la población, la inmigración, que benefician especialmente a comunidades con mayores requerimientos de solidaridad interterritorial, como complemento al criterio de población.

Conviene salvaguardar un espacio suficiente al Estado para llevar a cabo sus políticas de políticas de redistribución y cohesión territorial. El modelo no debe mermar recursos al Estado hasta el punto de hacerlo inviable (Estado residual). En este sentido, conviene recordar que, hoy en día, el Estado sólo gestiona el 20% del gasto público corriente.

El modelo debe incentivar el dinamismo económico, la buena gestión, la buenas prácticas económicas y la potenciación del sector privado y la sociedad civil y, en ningún caso (máxima beligerancia), penalizar las políticas de austeridad, de control del gasto o la reducción de impuestos.

Las CCAA, en el ejercicio de su autonomía y corresponsabilidad fiscal, han de participar activamente en el logro de los objetivos de estabilidad presupuestaria, que tan buenos resultados macroeconómicos está dando en un proceso de crecimiento económico sin parangón en la historia económica española.

Máxima lealtad y respeto entre todas las Administraciones Públicas: con independencia del color político, “todos estamos en el mismo barco”, por lo que el interés general en el diseño, desarrollo y gestión del modelo financiero del Estado, en sentido amplio, debe prevalecer sobre los intereses partidistas que puedan existir en cada momento tanto en el Estado como en las CCAA. No perdamos de vista que el político se convierte en gestor público cuando recibe el mandato de los ciudadanos y su función es defender los intereses generales por encima de los particulares.

Por último, resulta fundamental la apertura de mecanismos que permitan incardinar la Administración regional y la municipal a través de un reconocimiento y regulación de las competencias efectivas que ejercen los municipios como administración más próxima al ciudadano y a la que primero se dirigen para dar cobertura a sus necesidades sociales primarias.

En este sentido, los municipios han de mejorar su financiación y conviene, a nivel electoral, cerrar un compromiso de mejora de su financiación con recursos procedentes también de las CCAA, a través de una participación en los ingresos de las CCAA. En este sentido, una solución duradera de la financiación local ayudaría a solucionar los actuales problemas de encarecimiento de la vivienda en nuestro país, ya que la financiación municipal pivota en exceso sobre el patrimonio inmobiliario.

Juan José Rubio Guerrero. Catedrático de Hacienda Pública. Comisión para la Reforma de la LGT (2003).