El pacto de las infraestructuras, de Josep Oriol en La Vanguardia
DEBATE
Un pacto nacional. Éste es el compromiso que respecto a las infraestructuras ha asumido el Gobierno de la Generalitat en el acuerdo sellado por los partidos que conforman la Entesa Nacional pel Progrés. El objetivo es la revisión del contenido del plan de infraestructuras del transporte bajo el acuerdo de un gran pacto nacional con el que se busca validar un plan que, en su momento, se aprobó sin el consenso deseable.
El plan de infraestructuras, que dibuja las políticas de transporte de mercancías y personas en Catalunya en los próximos veinte años, tendría que ser más amplio e incluir aspectos tan importantes como las propuestas de modelos de gestión de esas infraestructuras o el desarrollo de planes relacionados con la energía, el agua u otros ámbitos que requieren, para su puesta en marcha, la construcción de infraestructuras relevantes. En cuanto a su gestión, apuntaría la preferencia por unos modelos de participación amplia, basados en la gestión privada o mixta, comprometida con objetivos y criterios de eficiencia y rentabilidad, dejando las connotaciones políticas en un segundo plano.
Respecto al pacto nacional, quisiera hacer algunas consideraciones que, como he podido comprobar, compartimos algunos compañeros del Col · legi d´Enginyers de Camins.
En primer lugar, este pacto ha de ser amplio. En el sentido material, es decir, partiendo de la revisión y no simplemente validación del contenido del plan de infraestructuras, y abarcando todos los ámbitos clave en el desarrollo de las infraestructuras para los próximos veinte años. Amplio, también, en lo que respecta a la participación en el debate, es decir, no sólo es un pacto político, sino que se ha de procurar el aval social y, por tanto, la participación de los principales actores socioeconómicos del país (Cambra de Comerç, patronales, sindicatos, colegios profesionales, expertos de universidades, etcétera). Esto no significa desviar la toma de decisiones estratégicas hacia la sociedad civil, ya que se trata de una responsabilidad y una obligación de los políticos. Sin embargo, es importante la participación activa de la sociedad en el debate y en la búsqueda de soluciones de consenso. Al hablar de infraestructuras en sentido amplio hay que ir más allá de la construcción. Existe un amplio campo de intervención y mejora, que es el de la gestión orientada a optimizar el uso de las infraestructuras actuales, actividad con la que se puede obtener un ahorro considerable en el gasto público.
En segundo lugar, ante la dificultad de alcanzar grandes pactos globales, es razonable avanzar en los ámbitos en los que ya existe un acuerdo mayoritario. Se trataría de promover acuerdos sobre infraestructuras concretas y sobre la base de un pacto que englobe a la mayoría y, en este sentido, la mayoría no tiene por qué ser sólo la de gobierno, ya que, políticamente, caben otros acuerdos que sumen mayorías muy favorables a estos proyectos, que permitirían alcanzar pactos concretos en los puntos coincidentes. El objetivo es claro: es imprescindible dotar de estabilidad el desarrollo a medio y largo plazo de los proyectos. No debemos olvidar que hablamos de grandes infraestructuras, elementos que se incorporan de forma contundente al territorio, con una permanencia y una altísima capacidad de condicionar para bien o para mal, en función de cómo se conceptúen, el desarrollo socioeconómico de un territorio, y con un coste medioambiental considerable, que, como sabemos bien en la práctica de la ingeniería de caminos, debe ser minimizado todo lo que se pueda. Además, estas intervenciones requieren de largos periodos para su diseño, desarrollo y ejecución, que superan en muchos casos el plazo de una legislatura política. La instrumentalización política de las vicisitudes por las que pasan los grandes proyectos de infraestructuras es una gran tentación y, por ello, los acuerdos concretos pueden aportar la estabilidad necesaria. En cuanto a las quejas y denuncias respecto a los proyectos, una vez planificados, sólo deberían admitirse aquellas que se deriven del incumplimiento de los acuerdos. No nos corresponde a los profesionales de la ingeniería de caminos la toma de decisiones sobre qué infraestructuras deben avanzar con mayor celeridad. El colectivo profesional puede tener opiniones muy diversas, todas ellas amparadas en criterios técnicos muy sólidos, pero sin duda todos coincidiremos en la necesidad de que se desarrollen en un marco coyuntural estable.
En tercer lugar, y por último, una vez cerrado el pacto nacional y definidos los objetivos que ha de cubrir una infraestructura por parte de los políticos, deberían adquirir protagonismo los profesionales, especialmente los de la ingeniería de caminos, cuya formación y experiencia los convierte en una referencia en la planificación, diseño y ejecución de la obra civil. La aplicación de su criterio técnico y cualificado permite optimizar los recursos disponibles para el desarrollo de las mejores infraestructuras posibles. No son positivas, por costosas e ineficientes, las sucesivas y no siempre justificadas intervenciones o presiones de las distintas administraciones públicas, que pueden condicionar su correcto desarrollo. En este sentido, un acuerdo político y social amplio también favorecerá este aspecto.
